Me investigan por contrabando o fraude aduanero

¿Tienes razón?

No toda irregularidad aduanera es un delito. La diferencia entre una infracción administrativa y un delito penal suele ser la existencia de dolo para defraudar (por ejemplo, ocultar el origen, subvaluar bienes, usar facturas falsas o introducir mercancía prohibida). Para valorar su caso hay que revisar: la documentación aduanera (pedimentos, facturas comerciales, certificados de origen), la cadena de suministro (quién vendió, quién transportó, quién recibió), la conducta repetida (si hay patrones) y los márgenes de subvaloración o inconsistencias. Si hubo error en clasificación arancelaria o diferencia razonable en precios internacionales, tal vez sea sanción administrativa; si hubo facturas apócrifas, empresas pantalla o instrucciones para burlar controles, la investigación puede convertirse en penal.

Pruebas que la autoridad examina incluyen contratos de compraventa internacional, conocimiento de embarque, manifiestos, certificados, registros bancarios de pago y declaraciones de importación. El análisis pericial de precios internacionales y la trazabilidad logística son habituales.

Cómo se soluciona

1. Reúna pedimentos, facturas de importación, certificados de origen, conocimientos de embarque, pólizas y contratos de transporte. Guarde pruebas de pagos internacionales y comunicaciones con proveedores.
2. Documente la cadena de producción y distribución: facturas de los proveedores en el exterior, comprobantes de nacionalización y documentos de transporte.
3. Solicite un informe técnico en comercio exterior y un peritaje que analice precios de mercado, clasificación arancelaria y legalidad de las mercancías.
4. No elimine documentación aduanera ni modifique registros electrónicos. Mantenga los soportes y haga copias.
5. Si la DIAN o la Fiscalía hacen incautaciones, coordine con un abogado la solicitud de inventario y la protección de mercancías para evitar pérdidas innecesarias.
6. Busque asesoría penal y en comercio exterior antes de presentar descargos oficiales; la forma y el fondo del descargo influyen.

Qué puede hacer solo: recuperar pedimentos, facturas y comprobantes de pago y dejar constancia de comunicaciones con proveedores. Cuándo necesita abogado: cuando hay incautación, medida cautelar sobre bienes, cargos formales o cuando la DIAN eleva el caso a Fiscalía.

Qué puede pasar

1) Sanción administrativa o regularización. Si la irregularidad es subsanable o producto de error en clasificación o documentación, puede haber multas, pago de tributos y normalización sin proceso penal.

2) Conciliación o reparaciones. En algunos casos se puede negociar la reparación del tributo omitido y la imposición de sanciones administrativas que evitan lo penal.

3) Investigación penal. Si la Fiscalía prueba la existencia de conductas dolosas —facturas falsas, empresas fachada, introducción de mercancía prohibida— puede presentar cargos penales. Si el juez condena, hay penas y comiso. Si pierde, además de la sanción penal, habrá costos para ejecutar la reparación tributaria.

Y si gana, ¿recupero la mercancía o el dinero? Una absolución penal puede permitir la devolución de mercancías incautadas si no hay otras medidas civiles o fiscales. No obstante, la recuperación material depende de la situación aduanera y tributaria y de si existen gravámenes.

Errores que arruinan el caso

• Destruir facturas, pedimentos o correos después de recibir una notificación.
• No conservar la cadena documental de importación y transporte.
• Usar proveedores sin verificar su legitimidad y no exigir documentos formales.
• Contestar descargos sin asesoría técnica y penal.
• No solicitar inventario formal de mercancías incautadas y no pedir garantías para su custodia.