Nuestro depa se renta y mi ex se queda todas las rentas

¿Tienes razón?

La respuesta depende de tres asuntos clave: la titularidad del inmueble, el régimen matrimonial y el origen de los recursos que generaron o mantuvieron el inmueble. Si el departamento está dentro de la sociedad conyugal (adquirido con recursos comunes o adquirido durante el matrimonio y no probado como privativo), las rentas normalmente se consideran frutos o utilidades del bien común y, por tanto, forman parte del patrimonio dividido. Si, en cambio, el inmueble es privativo de su cónyuge —por ejemplo, proveniente de una herencia o donación destinada expresamente a él— las rentas pueden ser privativas.

También importe saber si las rentas se cobraron y se gastaron en el hogar: se distingue entre rentas pagadas al dueño para gastos del domicilio y rentas retenidas por uno de los cónyuges. Además, si durante el matrimonio se invirtió dinero común en mejoras o pago de la hipoteca, ese aporte da lugar a créditos de reintegro o a una mayor participación en la liquidación.

Lo que usted tiene a su favor es la documentación del contrato de arrendamiento, recibos, depósitos bancarios y cómo aparece el inmueble en el Registro Público de la Propiedad. Si la titularidad está a nombre de uno solo, no descarte que la prueba del origen de los fondos la haga ganancial.

Cómo se soluciona

1) Reúna contratos de arrendamiento y recibos. Pida al administrador o inquilino copia del contrato, recibos de pago y comprobantes de transferencia. Exporta las conversaciones donde se acuerdan las condiciones y fechas de pago.

2) Obtenga la escritura y constancia registral del inmueble. Con la copia de la escritura y la ficha del registro sabrá a nombre de quién está y si existe hipoteca o gravamen.

3) Junta estados de cuenta donde consten los depósitos de renta. Si las rentas ingresaron a cuentas personales del ex, obtenga esos estados y pruebe que los fondos eran producto del arrendamiento.

4) Detalle las aportaciones comunes al inmueble: pagos a hipoteca, reparaciones y mejoras. Reúna facturas, comprobantes fiscales y recibos de contratistas.

5) Intente un requerimiento por escrito con acuse de recibo solicitando información y reparto; lleve copia de la documentación que acredita su parte. Si eso no funciona, promueva la liquidación de la sociedad conyugal ante el juzgado familiar o la vía de conciliación que su estado exija.

Lo que puede hacer sin abogado: recopilar contratos, solicitar estados de cuenta y pedir copia de la escritura. Lo que aconseja un abogado: valorar si procede acreditar un crédito por aportaciones, calcular la proporción de los frutos y presentar la demanda de liquidación o ejecución del acuerdo.

Qué puede pasar

1) Arreglo directo con carta o convenio: el propietario puede aceptar repartir o compensar por escrito. Es lo más habitual cuando la prueba de su derecho es clara y el propietario quiere evitar litigio.

2) Conciliación o convenio judicial: las partes pactan un reparto y se homologa. El acuerdo puede fijar pagos periódicos, adjudicaciones o créditos. A veces aceptar una compensación menor que una sentencia puede convenir por la rapidez y certeza en el cobro.

3) Juicio de liquidación o reclamación de créditos: si no hay acuerdo se litiga. En juicio se puede pedir que las rentas sean imputadas al caudal común, o en su defecto un crédito por las aportaciones realizadas. Si gana pero la otra parte es insolvente, cobrar puede ser difícil; si la otra parte tiene bienes, la sentencia da paso a embargos.

Si gana, ¿cobras? Una sentencia a su favor es título ejecutivo para exigir pagos, pero depende de la existencia de bienes embargables o de ingresos del obligado. Por eso evaluar la solvencia del otro antes de litigar es importante.

Errores que arruinan el caso

• No guardar recibos o contratos de arrendamiento; sin ellos no se prueba la cuota de rentas.
• Permitir que las rentas se anoten como “préstamos” o “pagos de gastos” sin documentos.
• Aceptar acuerdos verbales o promesas de pago sin escritura ni comprobante.
• No solicitar copias de la escritura en el registro público: la titularidad es la base de la reclamación.
• Ignorar las mejoras pagadas con recursos comunes; eso puede costarle créditos de reintegro.