Divorcio mutuo acuerdo entre residentes en distintos países

¿Tienes razón?

Vuestro derecho a divorciarse por mutuo acuerdo no depende del lugar donde viváis, pero la competencia judicial y la ley aplicable sí dependen de criterios de residencia habitual y de acuerdos internacionales. Determinan el procedimiento: un juez español puede tramitar el divorcio si se cumplen las reglas de competencia, pero puede haber ventajas prácticas en usar la jurisdicción donde resida la parte que tenga más interés (por ejemplo, la que busca una solución rápida, o donde estén los hijos). Además, la ley aplicable al régimen económico matrimonial puede ser la ley española o la de otro Estado, según normas de derecho internacional privado y lo pactado en capitulaciones matrimoniales. Si no hay acuerdo sobre la ley aplicable, puede abrirse una discusión sobre la liquidación de bienes.

La prueba de residencia es clave: empadronamientos, facturas, contratos de alquiler, nóminas o certificados administrativos ayudan a demostrar la residencia habitual. Sin pruebas, la competencia puede ponerse en duda. Otra cuestión práctica es la ejecución del convenio: si contiene medidas sobre bienes o hijos situados en otro país, puede necesitar reconocimiento local para ser ejecutable.

Cómo se soluciona

1. Acordad qué jurisdicción elegir. Evaluad ventajas prácticas: cercanía, idioma, facilidad de ejecución de medidas sobre bienes o hijos. Si ambos estáis de acuerdo, presentar la demanda en el mismo país simplifica el proceso.
2. Reunid pruebas de residencia. Solicita certificados de empadronamiento, contratos de alquiler o compraventa, facturas y nóminas que prueben el lugar donde cada uno vive.
3. Redactad un convenio regulador claro. Incluid cláusulas sobre guarda y custodia, pensiones, uso de la vivienda y reparto de bienes, indicando la ley que queréis que regule el régimen económico si hay opción de elección.
4. Comprobad la necesidad de traducciones y legalizaciones. Si la documentación o el convenio están en otro idioma, prepara traducciones juradas y, si se precisa, la legalización o apostilla para su admisión.
5. Presentad la demanda y acompañad las pruebas. Si el procedimiento es en España, el convenio se incorpora a la demanda de divorcio; si se inicia en el extranjero, id siguiendo las reglas locales y tened en cuenta la posible necesidad de reconocimiento en España para ejecutar medidas aquí.
6. Planificad la ejecución transfronteriza. Si el convenio establece medidas que deben aplicarse en otro país, consultad la normativa de reconocimiento y ejecución de resoluciones entre los Estados implicados.

Lo que puedes hacer tú solo: recopilar las pruebas de residencia y proponer un convenio. Necesitarás abogado si hay dudas sobre competencia, ley aplicable, o cuando haya que solicitar reconocimiento en otro país, o si hay menores o bienes complejos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con firma y documentación: si ambos aceptáis el convenio y lo presentáis en la jurisdicción elegida, y no hay bienes o menores en otros Estados con reglas excepcionales, suele resolverse sin mayores problemas.

2) Acuerdo con reconocimiento internacional: el convenio se aprueba en un Estado y luego se tramita su reconocimiento en el otro para ejecutar medidas. Esto suele requerir traducciones, legalizaciones y, en ocasiones, una petición de reconocimiento formal.

3) Litigio sobre competencia o ley aplicable: si las partes no coinciden en la jurisdicción o la ley aplicable, puede abrirse un conflicto que retrase la ruptura y obligue a demostrar la residencia real. En la disputa sobre bienes, puede ser necesario iniciar procedimientos en varios Estados.

Y si ganas, ¿cobras? El cumplimiento de resoluciones a veces depende de la posibilidad de ejecución en cada país. Para cobrar pensiones o dividir bienes localizados en otro Estado puede ser preciso solicitar el reconocimiento o la ejecución allí.

Errores que arruinan el caso

• No probar la residencia habitual con documentos oficiales: los empadronamientos o contratos son esenciales.
• Elegir la jurisdicción sin pensar en dónde están los bienes o los hijos: puede complicar la ejecución.
• No prever las traducciones y legalizaciones necesarias para que el convenio sea admitido en otro país.
• Firmar acuerdos que no contemplen el reconocimiento en el Estado de la otra parte.
• No considerar el régimen económico aplicable: elegir mal la ley puede cambiar la distribución patrimonial.