Denuncia por uso de documentos falsos ante Hacienda

¿Tienes razón?

La solidez de una acusación por uso de documentos falsos ante Hacienda se decide por estas cuatro cosas: qué documento se considera falso (factura, certificado, documento soporte), si el documento tuvo efectos tributarios (reducción de impuestos o devolución) y si la administración puede demostrar perjuicio fiscal, la existencia de peritaje o análisis contable que muestre alteraciones y la intención de evadir. La DIAN y otras autoridades valoran la cadena documental: si una factura falsa se usó para disminuir la base imponible y la administración puede probar que la transacción nunca existió, la sanción puede ser administrativa y, en casos, derivar en investigación penal por fraude.

Su buena fe importa: si usted actuó con diligencia razonable —por ejemplo, conservando contratos y verificando al proveedor— eso puede mitigarlo. La calidad de la contabilidad y las políticas internas de control contable también influyen: empresas con controles débiles tienen mayor exposición.

No tener los originales o no conservar comprobantes contables complica la defensa, pero la Administración debe probar la falsedad y el perjuicio fiscal; su labor será mostrar documentación que justifique la operación y la razón de la deducción o el crédito.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia del oficio, resolución o del expediente administrativo que contiene la imputación. Necesita conocer exactamente qué se le atribuye y en qué ejercicios o periodos.

1. Reúna todos los documentos que justifiquen la operación: contratos, órdenes de compra, correos, confirmaciones de servicio, comprobantes de pago con rastros bancarios y cualquier documento que demuestre la prestación del bien o servicio.

1. Solicite acompañamiento contable: un contador que aporte un informe que explique la práctica contable utilizada y la razón por la que se practicó la deducción o crédito.

1. Si la DIAN o autoridad ordenó improcedencia o sanción, evalúe los recursos administrativos disponibles y la posibilidad de presentar pruebas nuevas. El derecho de petición es útil para obtener información del expediente.

1. Si la autoridad inicia investigación penal o determina indicios de criminalidad, busque un abogado penalista especializado en derecho tributario. En paralelo, puede valorarse la negociación en sede administrativa.

1. Considere la conciliación en derecho si procede como requisito previo a una demanda civil; en materia tributaria, muchas veces hay procedimientos administrativos que agotan la vía administrativa antes de la judicial.

Acciones que usted puede hacer solo: pedir copia del expediente por derecho de petición, recopilar contratos y comprobantes y solicitar informe contable. Acciones que requieren abogado: defensa en investigación penal, presentación de impugnaciones administrativas complejas y negociación con la autoridad tributaria.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una aclaración y subsanación: si puede aportar pruebas de la existencia de la operación, la autoridad puede aceptar la documentación y desistir de sanciones. La corrección administrativa y la aportación de pruebas a menudo resuelven muchos casos.

2) Acuerdo administrativo: puede negociarse una corrección de la liquidación tributaria o un acuerdo que reduzca la sanción administrativa. Un acuerdo puede evitar procedimientos largos, pero conviene evaluar su impacto contable y reputacional.

3) Investigación penal o sanción firme: si la autoridad mantiene la versión de falsedad con indicios de dolo, puede iniciarse una investigación penal o imponerse sanciones administrativas severas. En un proceso penal, la consecuencia puede incluir sanciones distintas a las administrativas; en el ámbito tributario, la sanción administrativa puede conllevar multas y cargas adicionales. Si usted pierde la impugnación administrativa, podrá agotar la vía judicial.

Si gana, ¿cobro o devolución? Si la autoridad ordenó cargas indebidas y usted obtuvo una decisión favorable, podrá recuperar sumas pagadas indebidamente mediante los mecanismos previstos, sujeto a la capacidad de la entidad y los requisitos procesales.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comprobantes de pago y contratos que justifiquen la operación.
• Destruir documentación contable sin respaldo.
• No consultar a un contador antes de contestar la autoridad.
• No solicitar copia del expediente ni agotar recursos administrativos.
• Admitir responsabilidad por escrito sin asesoría, lo que puede dificultar la defensa posterior.