Me investigan por ocultar patrimonio o renta

¿Tienes razón?

Si le investigan por ocultar patrimonio o renta, su posición depende de tres factores claros: a) la existencia de pruebas documentales que demuestren el origen y destino de los bienes o ingresos; b) si hubo intención de engañar o simplemente errores, omisiones formales o desconocimiento; y c) si la conducta afecta derechos de terceros o a la administración tributaria. Si usted puede mostrar comprobantes de ingreso (extractos bancarios, facturas, contratos) y que las omisiones fueron imputables a errores contables o a asesoría defectuosa, su situación es más favorable. Si, en cambio, hay transferencias prestanombres, bienes a nombre de terceros sin causa legítima o documentos falsificados, la investigación prosperará.

La diferencia entre una sanción administrativa (por ejemplo, una sanción tributaria o una multa) y una investigación penal suele basarse en la intensidad de la conducta y la existencia de dolo: la administración puede sancionar omisiones y errores, pero el derecho penal exige probar que la conducta se realizó con la intención de ocultar para obtener una ventaja indebida o perjudicar a terceros. Otra línea divisoria es la magnitud y reiteración: conductas aisladas y explicables suelen tratarse en sede administrativa; patrones organizados de ocultamiento tienden a ser penales.

No se deje intimidar por el tamaño del expediente: muchas investigaciones comienzan por cruces de datos y acaban en una sanción administrativa. Lo importante es identificar qué documentos prueban su versión y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como destrucción de pruebas.

Cómo se soluciona

1) Reúna y haga copias de toda la documentación relacionada: extractos bancarios, conciliaciones, facturas, contratos de compraventa, escrituras, declaraciones de renta y soportes de las operaciones. Exporte conversaciones de mensajería donde explique operaciones o instrucciones; no confíe en que los mensajes permanecerán en la aplicación.

2) Haga una cronología escrita y fechada de los hechos: quién realizó cada movimiento, por qué se abrió una cuenta o por qué un bien aparece a nombre de otra persona. Si hay terceros que actuaron como gestores, obtenga sus declaraciones por escrito.

3) Si la investigación viene de la administración tributaria o una entidad de control, use el derecho de petición para pedir copia del expediente y entender exactamente de qué le acusan. Esa petición obliga a una respuesta y le da información clave.

4) No destruya ni altere documentación. Si desconoce contabilidad o procedimientos, solicite asesoría técnica contable para preparar una respuesta fundada. Si la investigación es penal, evite declarar hasta evaluar la estrategia: una declaración inoportuna puede complicar la defensa.

5) Si la entidad ofrece una conciliación o un arreglo administrativo, valore la propuesta con asesoría: a veces pagar una sanción administrativa es razonable frente al coste y riesgo de una investigación penal.

Qué puede hacer usted hoy sin abogado: recopilar y ordenar la prueba, pedir copia del expediente por derecho de petición, y preparar una relación cronológica de hechos.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con un acto administrativo o sanción: la administración puede imponer una multa o requerir la corrección de las declaraciones. Esto no es lo mismo que una condena penal y suele cerrarse más rápido.

2) Se llega a un acuerdo administrativo o conciliación: la entidad y usted acuerdan una corrección y pago de sanciones; es frecuente cuando la ocultación puede subsanarse con una rectificación y pago.

3) Se abre investigación penal y se formula imputación: si la Fiscalía considera que hay indicios de delito, el caso avanza en jurisdicción penal. Si el proceso llega a juicio y usted pierde, además de la pena que imponga el juez podrían imponerse consecuencias económicas, y la ejecución de la sentencia dependerá de la capacidad patrimonial del condenado. Si la empresa o el patrimonio están muy endeudados, una sentencia no garantiza cobro efectivo del resarcimiento.

Y si gana, ¿cobro? En materia penal no siempre hay reparación patrimonial efectiva: una sentencia a favor puede incluir reparación, pero cobrarla puede chocar con la insolvencia del condenado. En sede administrativa, pagar una multa o corregir la declaración suele ser la forma más inmediata de cerrar la controversia.

Errores que arruinan el caso

• Borrar mensajes o destruir documentos relevantes: da la impresión de mala fe y puede convertirse en delito.
• Firmar declaraciones o admitir hechos sin consultar asesoría técnica o legal: una confesión escrita tiene mucho peso.
• Confiar en una sola explicación verbal: deje constancia por escrito y con documentación.
• No pedir copia del expediente o no utilizar el derecho de petición: sin conocer la acusación es imposible defenderse.
• Reaccionar con confrontación pública o amenazas: empeora la situación y aporta pruebas en su contra.