La víctima es menor de edad y no sé cómo actuar

¿Tienes razón?

Cuando la víctima es menor, la respuesta del sistema debe centrarse en la protección integral del niño y en garantizar su salud física y emocional. Tres elementos determinan las decisiones: el riesgo presente para el menor (si convive con el presunto agresor o si hay amenaza de contacto continuado), la existencia de signos físicos o psicológicos de abuso, y la capacidad de la familia para garantizar su seguridad. Ante una sospecha fundada, las autoridades (Comisaría de Familia, ICBF, Fiscalía) están obligadas a intervenir para proteger al menor, ofrecer atención y abrir investigación. No es necesario esperar a una denuncia formal por un adulto: cualquier persona que tenga conocimiento de abuso puede denunciar y las instituciones deben actuar.

La protección incluye medidas inmediatas —separación del presunto agresor del entorno del menor si es necesario—, atención médica y psicológica, y la apertura de rutas de atención psicosocial. Además, la familia debe evitar revictimizar al menor: no forzar la narración, evitar confrontaciones y procurar un entorno estable.

Cómo se soluciona

1. Atención médica y protección inmediata.

• Lleve al menor a un servicio de salud para atención y valoración forense si procede. El personal de salud puede recoger evidencia, brindar tratamiento y emitir los certificados médicos necesarios. Si hay signos de urgencia, el personal médico debe activar protocolos de protección.

1. Denuncie ante la autoridad competente.

• Denuncie en la Fiscalía o en una Comisaría de Familia. Si hay riesgo inminente, comuníquelo al ICBF. La denuncia puede hacerla cualquier persona que tenga conocimiento del hecho; la autoridad activará medidas de protección y la investigación.

1. Proteja la cadena de custodia y la integridad del menor.

• Evite que el menor sea sometido a múltiples entrevistas repetitivas. Pida que las declaraciones se tomen por personal capacitado y que se coordine la intervención entre instituciones para minimizar el impacto en el niño.

1. Solicite medidas sociojurídicas y acompañamiento.

• Pida medidas de alejamiento del presunto agresor, órdenes de protección y que se garantice alojamiento seguro si la convivencia representa riesgo. Procure la intervención de servicios psicosociales y, si procede, acompañamiento en la escolaridad y atención especializada.

1. Coordine con instituciones.

• El ICBF, la Comisaría de Familia y la Fiscalía trabajan coordinadamente en casos de menores. Solicite que se active la ruta de protección, la evaluación psicosocial y que se informe sobre los pasos del proceso.

Qué puede hacer hoy: llevar al menor a salud, documentar signos visibles, anotar fechas y evitar que el menor hable repetidamente sobre el abuso para no revictimizarlo.

Qué puede pasar

1) Medidas de protección y atención inmediata.

• Las autoridades pueden decidir medidas de protección para separar al menor del presunto agresor, ordenar atención médica y psicológica y otorgar acompañamiento psicosocial. Estas medidas buscan garantizar la seguridad del menor mientras avanza la investigación.

2) Intervención administrativa del ICBF o la Comisaría de Familia.

• Cuando hay riesgo para el menor, el ICBF puede intervenir con programas de protección, evaluar la familia y proponer medidas que aseguren el bienestar del niño, incluida la remoción temporal si la familia no ofrece garantías.

3) Investigación penal y posible proceso contra el presunto agresor.

• La Fiscalía investigará y podrá formular cargos si hay evidencia suficiente. El proceso penal incluye prácticas forenses y evaluaciones que buscan determinar responsabilidad por el delito.

En cualquier resultado, la prioridad debe ser el bienestar del niño y la garantía de tratamiento profesional. Si la persona condenada no puede pagar una reparación, el Estado puede activar garantías para la atención inmediata del menor, pero la efectividad depende de los recursos y de la gestión institucional.

Errores que arruinan el caso

• Forzar al menor a narrar el abuso varias veces: revictimiza y puede contaminar la prueba.
• No buscar atención médica inmediata: se pierde evidencia física y la atención temprana es crucial para la recuperación.
• Confrontar públicamente al sospechoso o difundir el nombre del menor: esto perjudica al niño y puede vulnerar su derecho a la intimidad.
• No coordinar con las instituciones competentes y actuar de forma aislada: la intervención fragmentada puede dejar vacíos de protección.