No pueden cobrar a sus familiares por una deuda que no sea de ellos. Lo que importa es si en algún momento cedieron datos, figuraron como avalistas, o si hay confusión de identidad. Primer paso: reunir pruebas de que la persona a la que llaman no es deudora, pedir por escrito el motivo de la llamada y exigir que cesen los contactos indebidos. Si no paran, presente reclamación ante la Superintendencia Financiera y evalúe acciones por vulneración de datos o acoso de cobranza.
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Su posición se sostiene si se cumplen tres condiciones: 1) la persona contactada no figura en contratos, no es avalista ni codeudor, y no ha autorizado tratar sus datos; 2) la entidad o la empresa de cobranza no tiene prueba de vínculo contractual o autorización para comunicarse con esa persona; y 3) los contactos se hacen de forma reiterada o invasiva que pueda configurar acoso o vulneración de datos personales.
Las entidades financieras y las empresas de cobranza solo pueden contactar a terceras personas para obtener información necesaria para localizar al deudor, y deben hacerlo conforme a la regulación de protección de datos y las normas de cobranza. No pueden usar a terceros como responsables del pago salvo que exista autorización o figura jurídica que lo obligue (avalista, codeudor, fiador). Si su familiar no tiene ese vínculo, la cobranza es indebida.
También influye si la entidad obtuvo los datos por medio lícito. Si le llamaron porque el deudor proporcionó el número de su familiar como referencia, la entidad puede contactar a esa referencia para ubicar al deudor, pero no puede insistir en reclamar el pago. Si le piden pagar, exija prueba de la obligación. Si la entidad divulga información sensible sobre la deuda en llamadas con terceros, puede incurrir en violación de la normatividad de datos personales.
1) Reúna pruebas. Guarde registros de llamadas (horas, números), mensajes, correos, y anote nombres de los agentes que llaman. Si hay grabaciones o mensajes, expórtelas y guárdelas. Solicite por escrito a la entidad el detalle de la relación jurídica que la vincula con la persona que supuestamente adeuda.
2) Exija por escrito que cesen las llamadas. Diríjase a la entidad y a la empresa de cobranza con una carta o derecho de petición en la que explique que la persona contactada no es deudora, solicite la prueba de la obligación y pida la supresión o bloqueo de los datos personales de su familiar para evitar más contactos. Solicite radicado.
3) Presente reclamación ante la Superintendencia Financiera y, si procede, ante la autoridad de protección de datos (quien tenga competencia en Colombia para control de datos personales) denunciando el acoso y la vulneración de datos personales. Adjunte todas las pruebas y la constancia de su petición a la entidad.
4) Si hay daño moral o reputacional, valore una demanda civil por daños y perjuicios. Un abogado puede ayudar a cuantificar el daño y presentar pruebas en un proceso civil. También puede combinarse con denuncia penal si la actuación incluye suplantación de identidad o fraude.
5) Busque medidas cautelares si la actividad de cobranza es intensa y causa perjuicio grave. Un abogado puede solicitar medidas cautelares para que la entidad se abstenga de continuar con los contactos mientras se decide el fondo del asunto.
Qué puede hacer ahora sin abogado: pedir por escrito a la entidad que cese la comunicación con su familiar, exigir la prueba de la deuda y conservar todas las comunicaciones como prueba.
1) Se arregla con una carta y cesan las llamadas. Con frecuencia, una petición formal y bien documentada hace que la entidad suspenda los contactos y corrija la base de datos.
2) Acuerdo. Si existe una confusión que implica un error en bases de datos, la entidad puede corregir la información y ofrecer disculpas o una compensación negociada. Si su familiar sufrió perjuicio, el acuerdo puede incluir reparación por daño moral.
3) Juicio. Si la conducta persiste, puede demandarse por vulneración de datos personales, acoso en cobranza y daño moral. Si pierde la demanda, asumirá las costas; si gana, podrá obtener indemnización y una orden judicial que prohíba nuevos contactos. En casos de suplantación o fraude, la vía penal también es aplicable.
Y si gano, ¿cobro? El cobro de una indemnización depende de la prueba del daño y de la capacidad de la entidad para responder. Muchas resoluciones que condenan a empresas de cobranza terminan con pago de indemnizaciones por daño moral y órdenes de rectificación en bases de datos.
La primera carta para que cesen las llamadas la puede presentar su familiar sin abogado y muchas veces basta. Necesitará abogado si la entidad no respeta la solicitud, si quiere demandar por daño moral o vulneración de datos, o si hay indicios de fraude o suplantación. Si la conducta califica para justicia gratuita, infórmelo: puede acceder a representación sin costo.
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Sí, las entidades pueden contactar referencias para ubicar al deudor, pero no pueden reclamar el pago a esas personas ni divulgar información sensible. Si la comunicación pasa a ser de cobranza o se hace repetitiva, es indebida.
Documente la divulgación y preséntela como prueba en la reclamación ante la Superintendencia y ante la autoridad de protección de datos. La divulgación pública puede ser base de demanda por daño moral.
Bloquear ayuda momentáneamente, pero debe presentar la petición formal a la entidad y exigir la corrección de la base de datos. Bloquear sin gestionar puede permitir que la conducta persista por otros canales.
Sí, si se demuestra daño moral o reputacional. La cuantificación y probanza del daño requieren análisis y, en muchos casos, asesoría legal para formular la demanda.
Además de la Superintendencia Financiera para la conducta de entidades vigiladas, puede acudir a la autoridad competente en protección de datos personales en Colombia para denunciar la vulneración y pedir medidas de corrección.
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