Multa por vertidos contaminantes: ¿cómo impugnar la sanción?

¿Tienes razón?

Tres factores básicos deciden si la sanción por vertidos tiene base sólida: quién realizó la medición, cómo se hizo el muestreo y si usted tenía autorizaciones o permisos que eximan o condicionen su responsabilidad. Si la autoridad ambiental no documentó correctamente la cadena de custodia de las muestras, si el procedimiento de muestreo no siguió normas técnicas o si existe una duda razonable sobre el origen del vertido, la sanción puede ser atacable. También influye si la entidad respectiva (local, regional, nacional) es competente para imponer la multa.

Otra cuestión importante es la existencia de permisos o plan de manejo que autoricen descargas en determinadas condiciones. Si usted operaba bajo una autorización o cumplía condiciones técnicas y la autoridad no tuvo en cuenta esos documentos, tiene una defensa. Asimismo, la identificación del responsable real del vertido (contratista, tercero, avería) puede cambiar la responsabilidad.

Cómo se soluciona

1. Solicite el expediente y la documentación técnica. Presente un derecho de petición para obtener copia del acta de inspección, resultados de laboratorio, cadena de custodia de las muestras, rutas y protocolos de muestreo, y la identificación de los responsables del procedimiento. Sin esta documentación será difícil refutar las conclusiones técnicas.

1. Reúna su propia prueba técnica. Ordene un análisis independiente de las aguas o del suelo afectados, y documente las condiciones previas y posteriores al supuesto vertido. Fotos, registros de envío y recepción, bitácoras de operaciones y contratos con terceros ayudan a demostrar que el vertido no provino de su actividad o que hubo causas externas.

1. Señale errores de procedimiento. Revise si se respetó la cadena de custodia, si los análisis se realizaron en laboratorios acreditados y si la notificación y el procedimiento sancionatorio siguieron el debido proceso. Errores formales pueden conducir a la nulidad del acto.

1. Presentar recurso administrativo motivado. Con la prueba técnica y documental, interponga la impugnación explicando por qué los resultados no acreditan su responsabilidad o por qué existen defectos de procedimiento. Adjunte informes técnicos propios o de peritos.

1. Si la vía administrativa es adversa, considere la acción contencioso-administrativa. En procedimientos frente a la administración ambiental, la jurisdicción revisará la valoración técnica y la legalidad del acto. Para esto, la prueba pericial suele ser clave.

Qué puede hacer sin abogado: solicitar el expediente, reunir documentación contractual y operativa, y pedir análisis técnicos. Necesitará asesoría cuando los conceptos técnicos o peritajes sean complejos, cuando la sanción sea cuantiosa o cuando haya riesgo de medidas de cierre o inmovilización.

Qué puede pasar

1) Anulación o modificación administrativa: si demuestra errores técnicos o administrativos, la autoridad puede revocar o modificar la sanción. Esto ocurre cuando la cadena de custodia está rota o los análisis no cumplen con normas.

2) Acuerdo o medidas correctivas: la autoridad puede aceptar un plan de manejo o medidas de mitigación que reduzcan la sanción o la acompañen de obligaciones de reparación ambiental. A veces un arreglo técnico que incluya trabajo de remediación compensa una sanción económica grande.

3) Juicio contencioso-administrativo: si impugna y la administración mantiene la sanción, el proceso judicial permitirá discutir la adecuación técnica y legal del acto. Si pierde, la sanción se mantiene; las costas en procesos contra la administración dependen de la conducta procesal. Además, una sentencia no elimina la necesidad de ejecutar medidas de reparación si éstas son ordenadas.

Y si gana, ¿cobro efectivo? Si le devolvieron sumas pagadas, el trámite de pago depende de la administración y de su disponibilidad presupuestal. Además, la reparación ambiental ordenada puede implicar acciones que requieren seguimiento técnico.

Errores que arruinan el caso

• No pedir la cadena de custodia de las muestras.
• No contratar peritaje independiente cuando la sanción se basa en análisis técnicos.
• Borrar o no conservar registros operativos, bitácoras o contratos con terceros.
• Aceptar cargos en el acta de inspección sin dejar constancia de su desacuerdo por escrito.
• No comprobar la competencia de la autoridad que impuso la sanción.