Me investigan por fraude en contratación pública

¿Tienes razón?

Que exista una investigación administrativa o penal por presunto fraude en contratación pública no significa que la acusación sea correcta. Lo que determina si su situación es grave o defendible son, sobre todo, tres cosas: quién firmó los documentos clave y con qué autoridad; si las decisiones siguen procedimientos formales y, sobre todo, si hay prueba de que se actuó con la intención de afectar los recursos públicos o de favorecer a un tercero. Un contrato mal redactado o una mala gestión técnica no son automáticamente fraude; el problema surge cuando aparecen omisiones deliberadas, arreglos ocultos entre oferentes, manipulación de especificaciones o facturas falsas.

Para valorar su caso pregúntese: ¿usted tomó la decisión clave o sólo firmó por delegación? ¿quién controló la selección del contratista? ¿existen correos, actas, cotizaciones y recibos que expliquen las decisiones? Si hay testigos que avalan que hubo instrucciones superiores o que usted sólo ejecutó órdenes administrativas, eso cambia la línea de defensa. Por último, la relación con la entidad que contrató y la forma en que se liquidaron los contratos son elementos que pesan mucho: irregularidades contables o pagos sin soporte facilitan una acusación más sólida.

Cómo se soluciona

1. Reúna y preserva toda la documentación. Copie expedientes, contratos, adendas, actas de junta, correos electrónicos, WhatsApp relacionados con la licitación o contratación. No borre nada del teléfono; exporte conversaciones y haga capturas con fecha y hora.
2. Solicite copia del informe o del requerimiento que dio origen a la investigación: la Fiscalía, la Procuraduría o la entidad contratante deben identificar los hechos. Con eso podrá entender qué concretamente se le imputa.
3. Redacte un relato cronológico y objetivo de los hechos: fechas, decisiones, personas que intervinieron, motivos técnicos de las decisiones. Incluya las pruebas documentales. Este guion será la base de su defensa y de cualquier derecho de petición o respuesta.
4. Evalúe la necesidad de abogado penalista con experiencia en contratación pública. Si la investigación implica cargos formales o medidas restrictivas (embargos, órdenes de captura, comparecencia), necesita representación. Si no puede pagar, consulte defensoría pública.
5. Presente pruebas de respaldo y, si procede, solicite pruebas que favorezcan su versión: citación de testigos, peritajes técnicos, solicitudes de información a la entidad contratante mediante derecho de petición para acceder al expediente.
6. Si hay irregularidades administrativas ajenas a su conducta, prepare medidas de colaboración limitada: reconocer errores formales que no impliquen dolo puede servir para separar responsabilidad administrativa de penal.
7. Mantenga comunicación formal y mesurada. No hable con investigadores sin abogado y evite hacer declaraciones públicas o en redes.

Acciones que puede hacer solo: recopilar y copiar documentos, exportar chats, pedir copia del expediente mediante derecho de petición, pedir acompañamiento en defensoría. Acciones que conviene deje al abogado: responder a citaciones penales, negociar colaboración o acuerdos probatorios, proponer peritos, presentar recursos y preparar la estrategia procesal.

Qué puede pasar

1) Se arregla con documentación o explicación: muchas investigaciones nacen por discrepancias documentales que se aclaran con pruebas técnicas o testigos. Si usted demuestra que hubo causas técnicas para la elección del contratista o errores formales sin intención, la entidad puede archivar la investigación o cerrar la vía penal y abrir sólo control administrativo.

2) Acuerdo o conciliación administrativa/disciplinaria: en casos donde hay falla administrativa pero no dolo probado, puede haber sanción disciplinaria, amonestación o una conciliación que exige reparación del daño a la entidad. Un acuerdo puede ser ventajoso si evita una larga investigación y reduce riesgo penal.

3) Juicio penal: si la Fiscalía encuentra evidencia de intención de defraudar o de concierto para defraudar, llevará el caso a juicio. Si pierde, además de las consecuencias penales, puede enfrentar medidas patrimoniales y responsabilidad civil. Si gana, la sentencia puede absolverle, pero hay que considerar la posibilidad práctica de ejecutar medidas de aseguramiento sobre bienes durante el proceso. Además, incluso con sentencia favorable, la recuperación de reputación y de bienes puede ser lenta.

Y si gana, ¿cobra? Una absolución no borra automáticamente las consecuencias administrativas o civiles: puede seguir existiendo una reclamación de la entidad por daños. Además, si la persona contra la que hubo medidas fue embargada indebidamente, recuperar bienes puede requerir acciones civiles específicas.

Errores que arruinan el caso

• Borrar mensajes, destruir documentos o alterar expedientes. Eso convierte un mal expediente en evidencia de conducta dolosa.
• Firmar declaraciones sin leerlas o sin asesoría cuando ya hay investigación en curso.
• Hablar con prensa o publicar explicaciones en redes sin coordinar con su defensa.
• No solicitar copias del expediente a tiempo; la falta de acceso le impide preparar la defensa.
• Intentar negociar arreglos económicos informales con terceros involucrados sin registro ni asesoría: puede interpretarse como obstrucción de la justicia.