Me acusan por usar prestanombres o testaferros

¿Tienes razón?

La acusación por uso de prestanombres gira en torno a tres puntos esenciales. Primero, la titularidad formal versus la titularidad real: si un bien aparece a nombre de otra persona pero usted lo compró, pagó o gestionó, eso apunta a uso de prestanombres. Segundo, la existencia de instrucciones o control: correos, contratos de administración, poderes o instrucciones que muestren que usted decidía. Tercero, la finalidad: ocultar bienes producto de ilícitos o evadir responsabilidades fiscales y civiles. Si la otra parte actuó por motivos legítimos (por ejemplo, protección patrimonial por riesgo justificado) y hay documentación que lo pruebe, la imputación pierde fuerza.

Importa también la relación entre usted y quien figura como titular: familiares, empleados o personas sin independencia económica aumentan la sospecha. Pero no toda titularidad distinta es delito; donaciones, cesiones o mandatos documentados y explicados pueden ser legales.

Cómo se soluciona

1. Reúna toda la documentación sobre la constitución y gestión de los bienes: escrituras, registros, poderes, contratos de administración, comprobantes de pago de la compra y declaraciones tributarias. Identifique quién aportó el dinero y cómo se realizó el pago.
2. Busque comunicaciones que muestren el control (correos, mensajes, instrucciones firmadas). Exporte y preserve estas comunicaciones con metadatos.
3. Consiga pruebas de la independencia del titular formal si existe: su ingreso, su actividad económica, contratos de trabajo, declaraciones que prueben su capacidad para adquirir los bienes.
4. Si hubo razones legítimas para usar otra titularidad (protección patrimonial, seguridad), documente las causas: asesorías previas, contratos de mandato, seguros, informes legales.
5. Solicite peritaje financiero que trace el flujo de recursos y demuestre aportes reales. Un informe que muestre que los recursos salieron de su patrimonio y entraron al bien es clave.
6. Prepare la defensa penal basada en la ausencia de dolo: a menudo la estrategia es demostrar que no hubo intención de ocultar, que la operación obedeció a razones legítimas y que los actos fueron transparentes.

Qué puede hacer ahora: recopilar pruebas de aportes, conservar comunicaciones y obtener certificados registrales.

Qué puede pasar

1) Resolución administrativa o archivo. Si la investigación concluye que no hay intención de ocultamiento o que las explicaciones son consistentes, el caso puede cerrarse.

2) Acuerdo o negociación probatoria. Puede acordarse regularización registral, actualización de declaraciones o medidas civiles para aclarar titularidad.

3) Proceso penal por ocultamiento o delitos conexos. Si la Fiscalía prueba que el uso de prestanombres tenía por finalidad ocultar actividades ilícitas o evadir responsabilidades, puede formular cargos. Consecuencias incluyen sanciones penales, medidas sobre bienes y efectos civiles.

Y si gana, ¿cobro? Una absolución o reversión de medidas cautelares permite intentar recuperar posesión y efectos económicos, pero si bienes fueron transferidos a terceros de buena fe puede ser complejo recuperar todo.

Errores que arruinan el caso

• No documentar las razones de la titularidad distinta ni dejar constancia escrita de mandatos.
• Transferir dinero en efectivo sin rastros bancarios que demuestren aportes.
• Contar versiones distintas en diferentes instancias sin coherencia.
• No pedir peritaje financiero cuando la acusación se basa en trazas bancarias complejas.
• Firmar documentos que aparentan ceder control sin recibir asesoría que explique consecuencias.