Tener empleados en la fundación implica cumplir las normas laborales y de Seguridad Social tanto como cualquier empresa; no cumplirlas puede suponer demandas, sanciones y pérdida de financiación. Identifica la relación real de trabajo, revisa contratos y nóminas, y regulariza lo antes posible mediante la documentación adecuada y la comunicación con los representantes laborales y la Seguridad Social.
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Para saber si tu situación laboral es correcta hay que analizar cuatro aspectos clave: la naturaleza real de la relación (autónomo, contratado, voluntario), la adecuación del contrato al puesto y a la jornada, el alta y cotización a la Seguridad Social, y el convenio colectivo aplicable. Si el trabajador realiza tareas con dependencia y ajenidad, el vínculo es laboral aunque el contrato se denomine distinto. Si las horas, derechos retributivos y descansos están documentados y las cotizaciones se hacen correctamente, tu posición es sólida. Si existen irregularidades en la contratación, en el pago de salarios o en la cotización, la persona trabajadora puede reclamar ante la jurisdicción social y la Inspección de Trabajo puede iniciar actuaciones.
También importa si los empleados tienen representación legal o si la fundación recibe subvenciones condicionadas al cumplimiento laboral: incumplimientos pueden afectar a ayudas y a la reputación institucional.
Qué puedes hacer tú y qué necesita un profesional. Tú puedes reunir la documentación, proponer regularizaciones y negociar acuerdos individuales. Necesitarás un abogado laboralista cuando hay despidos, reclamaciones de cantidad importantes, posible responsabilidad personal de patronos, o cuando la Inspección de Trabajo abre procedimiento sancionador. Un asesor laboral es esencial para confeccionar contratos, aplicar convenios y calcular liquidaciones.
Y si ganas, ¿cobras? En la jurisdicción social, una sentencia favorable ordena el pago; pero la ejecución depende de la solvencia del empleador. Si la fundación carece de bienes suficientes, el cobro efectivo puede ser complicado; por eso las conciliaciones suelen incluir garantías de pago o plazos acordados.
Puedes preparar contratos estándar y resolver dudas básicas con una asesoría laboral; la primera regularización administrativa la puedes gestionar internamente. Necesitarás un abogado laboralista si hay despidos, reclamaciones en la jurisdicción social, inspecciones o sanciones, o si la otra parte ya ha comunicado su intención de demandar. Si la fundación no puede afrontar pagos, consulta sobre planes de pago y las consecuencias legales; podrías optar por la asistencia por turno de oficio o comprobar si cabe justicia gratuita.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en fundaciones
El convenio aplicable depende de la actividad principal de la fundación y de lo que establezcan los propios contratos o convenios sectoriales aplicados por costumbre en el sector. Si el convenio no es claro, consulta con un asesor laboral para determinar cuál se aplica según la actividad, el puesto y el centro de trabajo.
Sí, pero las funciones deben estar claramente diferenciadas. Las actividades realizadas por voluntarios no deben reemplazar puestos de trabajo retribuido. Si un voluntario realiza tareas con dependencia y horario, puede entenderse que existe una relación laboral y esto exige contrato y cotización.
Un WhatsApp puede ser prueba complementaria, pero lo ideal es un registro formal de jornada y contratos que reflejen horarios. Conserva siempre exportaciones y capturas con metadatos y complementa con nóminas y fichajes.
Reúne la documentación de pago, cuentas y contratos; si hubo errores, prepara un plan de regularización y consulta a un asesor laboral. En muchos casos es posible negociar fraccionamientos o presentar alegaciones para mitigar sanciones.
Los despidos por motivos económicos deben justificar la causa real y seguir el procedimiento legal correspondiente; en una fundación, como en cualquier empleador, existe el requisito de motivación y documentación que acredite la causa. Consulta con un abogado antes de tomar decisión para evitar nulidades o reclamaciones.
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