Mi familiar abusó sexualmente de mi hijo/mi hija

¿Tienes razón?

Tres criterios fundamentales para determinar la solidez del caso:

1) Señales físicas y conductuales: lesiones genitales, sangrado, dolor al orinar, infecciones, pero también cambios conductuales (retrocesos en el desarrollo, regresión en el habla, pesadillas, miedo intenso a determinadas personas) son indicios que deben evaluarse por profesionales.

2) Relato del menor y coherencia: la declaración del niño, adaptada a su edad y recogida por personal especializado (psicólogo forense o defensor de familia), es esencial. La forma en que el menor cuenta los hechos, la consistencia y la congruencia con señales físicas y con otros indicios determinan la credibilidad.

3) Contexto y relación con el presunto agresor: que el agresor sea un familiar agrega riesgo de repetición y de ocultamiento. Si hay acceso continuo del agresor al menor (convivencia, custodias), la prioridad es romper ese contacto mediante medidas de protección.

Aunque la prueba física no siempre está presente, el relato del menor recogido por peritos especializados y las pruebas circunstanciales pueden bastar para abrir investigación y tomar medidas protectoras.

Cómo se soluciona

1) Proteja inmediatamente al menor. Sepárelo del presunto agresor y deje claro que no habrá contacto mientras se investiga. Si hay riesgo de fuga o violencia, pida la intervención de la Policía o de la Fiscalía.

2) Atención médica y registro forense. Lleve al menor a urgencias o a Medicina Legal para que se realice el examen correspondiente y la toma de muestras cuando proceda. Los equipos pediátricos y de Medicina Legal tienen protocolos para la atención de menores.

3) Denuncia ante Fiscalía y Defensoría de Familia. Presente la denuncia en la Fiscalía; si necesita orientación, acuda a la Casa de Justicia o a la Defensoría del Pueblo. La denuncia inicia medidas de protección y la investigación penal.

4) Informe a la autoridad de familia o a la entidad de protección. La Comisaría de Familia o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las comisarías locales intervienen para proteger los derechos del menor y evaluar el entorno familiar.

5) Recolección de pruebas y peritajes. Coordine la intervención de psicólogos y peritos que puedan entrevistar al menor en forma especializada (entrevista forense) y realizar valoración psicológica. La cadena de custodia de la prueba debe quedar clara.

6) Apoyo psicosocial. Busque atención psicológica especializada en violencia sexual infantil. El acompañamiento profesional es fundamental para la recuperación y para la recolección de un testimonio fiable.

7) Medidas cautelares y de protección. Solicite medidas que limiten la convivencia o el acceso del familiar al menor, como órdenes de alejamiento, cambios en custodia o medidas provisionales que protejan la integridad del niño.

Acciones que puede hacer sola hoy: separar físicamente al menor del agresor, recoger evidencias (mensajes, testigos), llevar al niño a atención médica y realizar la denuncia.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo: raramente es suficiente ni aconsejable cuando hay abuso infantil por familiar. Los acuerdos informales no garantizan la protección futura del menor ni su reparación.

2) Acuerdo o conciliación: en delitos graves contra menores la conciliación extrajudicial no es la vía preferente ni adecuada; las autoridades suelen intervenir de oficio para proteger al niño, y la Fiscalía puede continuar investigaciones aunque la familia busque acuerdo.

3) Juicio penal: la investigación puede llevar a juicio contra el familiar. En el proceso, los peritajes psicológicos de expertos en infancia y la documentación médica son decisivos. Una condena penal puede implicar pena privativa de la libertad y medidas de protección para el menor.

Si el agresor no tiene capacidad de pago, una sentencia no garantiza reparación económica; sin embargo, las medidas judiciales pueden apartarlo del entorno y limitar su contacto.

Errores que arruinan el caso

• Volver a poner al menor en contacto con el presunto agresor antes de las decisiones judiciales: arriesga al niño y puede borrar pruebas y testimonios.
• Forzar o inducir el relato del niño: las entrevistas deben hacerlas profesionales para evitar sugestión y nieblas.
• No documentar lesiones o signos conductuales: perder el reporte médico y las evaluaciones psicológicas reduce la evidencia.
• Ocultar la denuncia por miedo a la estigmatización familiar: la ocultación facilita la impunidad y el riesgo de nuevas agresiones.