Me han abierto diligencias por fraude fiscal

¿Tienes razón?

En investigaciones por fraude fiscal lo que importa no es sólo una deuda tributaria, sino la existencia de conductas dolosas: facturación falsa, simulación de operaciones, ocultamiento de ingresos o uso de terceros para evadir impuestos. Tres ejes determinan su situación: (1) la documentación contable y tributaria que obra en el expediente (declaraciones, facturas, libros), (2) la existencia de comprobantes certificados y su correspondencia con operaciones reales, y (3) la intención demostrable de evadir obligaciones tributarias. Si la discrepancia es por un error contable o por asesoría deficiente, la vía suele ser administrativa y no penal; si hay patrones reiterados o facturas inexistentes, la Fiscalía dará trato penal.

También pesa el papel de asesores y terceros: facturar a través de terceros sin actividad real, o utilizar sociedades pantalla, incrementa el riesgo penal. La DIAN realiza cruces de información y, si detecta indicios, remite a la Fiscalía. Su historial tributario y la existencia de sanciones administrativas previas influyen en la gravedad de la actuación.

Finalmente, la gestión en la etapa inicial (conservación de libros, no borrado de información, cooperación limitada y asesorada) condiciona la posibilidad de defensa eficaz.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia de las diligencias y del material que la autoridad tenga sobre su caso. Conozca qué ejercicios o ejercicios fiscales están en revisión.
2. Preserve la contabilidad y los soportes: facturas, comprobantes de gastos, libros contables, extractos bancarios y contratos. No destruya ni altere archivos electrónicos.
3. Reúna pruebas que justifiquen operaciones: contratos, entregas de bienes, manifiestos, guías, órdenes de compra y recepción, y comprobantes de pago.
4. Solicite a su contador los soportes técnicos y los informes que expliquen criterios contables utilizados; si hubo asesoría externa, reúna contratos y comunicaciones con el asesor.
5. Comparezca a citaciones con abogado especializado en derecho tributario penal o con defensoría si procede: la complejidad técnica obliga a asesoría profesional para presentar peritajes y explicar la contabilidad.
6. Valorar la negociación administrativa: en muchos casos la DIAN permite regularizar, pagar sanciones y quitar el componente penal si se logra acreditar buena fe y reparación. Eso exige negociación técnica y, a menudo, el pago de obligaciones.
7. Preparar peritajes contables para contrarrestar la versión fiscal: un perito independiente puede explicar la razonabilidad de criterios aplicados y la existencia de errores no dolosos.

Usted puede por su cuenta preservar documentos y pedir copias de las diligencias; la defensa técnica suele requerir abogado con experiencia tributaria y penal.

Qué puede pasar

1) Regularización administrativa: si la discrepancia se debe a errores o deficiencias formales, puede resolverse con correcciones, liquidaciones y sanciones administrativas por parte de la DIAN, sin proceso penal.

2) Acuerdo con autoridades: en investigaciones complejas, la fiscalía y la DIAN pueden considerar salidas que implican reparación económica y sanciones administrativas, evitando acusación penal cuando la conducta no demuestra dolo claro.

3) Acusación penal y juicio: si la Fiscalía encuentra indicios de fraude sistemático (facturas inexistentes, sociedades pantalla, uso de testaferros), puede acusar y llevar a juicio. Si hay condena, puede haber sanciones penales y patrimoniales; si gana, la acción penal no prospera pero pueden quedar sanciones administrativas.

Y si gana, ¿cobro? Una resolución favorable penalmente no elimina necesariamente obligaciones tributarias administrativas pendientes; la DIAN puede seguir con procesos de cobro o sanción tributaria por la misma materia.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar libros y soportes electrónicos: suponen indicios de ocultamiento.
• No conservar contratos y documentos que acrediten operaciones.
• Cambiar criterios contables sin soporte técnico o sin justificar razones económicas.
• No contar con peritaje contable cuando la fiscalía basa su caso en análisis técnicos.
• Intentar negociar con la autoridad sin asesoría técnica: puede llevar a admitir responsabilidad que la Fiscalía usa en su contra.