La aseguradora exige consentimiento del asegurado tras su muerte

¿Tienes razón?

Tres cosas determinan si la aseguradora tiene fundamento para retener o negar el pago cuando exige “consentimiento” del asegurado fallecido.

1. La póliza y la designación de beneficiario: la póliza es el contrato. Si en ella figura un beneficiario designado válidamente, esa persona tiene derecho a cobrar salvo que exista una exclusión expresamente aplicable. En pólizas donde el beneficiario no está claro, hay que buscar documentos anexos o comunicaciones que prueben la voluntad del asegurado.

1. La causa de la muerte y las exclusiones: muchas pólizas contienen exclusiones (por ejemplo, muerte por acto doloso del beneficiario, suicidio en un plazo determinado desde la contratación, o fallecimiento en circunstancias excluidas). La aseguradora puede alegar una exclusión, pero la carga de probar que la exclusión opera suele recaer sobre la compañía.

1. Prueba y formalidades: la aseguradora puede pedir documentación para verificar identidad, parentesco o la realidad del siniestro. Eso no es “consentimiento” sino requisitos procesales y administrativos previstos en la póliza o en la normativa de consumo. Si exige firmas que el asegurado no puede dar (porque está muerto), la solicitud es inútil: lo que debe pedir son documentos que acrediten lo que pueda comprobable tras el deceso.

Si faltan documentos o la designación es ambigua, la posición del beneficiario es más débil. Si, en cambio, existe una designación clara y la causa de muerte no está excluida, la exigencia de un “consentimiento” post mortem no tiene sentido jurídico.

Cómo se soluciona

1. Reúne la documentación básica. Busca la póliza original o su copia, el certificado de defunción, el documento que designa beneficiario (si es distinto de la póliza), el DNI del asegurado y del beneficiario, y cualquier comprobante médico o policial relacionado con la causa de la muerte. Exporta conversaciones o correos donde el asegurado confirme beneficiarios o instrucciones.

1. Presenta la reclamación por escrito a la aseguradora y pide acuse de recibo. Adjunta copia de la documentación antes reunida. La carta debe describir brevemente los hechos, identificar la póliza y pedir el pago conforme a la designación, dejando constancia de que se aportan documentos. Conserva copia sellada o comprobante de envío.

1. Si la aseguradora responde con objeciones, contesta por escrito aportando lo que pidan en la medida de lo posible. Si argumentan una exclusión, solicita que indiquen cuál y que la fundamenten documentalmente.

1. Si no obtienes solución, utiliza el mecanismo de atención al cliente o el defensor del asegurado de la propia empresa. Si eso fracasa, presenta una reclamación ante la entidad supervisora correspondiente o ante INDECOPI si la conducta implica prácticas abusivas en consumo.

1. Si la controversia sigue, acude a conciliación extrajudicial ante un centro autorizado (requisito previo para muchas vías) y, si procede, demanda judicialmente. Un abogado ayuda a valorar la prueba y a litigar si la cuantía y la prueba justifican la vía judicial.

Lo que puedes hacer hoy sin abogado: organizar la documentación, enviar la reclamación por escrito y conservar constancias. Lo que conviene con abogado: impugnar peritajes, preparar demanda y representar en conciliación o juicio.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta: muchas veces la aseguradora paga tras recibir la documentación mínima (certificado de defunción, DNI, y prueba de beneficiario). Esto es frecuente cuando no hay exclusiones aparentes y la designación es clara.

1. Acuerdo o conciliación: si existe disputa sobre la causa de la muerte o sobre quiénes son los beneficiarios, las partes suelen cerrar un acuerdo donde la compañía paga una suma y ambas partes renuncian a futuras reclamaciones. Un acuerdo rápido evita el riesgo de litigio y el coste del proceso, aunque puede implicar aceptar menos de lo inicialmente pretendido.

1. Juicio: si la aseguradora niega el pago por una exclusión o por falta de prueba, puedes demandar. En juicio se examinan la póliza, pruebas médicas y peritajes. Si pierdes, podrías afrontar costas y gastos; si ganas, necesitas verificar si la compañía tiene bienes o recursos para ejecutar la sentencia: una sentencia es eficaz frente a una parte insolvente solo en la medida de su patrimonio.

Y si ganas, ¿cobras? Ganar en sentencia no garantiza liquidez inmediata: hay que ejecutar la decisión frente a la aseguradora y verificar activos. En la práctica, las compañías solventes pagan para evitar ejecución y costas.

Errores que arruinan el caso

• No conservar la póliza original ni copias firmadas. Sin la póliza es más difícil probar la cobertura y la designación.
• Entregar documentos originales sin copia o sin recibo: no dejes el único comprobante en manos de la aseguradora sin constancia.
• Firmar declaraciones admitiendo hechos que la aseguradora usa para negar cobertura (por ejemplo, reconocer un acto voluntario que encaje en una exclusión).
• No contestar por escrito a las solicitudes de la compañía: las conversaciones verbales no prueban nada.
• Desestimar la posibilidad de conciliación: intentar ir directo a juicio puede aumentar costes y demoras.