Convenio regulador para parejas de hecho: diferencias principales

¿Tienes razón?

Si estás en una pareja de hecho y pensabas en un convenio regulador porque vuestra separación implica reparto de vivienda, pensiones o guarda y custodia, hay cuatro factores que decidirán si tu convenios puede tener el mismo peso que uno matrimonial. Primero: si estáis inscritos en un registro oficial de parejas de hecho de vuestra comunidad o municipio; esa inscripción modifica derechos básicos como acceso a prestaciones y, en ocasiones, a pensiones compensatorias. Segundo: si firmasteis antes acuerdos privados (participaciones en vivienda, aportaciones a hipoteca, capitulaciones) que regulen la titularidad de bienes. Tercero: la existencia de hijos en común y las medidas que afecten a su guarda, régimen de visitas y pensión de alimentos. Y cuarto: la naturaleza del patrimonio: si hay empresa familiar, herencias con condiciones o bienes adquiridos a título personal, conviene identificar titularidades y orígenes de fondos.

No todas las comunidades reconocen exactamente los mismos efectos a las parejas de hecho. En algunas materias la ley autonómica acerca mucho la situación a la del matrimonio; en otras, la pareja de hecho queda con menos protección automática. Por eso la clave es documentar: recibos de gastos, extractos bancarios, pólizas, escrituras, mensajes y fotos que prueben la vida en común y las aportaciones económicas.

Cómo se soluciona

1. Reúne la documentación que pruebe la convivencia y las aportaciones económicas. Busca el documento de inscripción en el registro de parejas de hecho si existe; contrato de alquiler o compra, facturas de suministros a nombre de ambos o de uno con constancia de pago compartido; justificantes de transferencias entre cuentas; pólizas de seguro y testigos con nombres y contactos. Exporta y guarda conversaciones y mensajes que acrediten acuerdos verbales; no confíes en que seguirán en la app.

1. Identifica la titularidad real de los bienes. Mira escrituras de la vivienda, contratos de compraventa y escrituras registrales. Si uno de los dos aparece como único titular, localiza los justificantes de aportación del otro (transferencias, avales, mejoras pagadas). Si hay herencias o donaciones, consigue las escrituras o el testamento que las documenten.

1. Redacta un convenio por escrito que recoja acuerdos sobre guarda y custodia de hijos, pensiones, uso de la vivienda, reparto de bienes y cargas, y cualquier pacto sobre deudas. Aunque no estéis casados, un convenio firmado y ratificado judicialmente (si se lleva a juicio o a homologación) ofrece seguridad. Si no hay hijos, un acuerdo privado reduce discusiones futuras.

1. Busca asesoramiento. Puedes intentar redactar la primera carta o el primer borrador tú misma; en muchos casos eso basta para abrir la negociación. Si la otra parte tiene abogado, si hay patrimonios complejos o una postura divergente sobre titularidades, es momento de abogado. Averigua si puedes acceder al turno de oficio.

1. Si no se alcanza acuerdo amistoso, la vía judicial permite pedir medidas provisionales sobre vivienda y guarda. Lleva toda la prueba: contrato de inscripción, facturas, extractos y comunicaciones.

Qué puedes hacer hoy: solicitar copia del registro de parejas de hecho, sacar las últimas facturas del hogar, exportar conversaciones y pedir una copia simple de la escritura de propiedad en el Registro de la Propiedad.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta y un acuerdo privado. Es lo más frecuente cuando la titularidad está clara y ambas partes quieren evitar discusión. Un acuerdo privado firmado que detalle quién se queda con la vivienda, cómo se cancelan deudas y la pensión (si la hay) suele resolverse rápido y evita costes. A veces incluir un calendario de entregas de bienes facilita el cumplimiento.

1. Se alcanza un acuerdo homologado o conciliado. Si hay hijos, la homologación judicial del convenio (o su presentación en el procedimiento judicial correspondiente) da seguridad ejecutiva: si la otra parte no cumple, podrás ejecutar el acuerdo. Un acuerdo por menos dinero o por reparto distinto puede ser mejor que una sentencia incierta porque evita las incertidumbres del juicio y los costes emocionales y económicos.

1. Se decide en juicio. Si no hay acuerdo, se pedirá al juez que determine medidas sobre guarda, visitas, pensiones y reparto de bienes. Si pierdes, el resultado puede obligar a asumir cargas o a ceder la vivienda; además, quien pierde puede ser condenado al pago de las costas en supuestos tasados por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si ganas, cobrar dependerá de la solvencia de la otra parte: una sentencia contra alguien insolvente puede ser difícil de ejecutar.

Y si ganas, ¿cobras? Una resolución favorable reconoce derechos, pero la ejecución efectiva depende del patrimonio del deudor. La sentencia te da título ejecutivo para iniciar medidas de apremio, embargo y subasta, pero si no hay bienes embargables, la sentencia queda como un crédito contra una persona sin capacidad de pago.

Errores que arruinan el caso

• No documentar la convivencia ni las aportaciones. No guardar transferencias o facturas que prueben que contribuiste a la vivienda hace mucho más difícil probar titularidad.
• Firmar renuncias amplias sin asesoramiento. Documentos donde se renuncia a derechos presentes o futuros pueden cerrar puertas que luego son imposibles de abrir.
• No reclamar por escrito antes de llegar a juicio. La falta de reclamación previa o de intentos de acuerdo reduce opciones probatorias y, en algunos casos, impide la ejecución directa.
• No comprobar la normativa autonómica aplicable. Cada comunidad puede tener reglas distintas sobre efectos patrimoniales de las parejas de hecho; no asumir que todo es igual que para los matrimonios.