Me han abierto un procedimiento sancionador por infracción muy grave

¿Tienes razón?

En un procedimiento por infracción muy grave no basta alegar desconocimiento: lo esencial es desmontar la prueba que acredita la conducta reprochada. Tres factores concretos determinan la viabilidad de su defensa: la calidad de la prueba documental y testimonial, la existencia de medidas internas de cumplimiento y la conducta posterior de la empresa (si corrigió o no el defecto). Si la Inspección muestra documentación sólida —pruebas de riesgo grave para la salud, omisión reiterada de obligaciones de seguridad social, o evidencia de prácticas laborales que afectan derechos fundamentales— la posición defensiva debe centrarse en impugnar la fiabilidad de esas pruebas o en demostrar la ausencia de dolo o negligencia grave.

La autoridad valora, además, el historial de la empresa. Inspecciones previas, sanciones anteriores o advertencias incumplidas agravan la imputación. Si la empresa tiene políticas de cumplimiento razonables y registros que muestran intentos de corregir fallas, eso atenúa la valoración de gravedad. Por otro lado, la ocultación de información o la falta de cooperación con la Inspección suelen empeorar la situación.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia del expediente completo. Pida por escrito la resolución motivadora, pruebas anexas y cualquier acta de inspección. Sin conocer la prueba no puede diseñar una defensa coherente.

1. Clasifique y analice la prueba. Separe pruebas documentales, testimoniales y periciales. Verifique fechas, firmas, consistencia entre documentos y posible manipulación. Identifique testigos y contrapruebas que puedan desacreditar testimonios contrarios.

1. Prepare alegaciones estructuradas. Su contestación debe cuestionar la forma (errores de identificación, falta de motivación) y el fondo (prueba insuficiente, contradicciones). Aporte pruebas que demuestren cumplimiento o que rebatan la imputación. Documente cualquier medida correctiva adoptada antes o después de la visita.

1. Proponga medidas de cumplimiento o planes de subsanación si existe esa posibilidad. En ocasiones, ofrecer un plan serio de corrección y pruebas de su ejecución reduce la sanción o permite un enfoque sancionador menos gravoso.

1. Evalúe la necesidad de peritajes o pruebas técnicas. En infracciones que involucran riesgos de seguridad o condiciones de trabajo, los informes técnicos independientes pueden cambiar la valoración probatoria.

1. Contrate defensa técnica si se amenaza sanción grave. Un abogado laboral y, si procede, un perito en seguridad industrial, coordinarán la respuesta, los recursos y la estrategia frente a la autoridad.

1. Si la resolución administrativa es adversa, valora recurso ante la jurisdicción competente o la impugnación prevista por la ley. En paralelo, explore la conciliación si la autoridad y la materia lo permiten.

Qué puede pasar

1) Resolución administrativa firme con medidas correctivas: en muchos casos la autoridad impone medidas y sanciones atenuadas si la empresa demuestra voluntad de cumplimiento y subsana las fallas. Eso cierra el expediente administrativo con menos coste reputacional.

2) Acuerdo o conciliación con términos específicos: algunas situaciones permiten acuerdos donde la empresa reconoce la falta y se compromete a un plan de acción a cambio de una sanción reducida. Un acuerdo puede evitar un procedimiento largo y más gravoso.

3) Sanción firme y posibles efectos colaterales: si la autoridad aplica la sanción máxima, la empresa afronta multa y la obligación de reparar los daños o pagar las obligaciones omitidas. Además, la resolución puede motivar demandas laborales de terceros y afectar contratos públicos o privados; si la empresa pierde y no puede pagar, la ejecución será compleja, pero la obligación subsiste.

Y si gana, ¿cobra? Una resolución favorable frente a la autoridad evita la sanción, pero no garantiza que terceros afectados no reclamen por la vía judicial. Además, la empresa que gana recupera su buena imagen administrativa, pero el litigio puede haber consumido recursos importantes.

Errores que arruinan el caso

• Contestar sin conocer la prueba: presentar alegaciones genéricas sin adjuntar contrapruebas hace que la autoridad no vea argumentos concretos.
• Ocultar información o destruir documentos: dificulta la defensa y puede agravar la imputación.
• No proponer medidas de corrección cuando son apropiadas: dejar pasar la oportunidad de subsanar empeora la sanción.
• No usar peritajes cuando la materia es técnica: la falta de prueba técnica propia puede dejar la decisión en manos de la autoridad.
• Esperar a la resolución sin preparar recursos o conciliaciones posibles.