Deseo impugnar pliegos de una contratación pública

¿Tienes razón?

Para saber si puede impugnar pliegos deben valorarse tres cosas: (1) el contenido concreto de los pliegos y si incluyen requisitos que no se justifican con la naturaleza del contrato; (2) si la entidad aplicó la normatividad de contratación y los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva; y (3) el perjuicio concreto que usted sufrió: por ejemplo, quedar inhabilitado para presentar oferta o perder ventajas competitivas. Si los pliegos contienen cláusulas que favorecen a un oferente concreto, exigen documentación no prevista por la norma, o imponen exigencias desproporcionadas frente a la prestación contratada, usted tiene motivos para impugnarlos. No basta con que no le gusten: debe poder señalar en qué punto los pliegos violan la ley o los principios administrativos.

Además hay que revisar el procedimiento de publicación y las aclaraciones: si la entidad respondió mal o no respondió a un pedido de aclaración relevante, eso refuerza su caso. Guarde toda comunicación, publicaciones en el SECOP o en la página de la entidad y las versiones de los pliegos: la comparación entre versiones suele ser determinante.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación. Copia íntegra de los pliegos, numerales concretos que impugna, pruebas de publicación, las consultas o aclaraciones que hizo y las respuestas (si las hubo). Si ya preparó oferta, incluya los documentos que demostrarían que usted cumplía.

1. Prepare un escrito de impugnación dirigido a la entidad contratante. En ese escrito explique punto por punto la cláusula que considera ilegal o injustificada, fundamente por qué vulnera los principios de la contratación pública y adjunte la prueba. Solicite la corrección o la suspensión del proceso si procede. La entidad, por lo general, debe tramitar las solicitudes de aclaración y las impugnaciones; utilice el derecho de petición si necesita obtener documentación adicional de la entidad.

1. Si la respuesta de la entidad le es adversa o no responde, el siguiente paso es agotar los recursos administrativos previos que exija la ley de contratación aplicable o acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa si la vía lo permite. En muchos procesos hay instancias previas de reconsideración o recursos jerárquicos dentro de la misma entidad.

1. Si el proceso ya avanzó y fue adjudicado, valúe si es viable solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación en la jurisdicción contencioso administrativa; para eso necesitará demostrar que la irregularidad en los pliegos afectó el resultado del proceso.

Qué puede hacer usted solo hoy: recoger toda la prueba, redactar y presentar la impugnación ante la entidad y solicitar, por derecho de petición, el expediente completo del proceso. Qué debe dejar para un profesional: la evaluación técnica de la argumentación legal para la impugnación y la representación en la jurisdicción contencioso administrativa si la cuestión llega a juicio.

Qué puede pasar

1) Arreglo administrativo. La entidad puede corregir el pliego o aclarar las exigencias, lo que suele resolver el conflicto sin necesidad de litigar. A veces la entidad modifica las condiciones y reabre la convocatoria.

2) Acuerdo o retroceso del proceso. Puede lograrse una modificación formal mediante un acto administrativo que permita su participación. Un acuerdo administrativo es rápido y evita la incertidumbre de la demanda.

3) Vía judicial. Si recurre a la jurisdicción contencioso administrativa, el juez puede anular las actuaciones viciadas o confirmar la actuación de la entidad. Si pierde la demanda, asumirá el riesgo procesal: normalmente, la parte que pierde puede ser condenada al pago de costas procesales. Si gana, es posible que reciba una orden para que la entidad rectifique o reponga el procedimiento. Tenga presente que una sentencia favorable solo es útil si la entidad puede cumplir: contra actos administrativos se consiguen sentencias obligatorias, pero la ejecución práctica puede requerir pasos adicionales.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia que anula una adjudicación no garantiza un beneficio económico automático; su utilidad práctica es que se restablece la legalidad del procedimiento y, en su momento, podrá participar en condiciones corregidas o solicitar medidas que reparen el perjuicio, siempre dependiendo de la solvencia y de la posibilidad de la entidad para ejecutar lo ordenado.

Errores que arruinan el caso

• Presentar impugnaciones vagas: no indique el numeral concreto ni la razón jurídica y fáctica de la invalidez.
• No conservar la cadena de comunicaciones y las versiones de los pliegos publicadas; perderá la capacidad de demostrar la manipulación o el cambio.
• No solicitar copia del expediente administrativo por derecho de petición: sin el expediente completo no podrá documentar irregularidades ocultas.
• Esperar pasivamente: ciertas actuaciones futuras (adjudicación) pueden limitar remedios efectivos.
• Firmar documentos de desistimiento o reconocer la legalidad del pliego sin asesoría: puede cerrar la puerta a impugnaciones posteriores.