Divorcio mutuo acuerdo y liquidación del régimen de gananciales

¿Tienes razón?

Si estáis en régimen de gananciales, la liquidación determina qué parte del patrimonio es común y cómo se reparte. Tres aspectos clave deciden si vuestro reparto será correcto: identificación de bienes y deudas, prueba de titularidad previa a la sociedad de gananciales (para excluir bienes privativos), y valoración. Los bienes a repartir pueden incluir inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, participaciones sociales, derechos de crédito y bienes muebles. También hay que computar las deudas contraídas durante el matrimonio. Las exclusiones comunes son bienes adquiridos antes del matrimonio, herencias personales y donaciones hechas a un cónyuge a título personal, salvo que se hayan mezclado con los bienes comunes. Si habéis mezclado patrimonios (por ejemplo, pagando hipoteca de un inmueble privativo con fondos comunes) necesitáis aclarar la imputación de pagos.

Cómo se soluciona

1. Inventario exhaustivo: haced un listado con la mayor precisión posible. Para cada bien indicad fecha de adquisición, titularidad registral o contractual, y documentación de compraventa o donación. Para cuentas y saldos, aportad extractos bancarios. Para deudas, aportad contratos y balances.
2. Determina la privatividad: para excluir un bien de la masa común necesitáis prueba de que pertenecía a uno de los cónyuges antes del matrimonio o que fue recibido por herencia o donación con carácter personal. Los documentos registrales y las escrituras son esenciales.
3. Valoración: para inmuebles y participaciones es habitual aportar tasaciones o valoraciones. Si hay discrepancias, acordad un perito o fórmula de valoración en el convenio. Si no hay tasación, acordad un valor objetivo y un mecanismo de ajuste posterior.
4. Cálculo de las compensaciones: una vez separado lo privativo y lo ganancial, calculad el saldo resultante. Si optáis por adjudicar bienes en especie (por ejemplo, quedarse con la vivienda), definid compensaciones para equilibrar el reparto (pago, entrega de otros bienes o renuncia a créditos).
5. Inscripción y efectos frente a terceros: cuando la liquidación afecta a bienes registrales (inmuebles, vehículos), acordad quién hará los trámites de adjudicación e inscripción, y quién asumirá gastos e impuestos. Presentad el convenio o las escrituras liquidatorias ante los registros correspondientes.
6. Plantead cláusulas de ajuste: si hay activos cuya valoración puede cambiar (empresas, participaciones), incluíd mecanismos para recalcular o revisar el reparto si se detectan diferencias.

Tareas que puedes hacer solo: recopilar escrituras, extractos, facturas y justificantes de pagos. Cuando necesitas profesional: en presencia de bienes inmobiliarios, empresas, deuda compleja, o desacuerdo sobre valoración, un abogado y un notario o perito son imprescindibles.

Qué puede pasar

1) Se arregla con la adjudicación: lo más frecuente es que, en mutuo acuerdo, una parte se quede con determinados bienes y compense a la otra en efectivo o con otros bienes. Si la documentación está en regla, se formaliza mediante escritura pública y se inscribe en el registro que corresponda.

2) Acuerdo o conciliación: si aparece un tercero reclamando un bien (acreedor, legitimario) o surge discrepancia sobre la prueba de privatividad, suele buscarse una negociación. A veces se acuerda una renuncia parcial o un pago compensatorio para evitar litigio.

3) Juicio: si no hay acuerdo, la vía judicial exigirá la práctica de pruebas: peritajes, extractos bancarios, y testifical. Si se pierde, el reparto que el juez establezca será vinculante y las costas pueden cargarse a la parte que haya actuado de mala fe o sin fundamento. Además, una liquidación judicial puede tardar más y suponer gastos de peritos y procurador.

¿Y si gano, cobro? Si la sentencia fija una adjudicación y la parte contraria no cumple, podrás ejecutar bienes. La eficacia práctica depende de la existencia de patrimonio embargable.

Errores que arruinan el caso

• No hacer inventario detallado: olvidar cuentas, criptomonedas o participaciones suele generar reclamaciones posteriores.
• No probar la privatividad: confiar en una afirmación verbal sobre el origen de un bien es débil.
• No prever gastos e impuestos: el reparto en especie sin asegurar quién paga la plusvalía o los gastos de registro causa conflictos.
• No valorar participaciones o empresas: fijar un reparto sin peritaje para empresas puede dejar una distribución muy desigual.
• Firmar una escritura sin comprobar cargas registrales: las hipotecas o embargos no desaparecen por el convenio y pueden sorprender luego.