En Colombia las parejas LGTBIQ+ tienen acceso a muchas de las figuras de filiación y protección familiar: pueden casarse, convivir y adoptar, siempre que cumplan los mismos requisitos que cualquier persona. Lo que condiciona su situación son las pruebas de filiación, el reconocimiento voluntario y, para adopción, la idoneidad evaluada por el ICBF; el primer paso es decidir la vía de filiación y asesorarse sobre documentación necesaria.
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Si usted y su pareja son LGTBIQ+ y desean proteger la filiación o criar hijos, la ley colombiana permite varias opciones, pero cuál procede depende de tres factores: la situación biológica del niño (si es hijo de una de las partes, fruto de reproducción asistida o viene por adopción), la vía de filiación que elijan (reconocimiento voluntario, adopción, o inscripción de filiación por sentencia), y el estado civil o convivencia de la pareja. Si el niño es hijo biológico de una de las partes, el reconocimiento voluntario es la vía más directa para que la otra parte obtenga vínculos jurídicos complementarios; si desean adoptar, deben pasar por los mismos filtros que cualquier solicitante y la autoridad evaluará idoneidad. Lo que determina su derecho es la prueba documental y las decisiones administrativas o judiciales que formalicen la filiación.
Qué puede hacer sola: reconocimiento voluntario, reunir y presentar documentos, solicitar información en el registro civil. Cuándo pedir abogado: si hay negativa al reconocimiento, conflicto con la otra parte, adopción con complicaciones internacionales, o necesidad de reclamar derechos de custodia.
1) Acuerdo y reconocimiento: lo habitual cuando una de las partes es progenitor biológico y existe voluntad de las dos partes. Se evita el litigio y se registra la filiación con rapidez.
2) Acuerdo con acompañamiento institucional: en varios casos se firma un acuerdo de custodia o un plan de crianza y se sigue un proceso de acompañamiento social. Ese acuerdo puede convertirse en la base para solicitar la adopción plena por la otra parte.
3) Demanda judicial: si no hay acuerdo, la vía será judicial para que un juez declare la filiación o la adopción. Si pierde la parte que demanda, puede quedar sin efectos la pretensión y el juez podrá imponer costas en casos de mala fe. Si gana, la filiación se inscribe y se generan derechos de custodia y pensión.
Y si gana, ¿cobro? Las cuestiones de filiación no “producen” cobros: lo relevante son los derechos (patria potestad, pensión, sucesión). Una sentencia que declare filiación permite solicitar prestaciones derivadas, pero su ejecución depende de la situación económica de la otra parte.
Si lo que busca es un reconocimiento voluntario y hay acuerdo entre las partes, puede gestionar trámites sin abogado. Necesitará un abogado cuando la otra parte se niegue, cuando haya disputa por custodia, o cuando le ofrezcan un acuerdo económico: ahí vale la pena la asesoría. Muchas personas califican para asistencia de defensoría pública si no tienen recursos.
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Sí, pero el procedimiento práctico depende de si hay reconocimiento voluntario y de la figura legal que se busque: reconocimiento, adopción o medida judicial que declare la filiación. En la práctica, el reconocimiento voluntario por la persona que es progenitora es la vía más simple; si eso no ocurre, hay que recurrir a la vía judicial.
No necesariamente. La unión marital de hecho y otros acuerdos pueden proteger derechos; sin embargo, formalizar la unión facilita el acceso a ciertos trámites y prueba de convivencia, por lo que suele recomendarse regularizar la situación civil.
Un acuerdo privado sirve como prueba, pero no sustituye la inscripción registral o la decisión judicial cuando se necesita titularidad de derechos como patria potestad o sucesión. Es un buen primer paso, pero conviene formalizarlo.
Legalmente la orientación no debe ser motivo de negativa; la autoridad evalúa idoneidad y mejor interés del menor. No obstante, la evaluación es estricta, como para cualquier solicitante.
Sí, puede servir si se exporta y se aporta en el expediente. Pero lo ideal es formalizar el acuerdo ante notaría o juez para que tenga efecto jurídico pleno.
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