Usaron mi imagen para un testimonio o comparación falsa de un producto

¿Tienes razón?

La cuestión central es si usted autorizó que su imagen se use con fines comerciales. Si no firmó una cesión y la empresa no cuenta con una autorización clara, el uso para promover un producto es ilegal y vulnera su derecho a la imagen. Debe comprobarse además si la imagen se utiliza con la intención de mostrar un testimonio real o una comparación directa que induzca a error sobre la eficacia o naturaleza del producto. Si la publicación incluye afirmaciones sobre beneficios o resultados supuestamente verificables por usted y usted no respalda esos mensajes, la conducta puede constituir publicidad engañosa además de vulneración de la imagen.

También es relevante si la imagen es de dominio público o fue tomada en un contexto que permita la difusión sin fines comerciales. Si la publicación apunta a un público amplio y tiene carácter comercial, su derecho a decidir sobre la explotación de su imagen es más protegido.

Cómo se soluciona

1. Reúna la prueba de la campaña. Haga capturas de pantalla de los anuncios, URLs, fechas, plataformas y cuentas que los publicaron. Si la pieza está en vídeo, descargue la reproducción y conserve metadatos.

1. Identifique al anunciante y al intermediario. Busque el nombre de la empresa que usa la imagen y, si existe, la agencia o el influencer que compartió el contenido. Esto es clave para dirigir las reclamaciones.

1. Solicite el retiro y la rectificación. Envíe una carta de desistimiento a la empresa y a la plataforma pidiendo retiro del anuncio, rectificación pública y la información sobre el origen de la autorización. Hágalo por medio que deje constancia de recibido.

1. Presentar reclamación ante autoridades de consumo. Si el uso genera publicidad engañosa, puede presentar una queja ante la entidad de protección al consumidor y solicitar investigación. También puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando haya tratamiento de datos personales implicado.

1. Valorar conciliación o demanda civil. Una conciliación extrajudicial en derecho puede llevar a la eliminación del anuncio, una rectificación y compensación. Si la empresa no coopera, un abogado puede asesorar para demandar por violación del derecho a la imagen y por prácticas comerciales engañosas.

1. Explorar medidas cautelares y tutela si procede. Para frenar la difusión rápida de un anuncio que le perjudica, el abogado puede solicitar medidas cautelares; si lo que está en juego son derechos fundamentales, la acción de tutela puede ser adecuada.

Qué puede pasar

1) Retiro y disculpa. Lo más habitual es que la empresa retire el anuncio y ofrezca una disculpa o corrija el material tras recibir la reclamación. Esa salida es práctica y evita litigio.

2) Acuerdo comercial. Si la empresa reconoce la falta, puede ofrecer compensación y garantías de no repetición. Antes de aceptar cualquier oferta económica, valore con un profesional si la propuesta cubre el alcance del daño.

3) Procedimiento administrativo o judicial. Si no hay acuerdo, puede procederse por la vía administrativa de consumo o por la judicial civil para solicitar reparación por daño moral y cese del uso. En algunos casos, la Superintendencia puede imponer sanciones administrativas a la empresa.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable o una sanción administrativa puede ordenar pago, pero el efectivo depende del patrimonio del responsable. Por eso, una oferta de pago inmediato en conciliación puede ser más efectiva en la práctica.

Errores que arruinan el caso

• No guardar evidencia de la campaña en sus diferentes formatos y plataformas: el material desaparece con rapidez.
• No identificar correctamente al anunciante: reclamar solo a la plataforma sin apuntar al responsable real complica la ejecución.
• Aceptar acuerdos verbales sin documento: exija un acuerdo escrito y con garantías de cumplimiento.
• Publicar su queja de forma que amplifique el anuncio negativo: la presión pública puede aumentar la difusión y complicar la mitigación.
• Ignorar la vía administrativa: en muchos casos la autoridad de consumo logra medidas más rápidas que un litigio largo.