Operaciones con fideicomisos bajo sospecha

¿Tienes razón?

Cuando un fideicomiso aparece en una investigación por blanqueo, no significa automáticamente que todos los que participaron cometieron un delito. Lo que decide la fiscalía o el juez es la congruencia entre la finalidad declarada del fideicomiso, las operaciones registradas y la existencia de beneficiarios finales. Las cuestiones clave son: cuál es la causa económica del fideicomiso, si las aportaciones fueron justificadas por contratos o facturas, la coincidencia entre los movimientos y las declaraciones fiscales, y la transparencia en la identificación de los beneficiarios.

Si el fiduciario actuó conforme al contrato y existe documentación que respalde las operaciones, la exposición penal de los intervinientes disminuye. En cambio, si el fideicomiso se utilizó para encubrir transferencias opacas, desvío de fondos o simulación de operaciones, la intervención penal puede ser intensa. La complejidad jurídica del fideicomiso y la existencia de estructuras transnacionales también aumentan el escrutinio.

Otro elemento determinante es la colaboración: si podés explicar con documentos y peritajes la razón económica legítima de cada operación y las cuentas de origen, tu posición mejora.

Cómo se soluciona

1. Reuní el contrato de fideicomiso y todos los documentos complementarios: actas, certificados de aportes, constancias de transferencias, comprobantes de pago y cualquier respaldo de las operaciones vinculadas.

1. Identificá a todas las partes: fiduciantes, fiduciario, beneficiarios y terceros relacionados. Obtené documentación que pruebe la identidad y la función económica de cada uno.

1. Ordená un flujo de fondos que muestre desde el aporte inicial hasta la aplicación final de los recursos dentro del fideicomiso. Vinculá cada egreso con una razón económica: pago a proveedores, inversiones, compraventa de inmuebles, etc.

1. Contá con un perito contable o especialista en compliance para elaborar informes que expliquen la estructura, la cadena de valor y la transparencia de las operaciones. Un dictamen técnico hace más comprensible la mecánica del fideicomiso ante la fiscalía.

1. Revisá si el fiduciario cumplió obligaciones de prevención de lavado: identificación de clientes, reporte de operaciones sospechosas y debida diligencia. Si hubo fallas en compliance, el fiduciario puede estar en problema, y eso afecta a los fiduciantes y beneficiarios.

1. Conservá pruebas de la existencia de contraprestaciones: facturas, contratos de servicios o ventas, y documentación que muestre que el fideicomiso no fue usado para simular operaciones.

1. Si el fideicomiso integra instrumentos internacionales, documentá la función económica de cada estructura y acreditá la trazabilidad desde el origen de los fondos en el país de origen.

1. Evitá disponer bienes o cambiar estructuras sin asesoramiento: movimientos intempestivos pueden interpretarse como intento de ocultamiento.

1. Si la fiscalía pide medidas cautelares sobre bienes del fideicomiso, consultá la posibilidad de ofrecer garantías o facilitar la auditoría mediante peritos independientes.

Qué puede pasar

1) Se arregla con aclaración documental. Aportando contratos, justificantes y peritajes que expliquen la finalidad económica, muchas investigaciones se encauzan sin imputaciones severas a todos los intervinientes. La fiscalía puede archivar o limitar la investigación a determinados sujetos.

2) Acuerdo técnico o reparación. A veces se pacta una salida que combina la aclaración documental con medidas correctivas, como la actualización de registros, ajustes fiscales o la implementación de controles de cumplimiento en el fiduciario.

3) Juicio y responsabilidad de determinados intervinientes. Si se demuestra que el fideicomiso se usó para ocultar beneficiarios o para canalizar fondos ilícitos, puede haber imputaciones penales. En ese caso, la carga de probar la legitimidad recae en los defensores. Incluso con una sentencia favorable, la ejecución práctica respecto de bienes puede complicarse si los activos cambiaron de forma.

Sobre la ejecución de responsabilidades civiles o administrativas: la resolución penal puede derivar en persecución patrimonial para reparar daños.

Errores que arruinan el caso

• No conservar contratos y comprobantes de aportes: sin ellos es difícil probar la razón de las operaciones.
• No identificar claramente a los beneficiarios: la opacidad eleva la sospecha.
• Cambiar titularidad de bienes sin documentación que explique la razón económica.
• Confiar en señales verbales o en acuerdos informales: necesitás documentación escrita.