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INVIMA me negó registro y decomisó productos

INVIMA puede negar registro o ordenar decomiso cuando considera que un producto no cumple requisitos sanitarios; lo que decide si la actuación es ajustada es el expediente técnico del producto, los análisis o inspecciones realizados y la motivación del acto. Primer paso: solicite copia completa de la resolución, los resultados de laboratorio y del expediente que fundamentó la negativa o el decomiso.

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¿Tienes razón?

Que INVIMA niegue registro o retire productos no significa que su caso sea indefectible. Lo que define la validez de la negativa son tres aspectos: la existencia de requisitos técnicos incumplidos (falta de documentación, etiquetado, análisis), la corrección del procedimiento técnico-administrativo seguido por INVIMA y la proporcionalidad de la medida. Si la negativa se basa en un defecto subsanable —etiquetado, faltante documental o aclaración sobre ingredientes—, usted puede ofrecer correcciones. Si el decomiso se ejecutó sin cadena de custodia de las muestras o sin acta debidamente motivada, la legalidad del decomiso es cuestionable.

También importa si los productos fueron puestos en el mercado por error de un tercero o si existen registros previos que acrediten su inocuidad. En ocasiones INVIMA actúa preventivamente para proteger la salud, pero siempre debe fundar la decisión en análisis técnicos verificados.

Cómo se soluciona

1) Solicite el expediente. Pida copia de la resolución, de los informes de laboratorio, de las actas de inspección, de las órdenes de decomiso y del soporte técnico que motivó la decisión. Haga la solicitud con constancia de recibido.

2) Reúna documentación técnica. Tenga a mano fichas técnicas, certificados de libre venta del país de origen, pruebas de calidad, estudios de estabilidad, certificados de Buenas Prácticas de Manufactura del fabricante y documentación de etiquetado. Si hubo un error de traducción o de interpretación de ingredientes, prepare aclaraciones técnicas firmadas por un profesional competente.

3) Verifique la cadena de custodia de las muestras. Exija la cadena de custodia y los protocolos seguidos en la toma y análisis de muestras. Si falta esa documentación, puede cuestionarse la validez de los resultados.

4) Presente recursos administrativos. Conteste la resolución señalando errores de hecho y de derecho y aporte la documentación que demuestre conformidad. Si la falta es subsanable, solicite la posibilidad de subsanación y devolución de lotes retenidos.

5) Explore medidas cautelares. Si el decomiso afecta su actividad económica de manera grave y la negativa le causa un perjuicio inmediato, existen mecanismos judiciales para solicitar medidas provisionales que preserven bienes mientras se decide el fondo.

6) Si hay productos detenidos, gestione su custodia técnica. Pida que los lotes sean conservados adecuadamente y que se documente su estado; evitar la pérdida de mercancía facilita la defensa posterior.

Qué puede hacer hoy: pedir copia del expediente, probar la cadena de custodia, conservar documentos de compra y etiquetado y consultar con un profesional que revise la documentación técnica.

Qué puede pasar

1) Se arregla con corrección documental. En muchos casos, la negativa se debe a faltas formales o etiquetado imperfecto que se corrigen y permiten el registro o la liberación de lotes. Esto es lo más práctico y rápido cuando la cuestión es documental.

2) Acuerdo técnico o autorización condicionada. INVIMA puede aceptar la subsanación y otorgar autorización condicionada con controles periódicos y requisitos de etiquetado o pruebas adicionales. A veces conviene aceptar estas condiciones para recuperar la comercialización.

3) Impugnación judicial. Si la resolución se mantiene y usted considera que INVIMA actuó sin sustento técnico o vulnerando garantías procedimentales, la vía contencioso-administrativa puede revocar la decisión. Si pierde, el decomiso queda firme y puede implicar pérdida económica; si gana, puede obtener la devolución de los productos o la anulación del acto.

Y si gana, ¿cobro? La anulación administrativa o judicial puede ordenar devolución del bien, pero la recuperación del daño económico exige una acción separada y depende de la solvencia de las partes.

Errores que arruinan el caso

  • No solicitar copia del expediente ni los resultados de laboratorio que usó INVIMA para decidir.
  • Destruir o disponer lotes decomisados sin autorización judicial, lo que impide demostrar su inocuidad más adelante.
  • Enviar correcciones incompletas o sin soporte técnico; un documento sin firma profesional es menos persuasivo.
  • No conservar facturas, contratos de compra o certificados del fabricante que prueben origen y trazabilidad.
  • Tratar de introducir nuevamente productos sin resolver la situación regulatoria; hacerlo puede agravar sanciones.

¿Necesitas un abogado para esto?

Si INVIMA sostiene la negativa y hay decomiso de lotes que afectan su negocio, la asesoría técnica-legal es recomendable: un abogado que coordine peritos y gestione recursos administrativos y contencioso-administrativos marca la diferencia. Si no tiene recursos, verifique la posibilidad de acceso a defensa pública; en casos de impacto económico relevante, el apoyo profesional suele compensar su coste.

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Preguntas frecuentes sobre este caso

Sí, pero debe presentar argumentos técnicos y probar la cadena de custodia. Si hay posibilidad de subsanación, solicite la devolución condicionada al cumplimiento de medidas técnicas.

Un certificado de buenas prácticas o libre venta del fabricante es una prueba útil, pero INVIMA lo valorará junto con otros documentos técnicos y análisis de laboratorio.

Pida la cadena de custodia y el protocolo analítico. Si detecta irregularidades, solicite contraprueba por laboratorio acreditado y aporte informes técnicos que cuestionen la metodología aplicada.

Si la observación es de etiquetado o documentación subsanable, generalmente puede corregir y volver a presentar la solicitud, aportando evidencia del cambio.

Primero suele agotarse la vía administrativa mediante recursos y solicitudes de subsanación; si esto fracasa, la impugnación procede ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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