Mi hijo fue dado en adopcion sin mi autorizacion

¿Tienes razón?

Tres factores determinan si la adopción que denuncia es inválida o ilegal: 1) si usted mantenía la patria potestad o la custodia en el momento en que se inició el trámite; 2) si se siguieron los procedimientos legales de entrega y autorización establecidos por las entidades de adopción y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o autoridad competente; y 3) si hubo engaño, fraude o incumplimiento de los requisitos legales, como la falta de consentimiento informado. Si usted es progenitor con patria potestad y no firmó ni autorizó la entrega, su posición suele ser fuerte. Si, en cambio, existe una medida judicial que le privó de la patria potestad, la adopción puede haberse hecho conforme a la decisión judicial.

También existe la posibilidad de que mediara un procedimiento irregular: falsificación de firmas, coacción, intermediarios que aprovecharon su ausencia o trámites fuera de la vía institucional. En esos casos hay indicios tanto civiles como penales y administrativos.

Cómo se soluciona

1. Localice el expediente y la información. Consulte con el ICBF y la entidad de adopciones que aparece asociada al caso para saber si existe trámite abierto o finalizado. Pida copia del expediente administrativo. Si no logra respuesta por correo, presente un derecho de petición para solicitar información y que le entreguen copia de las actuaciones.

1. Reúna prueba de su relación con el menor. Documentos a buscar: registro civil de nacimiento, pruebas de filiación (si las tiene), fotos, mensajes, registros médicos y cualquier evidencia de convivencia o cuidado. Si existen pruebas de coacción, amenazas o fraude, recójalas: mensajes, testigos, recibos, contratos o comprobantes de entrega.

1. Presente una acción de tutela si existen indicios de vulneración de derechos fundamentales del niño o su derecho a la identidad. La tutela puede pedir medidas provisionales de protección y la suspensión de actos adoptivos mientras se esclarece la situación. La tutela no exige abogado.

1. Denuncie los hechos ante la Fiscalía si sospecha de falsedad, tráfico de menores o fraude. La investigación penal puede paralizar o anular actos si se demuestra la ilicitud. Paralelamente, si el proceso de adopción está en trámite administrativo, impugne las actuaciones mediante los recursos que procedan o solicite la revisión del acto ante la autoridad competente.

1. Consiga apoyo institucional y asesoría legal. La Defensoría del Pueblo, la Personería y la Secretaría de la Mujer o de Familia pueden acompañar y gestionar medidas de protección. Busque asesoría legal especializada en derecho de familia y en adopciones para evaluar impugnaciones y acciones administrativas.

Qué puede pasar

1) Se corrige administrativamente: si se demuestra que faltó consentimiento o hubo irregularidades, la autoridad puede suspender o anular el procedimiento y restituir al menor a su familia. Muchas veces estas correcciones se logran tras solicitudes formales y mediación institucional.

2) Acuerdo o mediación. En algunos casos se llega a un acuerdo asistido por instituciones, que puede incluir medidas de protección, seguimiento psicosocial y evaluación de la idoneidad para la crianza. Un acuerdo puede proteger al menor y permitir una reintegración paulatina.

3) Investigación penal y judicialización. Si hay indicios de delitos (falsedad, tráfico, coacción), la Fiscalía puede abrir investigación. Si se dicta una medida que afecta la adopción, el proceso puede quedar paralizado. Si usted pierde en sede administrativa o judicial, todavía podrá impugnar según las vías procedimentales, pero la efectividad práctica dependerá de decisiones judiciales y administrativas.

Y si gana, ¿cobro? No se trata de una compensación económica por recuperar al niño: la sentencia o la decisión busca restituir derechos y tomar medidas de protección. La ejecución depende de la capacidad de las instituciones para implementar el fallo.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar de inmediato copia del expediente administrativo o no presentar derecho de petición; dejar pasar la disponibilidad de pruebas.
• Firmar documentos sin leer o aceptar intermediarios que proponen trámites “rápidos”.
• No denunciar indicios de falsedad o coacción; esperar que todo se aclare por sí mismo.
• Buscar al niño por su cuenta sin coordinación institucional, lo que puede perjudicar la investigación.