La depositaria tiene la función de custodia y control: si no recupera activos tras un fraude o fallo, puede ser responsable. Lo que importa es qué obligaciones incumplió, si hubo negligencia en la custodia o en la supervisión y qué seguros o garantías existen. Primer paso: exige por escrito un informe detallado de qué ocurrió y qué medidas de recuperación han intentado.
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La depositaria desempeña funciones específicas: custodia de activos, control de la liquidez y verificación de operaciones. Si tras un fraude o un incidente la depositaria no logra recuperar activos, tu posición depende de si incumplió sus obligaciones de vigilancia, si hubo negligencia en la custodia o si actuó conforme a lo previsto contractualmente y a la normativa. Dos elementos configuran el caso: la naturaleza del fraude (externo, interno, sofisticado) y la diligencia demostrable de la depositaria en prevenir, detectar y mitigar el daño.
Si la depositaria tuvo controles insuficientes, errores en la custodia de títulos o no respondió a alertas razonables, puede ser responsable. Por el contrario, si el fraude fue una actuación sofisticada con eludir controles razonables, la responsabilidad se complica. También hay que examinar si existen seguros de responsabilidad civil que cubran pérdidas por fraude y qué cobertura acordó la depositaria.
1) Recuperación parcial o total por actuaciones de la depositaria o por intervención de autoridades. En ocasiones, diligencias forenses y policiales alcanzan a recuperar activos o a bloquear movimientos, lo que permite compensaciones.
2) Acuerdo o compensación por póliza o por voluntad de la depositaria/gestora. Si hay culpabilidad o responsabilidad clara, la depositaria o su aseguradora pueden ofrecer reparaciones. Aceptar un acuerdo puede ser oportuno si evita procesos largos.
3) Litigio civil y penal. En muchos casos se combina la vía penal (denuncia) con una reclamación civil por daños. En el juicio civil tendrás que probar la negligencia y el nexo causal entre la actuación de la depositaria y la pérdida. Si pierdes, podrías afrontar costas; si ganas, la ejecución dependerá de la solvencia o de las pólizas.
Y si ganas, ¿cobras? La sentencia que ordene indemnización es un título ejecutable, pero la recuperación efectiva depende de la existencia de patrimonio o seguros que respondan. Por eso es clave investigar la existencia de pólizas y su cobertura.
Estos casos suelen requerir abogado, especialmente si hay indicios de fraude, negligencia grave o necesidad de coordinar acciones penales y civiles. Un abogado gestiona la reclamación, solicita peritos, presente denuncias y solicita medidas cautelares. Si solo quieres información inicial puedes reclamar por tu cuenta, pero para recuperar activos o negociar con aseguradoras es recomendable asistencia profesional. Consulta la posibilidad de justicia gratuita si cumples requisitos.
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No siempre. La depositaria responde si incumplió sus obligaciones de custodia y control o fue negligente. Si el fraude fue extremadamente sofisticado y la depositaria aplicó controles razonables, la responsabilidad puede ser limitada. Todo depende de la conducta y del contrato.
Si existe póliza que cubra el riesgo, puedes reclamar su intervención. Normalmente la reclamación se dirige primero a la depositaria, que coordinará con la aseguradora; un abogado te ayudará a forzar la respuesta del seguro si se resisten.
Sí cuando hay indicios de delito: la denuncia penal activa investigaciones que pueden recuperar activos y generar pruebas valiosas para la reclamación civil. Un abogado penal-financiero te orientará sobre cómo hacerlo.
Sí, la gestora responde por los daños si hubo falta de diligencia en la selección de contrapartes, en la supervisión o en la prevención del fraude. Hay que analizar contratos y pruebas para determinar responsabilidades.
Registros de operaciones, comunicaciones internas, informes forenses, auditorías y extracción de logs de sistemas. Todo material que muestre cuándo y cómo se produjo la pérdida y qué controles fallaron es crucial.
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