Mi empresa ha sido sancionada por fallos en prevención del blanqueo

¿Tienes razón?

Una sanción por fallas en prevención del lavado no necesariamente implica que la empresa haya participado en delito; normalmente se sanciona la falta de medidas, controles o la omisión de reportes por parte de sujetos obligados. Lo que determina si la sanción es justa y potencialmente anulable son: la verificación de que existió obligación legal de hacer lo que no se hizo, la proporcionalidad de la medida frente a la falta, y la existencia o no de negligencia manifiesta o conducta dolosa.

• Si la empresa tenía protocolos razonables y la falta fue puntual (por ejemplo, error administrativo en una identificación), la sanción puede ser atacable o reducida.
• Si no existe ningún registro de procedimientos de prevención (sin KYC, sin registros de operaciones inusuales), la sanción será más difícil de revertir.
• Si la autoridad comprobó que hubo intención o reiteración en el incumplimiento, la consecuencia puede ser más grave y acompañada de informes a otras agencias.

La clave es la documentación: si podés mostrar que implementaste medidas, capacitaste al personal y actuaste de buena fe, tu posibilidad de rebatir la sanción mejora.

Cómo se soluciona

1. Solicitá copia completa del expediente administrativo: la resolución sancionatoria, el informe de la inspección y las pruebas en que se apoyan. Revisá con detenimiento los puntos concretos de incumplimiento señalados.

1. Reuní evidencia de los protocolos y su implementación: manuales de KYC (conocimiento del cliente), formularios de identificación, registros de capacitación del personal, actas de auditoría interna, registros de reportes de operaciones sospechosas y cualquier comunicación con sujetos obligados.

1. Documentá correcciones y medidas adoptadas desde la notificación: implementación de nuevos controles, cambios de software, contratación de oficial de cumplimiento, y cursos de formación. Fechá y respaldá con evidencias.

1. Presentá un recurso administrativo dentro de los canales previstos. El recurso debe ser técnico: explicar por qué la sanción es desproporcionada, adjuntar la prueba de cumplimiento y evidenciar la ausencia de dolo o la atenuación de la falta.

1. Considerá la mediación o la negociación con el organismo sancionador. En procedimientos administrativos muchas veces conviene acordar medidas de cumplimiento y planes de mejora que mitiguen la sanción.

1. Si el expediente advierte conductas penales, consultá con abogado penalista: la vía administrativa y la penal pueden seguir cursos distintos. La asistencia técnica es necesaria cuando se alega dolo o cuando la sanción implica informes a la UIF o a fiscales.

Acciones que podés hacer sin abogado: reunir protocolos, certificaciones de capacitación y documentación interna; presentar descargo administrativo básico. Acciones para abogado/consultor: plantear recurso técnico, negociar medidas correctivas, y coordinar respuesta ante eventuales derivaciones penales o fiscales.

Qué puede pasar

1) La sanción se revoca o reduce tras la presentación del descargo y la prueba de correcciones. Si acreditás que tenías protocolos y que la falta fue circunstancial, la autoridad puede reconsiderar la penalidad y requerir sólo medidas de subsanación.

2) Se confirma la sanción con exigencia de regularización. La autoridad puede mantener la multa pero aceptar un plan de cumplimiento que, una vez implementado, cierre el expediente administrativo. En muchos casos esta opción evita derivaciones penales.

3) Derivación a la vía penal o informes a otras autoridades. Si la investigación administrativa encuentra indicios de delito, la causa puede ser remitida a la UIF o a fiscales. En ese escenario habrá imputaciones y posibles medidas cautelares.

Y si ganás, ¿cobrás? En lo administrativo, ‘‘ganar’’ implica la anulación o reducción de la sanción y la posible restitución de fianzas si existen. Pero la reputación y los costos operativos ya pueden haber generado daño económico que no siempre se repara automáticamente.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente ni del informe inspector: no podés rebatir lo que no conocés.
• No documentar las medidas correctivas adoptadas con fecha cierta.
• Reconocer hechos sin limitarlos: una admisión amplia puede usarse en otras instancias.
• No coordinar con contador o oficial de cumplimiento antes de presentar descargos técnicos.
• Subestimar la posibilidad de derivación penal: tratar lo administrativo como un trámite menor cuando hay indicios de delito puede ser fatal.