Me han nombrado administrador concursal y necesito asesoramiento

¿Tienes razón?

Como administrador concursal tiene la facultad y el deber de custodiar, administrar y preservar el patrimonio del concursado. Tres cuestiones determinan su responsabilidad y margen de maniobra: la información que le entreguen (su veracidad y completitud), la transparencia en las decisiones y la adecuación de las medidas adoptadas a la finalidad de preservar el valor de la masa. Si actúa con diligencia, documentando y justificando cada decisión, su posición se fortalece. Si, por el contrario, omite inventarios, permite disposiciones de bienes sin respaldo o favorece a terceros, corre riesgo de responsabilidad personal.

La ley pone al administrador como representante del interés colectivo de los acreedores, no de los dueños. Sus actos deben tener una finalidad clara: conservar, recuperar valor o liquidar ordenadamente. No confunda la gestión ordinaria con decisiones extraordinarias que requieren autorización judicial o la aprobación de la unidad judicial o de la junta de acreedores.

Cómo se soluciona

1. Tome posesión formal y exija la entrega de documentos. Solicite balances, libros contables, contratos, registros de propiedad, extractos bancarios y cualquier soporte electrónico. Registre la entrega con actas y testimonios.

1. Haga inventario y valoración inicial. Identifique bienes muebles e inmuebles, su estado registral y cargas existentes. Si hay bienes en custodia de terceros, intente asegurar su entrega o acuerdo de conservación.

1. Asegure la continuidad básica. Determine qué pagos son imprescindibles para conservar el valor: servicios básicos, almacenaje, seguridad y pago de trabajadores necesarios. Priorice y documente la necesidad de cada desembolso.

1. Llame a los acreedores relevantes. Establezca comunicación formal, informe sobre el estado y abra canales para verificación de créditos. Explique los procedimientos y plazos procesales que rijan el proceso.

1. Prepare un plan de gestión y propuestas. Con base en la información, proponga alternativas: venta ordenada de activos, acuerdos de refinanciación o convenios de pago. Fundamente cada propuesta con cifras y justificativos operativos.

1. Documente todo. Levante actas, acuerde autorizaciones y conserve soportes electrónicos. Su mejor defensa ante impugnaciones es un expediente claro que muestre decisiones razonadas.

Qué puede hacer usted solo y cuándo necesitar ayuda especializada. Usted puede realizar el inventario inicial y abrir comunicaciones, pero necesitará apoyo contable y pericial para valoraciones técnicas, para la auditoría de cuentas y para la elaboración de propuestas complejas. Además, si surge conflicto con acreedores o reclamaciones de responsabilidad, requiera asesoría legal inmediata.

Qué puede pasar

1. Gestión que conduce a un convenio. Si las propuestas son viables y los acreedores las aceptan, se puede aprobar un convenio que reorganice el pago de deudas y permita continuidad.

1. Liquidación ordenada. Si no hay viabilidad, su tarea será maximizar el valor en la venta de activos y procurar una distribución lo más favorable posible para los acreedores.

1. Impugnaciones de su actuación. Acreedores o administradores anteriores pueden impugnar decisiones: por eso la documentación y la motivación de cada medida son esenciales. Si una impugnación prospera, puede quedar afectada su retribución o incluso generarse responsabilidad personal si hay prueba de negligencia o mala fe.

Y si sus decisiones son aprobadas, ¿cobra su retribución? Su pago se establece conforme al procedimiento y tiene carácter de crédito contra la masa; sin embargo, la disponibilidad para pagar dependerá de la liquidez del proceso y de la priorización de pagos.

Errores que arruinan el caso

• No inventariar y valorar bienes desde el primer día.
• Hacer pagos sin justificar la necesidad o sin dejar constancia documental.
• Permitir que terceros dispongan de activos sin acuerdo o autorización judicial.
• No comunicar a los acreedores sobre decisiones relevantes.
• No solicitar asesoría técnica cuando se requiere peritaje o valoración especializada.