La administración me exige una fianza o garantía que no puedo satisfacer

¿Tienes razón?

Que la administración le exija una fianza no es en sí ilegal: lo decisivo es si la exigencia está prevista en las bases del proceso y si la forma y monto exigidos se ajustan a la normativa aplicable. Tres factores determinan si la exigencia es cuestionable: la base contractual, la proporcionalidad del monto y la disponibilidad de formas de garantía alternativas.

Primero, verifique las bases. Si las bases del concurso o el pliego establecen la obligación de constituir garantía para la seriedad de la oferta, para la ejecución del contrato o para otro fin, la entidad está facultada a exigirla según las condiciones allí descritas. Si la exigencia aparece por fuera de las bases, pida la fundamentación por escrito.

Segundo, evalúe la proporcionalidad del monto respecto del objeto del contrato. Una fianza desproporcionada que impida la competencia puede ser impugnada con argumentos fundados en los principios de contratación pública y en la razonabilidad. La pregunta es si la cuantía es necesaria para asegurar el cumplimiento y si limita indebidamente la concurrencia.

Tercero, revise las formas admitidas. Muchas normas y bases permiten distintas modalidades: garantía bancaria, póliza de seguro de caución, retención de parte del pago, u otras. Si las bases permiten alternativas que usted pueda ofrecer y la administración rechaza sin motivación razonada, puede alegar trato desigual o bloqueo de la competencia.

Si la exigencia no está en las bases o es desproporcionada, tiene motivos para impugnarla. Si, por el contrario, la base está clara y las formas alternativas se le niegan sin causa, su derecho a recurrir está abonado.

Cómo se soluciona

1. Pida por escrito la disposición legal y la cláusula de las bases que fundamentan la fianza: identifique la norma invocada y la disposición contractual exacta.
2. Documente su imposibilidad real de satisfacer la garantía en la forma solicitada: cartas de bancos, cotizaciones de pólizas de caución, estados financieros que muestren limitaciones. Esto ayuda a negociar alternativas.
3. Proponga una alternativa formal: seguro de caución, aval bancario, retención por fases, o garantía personal si procede y está permitida por las bases. Acompañe la oferta con la documentación probatoria.
4. Si la administración deniega alternativas sin motivación, presente alegaciones formales demandando aplicación de las formas previstas en las bases y la proporcionalidad del requerimiento.
5. Agote el recurso administrativo si la negativa se mantiene. Si la administración insiste en una exigencia arbitraria, valore la impugnación ante la vía contencioso‑administrativa.

Acciones que puede realizar por su cuenta: solicitar la motivación por escrito, recabar cotizaciones y proponer alternativas documentadas. Es recomendable contratar abogado cuando la garantía condiciona la posibilidad de competir por un contrato de gran valor o cuando la administración se niega a admitir modalidades razonables.

Qué puede pasar

1) Negociación y aceptación de alternativa: la administración acepta una forma de garantía que usted sí puede aportar y su oferta sigue siendo evaluada. Esto suele llegar cuando la alternativa demuestra la misma eficacia en términos de cobertura.

2) Resolución administrativa revisada: mediante alegaciones y pruebas la entidad ajusta su posición y admite la alternativa o reduce exigencias. Esto evita litigio y restablece la competencia.

3) Litigio: si se llega a la vía judicial, un tribunal analizará si la exigencia se atiene a las bases, su proporcionalidad y si se vulneró el principio de libre concurrencia. Si pierde, quedará fuera del proceso; si gana, el resultado puede ser la modificación del acto administrativo.

¿Y si gana, cobra? Si la disputa termina con una orden que obliga a la administración a admitir su garantía y a reanudar el proceso, la consecuencia práctica puede ser la admisión de su oferta. Si la sentencia implica indemnización, la ejecución dependerá de la capacidad financiera del ente.

Errores que arruinan el caso

• No pedir por escrito la cláusula o norma que sostiene la exigencia.
• No obtener cotizaciones formales que demuestren la imposibilidad de cumplir.
• Proponer alternativas sin documentación técnica que respalde su eficacia.
• Aceptar verbalmente condiciones con funcionarios sin constancia escrita.
• Desistir sin agotar la revisión administrativa cuando hay claros fundamentos legales.