No me pagan certificaciones de obra civil ejecutada

¿Tienes razón?

Su derecho a cobrar depende de tres elementos básicos:

1. La existencia de certificaciones expedidas y firmadas por el interventor, supervisor o el funcionario competente que reconozcan la obra o avance. Una certificación debidamente expedida es la principal prueba del derecho al cobro.

1. Actas de recibo y aprobaciones. Si hay acta de obra recibida o informe de conformidad, eso fortalece su posición. En contratos estatales hay procedimientos formales de liquidación y recepción que, si se siguieron, facilitan el cobro.

1. El cumplimiento de condiciones contractuales: plazos, calidad y trámites para presentar la certificación. Si la entidad invoca fallas formales en la presentación, habrá que demostrar que usted cumplió o regularizó la documentación.

Si dispone de certificaciones firmadas y documentación de entrega, su reclamación es sólida. Si las certificaciones no están firmadas o la interventoría niega conformidad, su caso dependerá de prueba pericial y documental.

Cómo se soluciona

1. Reúna documentación (usted solo). Conserve certificaciones, copias de contratos, órdenes de cambio, actas de recepción, informes de interventoría, correspondencia y comprobantes de envío. Si se presentó por correo o por un sistema, obtenga constancia de recibido.

1. Reclamo formal y solicitud de liquidación (usted solo). Envíe requerimiento de pago a la entidad o contratante pidiendo la liquidación y pago de la certificación con constancia de recibido. En contrataciones estatales, use los mecanismos previstos para exigir trámite administrativo.

1. Gestión ante la interventoría o supervisor (usted solo o con asesoría técnica). Solicite un pronunciamiento sobre la certificación y pida que aclaren motivos de rechazo si los hubo. Un informe técnico favorable puede destrabar el pago.

1. Conciliación o reclamación administrativa (usted o con abogado). Ante entidades públicas, puede agotar recursos internos o reclamar en instancia administrativa previa si corresponde. En contratos privados, la conciliación extrajudicial puede ser requisito y útil para asegurar pago parcial.

1. Demanda de cumplimiento y cobro (abogado). Si no hay solución, la acción típica es una demanda por incumplimiento contractual, acompañada si procede de medida cautelar para asegurar el proceso de cobro. En casos contra entidades públicas, las vías incluyen la acción de cumplimiento o la jurisdicción correspondiente según la materia.

1. Ejecución de la sentencia y medidas cautelares (abogado). Tras sentencia favorable, se procede a embargos y ejecución; antes de la sentencia, puede solicitar medidas cautelares para evitar que la entidad distraiga recursos.

Qué puede pasar

1. Pago tras requerimiento administrativo o técnica. Muchas entidades pagan una vez que se presenta la documentación que falta o que la interventoría corrige salvedades.

1. Acuerdo o reconocimiento parcial. A menudo se consigue pago parcial ajustado a observaciones técnicas y un cronograma de pagos que asegura flujo.

1. Juicio y ejecución. Una sentencia a su favor le da título ejecutivo; pero si la entidad pública alega falta de presupuesto o recursos, la ejecución practica procedimientos especiales. Si la demanda se pierde, puede asumir costas y gastos procesales.

Y si gana, ¿cobra? Contra entidades solventes es más factible cobrar, aunque la tramitación puede ser lenta; contra privados, depende de la solvencia y de la posibilidad de embargar bienes.

Errores que arruinan el caso

• No conservar certificaciones originales, hojas de vida del interventor o actas de recibo.
• No documentar órdenes de cambio o solicitudes adicionales que aumenten el valor del contrato.
• En contratos estatales, no agotar los recursos administrativos cuando son obligatorios.
• No coordinar con la interventoría para subsanar observaciones antes de demandar.
• Firmar actas de conformidad con reservas mal redactadas que parezcan renuncia al cobro.