¿Se puede liquidar el régimen de gananciales en parejas de hecho?

¿Tienes razón?

La clave es distinguir el matrimonio del hecho. En general, el régimen de gananciales es propio del matrimonio; las parejas de hecho no adquieren ese régimen por el solo hecho de convivir. Lo que sí puede ocurrir es que durante la convivencia las partes hayan formado una economía común, hayan hecho aportes a la adquisición de bienes o hayan celebrado contratos que indiquen una voluntad de copropiedad. En esos supuestos, la reclamación no se llama “liquidación de gananciales” sino que se fundamenta en figuras como la copropiedad, la sociedad de hecho, la acción de reivindicación, la acción de enriquecimiento sin causa o la petición de reconocimiento de aportes y créditos de reembolso.

Lo que determina si usted puede reclamar es: (1) si existe un contrato o pacto entre las partes que reconozca copropiedad o regule aportes; (2) si puede probar que las aportaciones de uno se destinaron a un bien que ahora figura a nombre del otro; y (3) si hay pruebas de que ambos actuaron como socios en un patrimonio común. Extractos bancarios, facturas, contratos de compraventa, pagos de cuotas y testigos son determinantes.

Si la pareja registró la unión como unión marital de hecho y en ciertos trámites administrativos o notariales se acogieron a reconocimientos, eso ayuda, pero no sustituye una formalización expresamente pactada sobre el régimen económico. Por todo ello, la respuesta práctica suele ser: no hay gananciales por defecto, pero sí pueden existir derechos patrimoniales que se reclamen con base en la prueba de las aportaciones y la intención común.

Cómo se soluciona

1. Identifique la figura jurídica aplicable: si firmaron un pacto, busque la escritura o contrato; si no, prepare pruebas de aportes y del destino de esos aportes a bienes concretos.
2. Haga un inventario de bienes vinculados a la convivencia: vivienda, muebles, cuentas, vehículos. Anote quién aparece en los títulos y cómo se pagó cada parte.
3. Reúna pruebas de aportes: transferencias, recibos, constancias de pago de cuotas, facturas, correos, fotografías de obras o mejoras, y testimonios que corroboren la colaboración económica.
4. Proponga una solución extrajudicial: carta ofreciendo compensación o cesión de parte del bien. En muchos casos, una negociación guiada por un abogado evita litigio.
5. Si no hay acuerdo, analice la demanda correcta: puede ser acción declarativa de copropiedad, petición de reconocimiento de aportes, acción de enriquecimiento sin causa o, en algunos casos, tutela para derechos fundamentales si se vulnera acceso a vivienda.
6. En el proceso, pida medidas cautelares para asegurar el bien si teme que la otra parte lo disponga o lo remate.

Usted puede reunir documentos y proponer una solución inicial por escrito. Busque abogado si la otra parte niega los aportes, si hay inmuebles o si la cuantía es relevante. Si tiene recursos limitados, verifique la posibilidad de justicia gratuita.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y un acuerdo de compensación: ocurre con frecuencia. Si hay documentos que prueban aportes, la otra parte suele aceptar negociar una cesión o pago. Un acuerdo firmado evita mayor desgaste.

2) Conciliación o acuerdo judicializado: mediante conciliación extrajudicial en derecho se puede homologar el acuerdo o establecer una adjudicación parcial. La ventaja es que se cumple la exigencia de procedibilidad en muchos casos.

3) Juicio: si no hay acuerdo, el juez decide sobre la existencia de copropiedad, créditos de reembolso o enriquecimiento injustificado. Si el demandante prueba sus aportes, podrá obtener reconocimiento económico o adjudicación parcial. No obstante, una sentencia sólo es útil si el condenado tiene bienes para satisfacer la obligación; de lo contrario, será una sentencia que exige ejecución.

Si pierde la demanda, puede quedar con costas y gastos. Además, una estrategia débil con pruebas insuficientes reduce la probabilidad de éxito.

Errores que arruinan el caso

• No guardar pruebas de pago y transferencias. Sin trazabilidad, el reclamo pierde fuerza.
• Confiar sólo en la convivencia como prueba de derechos patrimoniales: la convivencia no crea automáticamente gananciales.
• Firmar documentos reconociendo transferencia de bienes sin asesoría.
• No solicitar medidas para preservar bienes que corren riesgo de enajenación.
• Olvidar consultar la posibilidad de justicia gratuita cuando los recursos son limitados.