Divorcio mutuo acuerdo con bienes en el extranjero

¿Tienes razón?

Si estáis de acuerdo en divorciaros, la existencia de bienes fuera de España no te impide firmar un convenio regulador. Lo que marca la diferencia son cuatro cosas: el lugar donde están los bienes, el régimen económico del matrimonio (gananciales, separación de bienes, sociedad de gananciales con matices forales), la titularidad registral o contractual y la ley que rige esos bienes. Si el bien está a vuestro nombre en un registro extranjero y su normativa permite ejecutar lo que acordéis en España, la solución es más sencilla. Si el bien está a nombre de uno solo o sujeto a una ley foránea que exige medidas propias, puede que necesitéis medidas complementarias en ese país. Por último, la prueba: llevar contratos, escrituras, extractos bancarios y comunicación con notarios o gestores extranjeros clarifica quién tiene qué y evita sorpresas.

Si no tenéis documentación —por ejemplo cuentas cerradas al público o inmuebles sin escritura accesible— la división puede ser posible, pero requerirá actuaciones previas de investigación o, en su día, acuerdos específicos para permitir la ejecución internacional.

Cómo se soluciona

1. Haz un inventario detallado. Localiza escrituras, registros, extractos bancarios, contratos de compraventa, recibos de impuestos y cualquier comunicación con entidades extranjeras. Es imprescindible identificar la jurisdicción (país) y el registro donde constan los bienes.
2. Comprueba la titularidad y cargas. Pide certificaciones registrales o notas simples del país correspondiente y certificados de las cargas o hipotecas. Si hay préstamos o embargos, apunta quién figura como deudor.
3. Decide la fórmula de distribución en el convenio. Escribe exactamente cómo se comparten bienes: quién recibirá la parte, si hay compensaciones en dinero o cesión de otros activos y qué ocurre con las deudas. Si la división incluye compensaciones, especifica el mecanismo de pago y garantías.
4. Asegura la ejecutabilidad. Consulta con un abogado con experiencia en derecho internacional privado para saber si el convenio autonómico o judicial deberá ser homologado o declarado ejecutable en el país donde están los bienes. En algunos casos bastará con una certificación o copia compulsada; en otros hará falta una resolución extranjera o un procedimiento en el país del activo.
5. Formaliza con instrumentos fehacientes. Guarda copias oficiales, traducciones juradas si el documento está en otro idioma y, cuando proceda, autorizaciones notariales para que la otra parte pueda inscribir en el registro extranjero.
6. Registra y notifica. Una vez firmado el convenio y aprobada la demanda de divorcio en España, notifica a entidades relevantes (bancos, registros, notarías) en el extranjero según lo acordado. Exporta y conserva las comunicaciones en soporte que admita certificación.

Qué puedes hacer tú solo: localizar documentos y recopilar extractos, pedir certificados y traducirlos. Para el punto sobre ejecutabilidad y redacción de cláusulas transfronterizas, lo recomendable es contar con abogado que coordine con un profesional en la jurisdicción concreta.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y documentación: lo más frecuente. Si los bienes pueden transferirse por voluntad de las partes (por ejemplo, cuentas conjuntas, acciones o inmuebles sin trabas), muchas veces basta un convenio firmado y las gestiones registrales o bancarias. Esto es rápido y evita costes judiciales.

2) Acuerdo y homologación. Firmáis convenio en España y, si el bien está en un país que exige reconocimiento, el documento se presenta para su homologación o se obtiene una resolución que facilite la inscripción o el cambio de titularidad. A veces aceptar una fórmula de garantía —una cuenta bloqueada, por ejemplo— facilita el acuerdo.

3) Juicio o medidas complementarias en el extranjero. Si el tercero país exige un procedimiento propio para dividir o inscribir, puede ser necesario iniciar actuaciones allí. Si uno de los cónyuges se niega a ejecutar lo pactado, puede que la otra parte necesite una resolución judicial para forzar la inscripción o el pago. Y si ganáis en España pero la otra parte es insolvente en el extranjero, ejecutar la sentencia puede ser difícil y costoso.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable es el primer paso; cobrar depende del patrimonio real y de la posibilidad de ejecución en la jurisdicción donde estén los bienes. Si el activo es embargable y accesible, cobrar es viable; si está protegido por normas locales o ha sido enajenado, la sentencia puede quedarse en un papel sin efectos prácticos.

Errores que arruinan el caso

• No documentar desde el principio: no pedir extractos, escrituras o certificaciones facilita que la otra parte niegue la titularidad o oculte cargas.
• Firmar un reparto genérico sin prever la ejecución en el país del bien. Frases vagas como “se repartirán de acuerdo a la ley” no ayudan.
• No tramitar traducciones juradas y apostillas cuando sean necesarias, lo que provoca demoras y costes adicionales.
• Confiar en promesas verbales o en un intermediario extranjero sin habilitación legal en su país.
• No prever las deudas vinculadas al bien: asumir un inmueble y no cubrir una hipoteca puede dejar a quien acepta en riesgo.