La valoración de una empresa suele discutirse cuando comprador y vendedor aplican metodologías o supuestos distintos. Lo que decide quién tiene razón es el contrato, las cláusulas de valuación, las evidencias contables y, en su caso, el dictamen de peritos independientes. Primer paso: revisa el contrato de compraventa y las cláusulas que establecen cómo se valora y ajusta el precio.
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Saber si la valoración que te ofrecen es correcta exige verificar:
Si el contrato fija un método, ese método prevalece salvo fraude o vicios. Si queda abierto, la discusión gira en torno a la razonabilidad de los supuestos y la calidad de la información.
Qué puedes hacer solo: reunir contratos y solicitar aclaraciones. Necesitarás abogado y valuador cuando la cuantía sea relevante, la contraparte rechace negociar o el contrato remite a arbitraje.
Puedes solicitar por escrito las explicaciones y reunir la documentación sin abogado. Será necesario contratar abogado y valuador cuando la discrepancia sea significativa, la contraparte se niegue a negociar o el contrato prevea arbitraje. Un abogado también es clave si buscas medidas cautelares para preservar activos o garantizar el pago.
Otros problemas frecuentes en expertos en derecho societario
Un peritaje propio tiene valor probatorio menor que uno independiente; es útil para la negociación, pero ante tribunales o árbitros la parte contraria propondrá su propio dictamen. Lo ideal es acordar un valuador independiente.
Sí. Las partes suelen acordar retenciones en escrow o cuentas de garantía para cubrir pasivos ocultos o ajustes pendientes. Si no se acordó en el contrato, proponlo por escrito como condición de cierre.
No hay un único método obligatorio; la objetividad se demuestra con exposición clara de supuestos, documentación y sensibilidad frente a variables. El flujo de efectivo descontado es técnico, los múltiplos son comparativos; la elección depende del negocio.
El arbitraje suele ser más rápido y técnico para disputas mercantiles y de valuación, pero depende del contrato. Revisa la cláusula compromisoria antes de iniciar cualquier acción.
Una sentencia favorable no garantiza el cobro automático. Si la empresa es insolvente, la ejecución dependerá de los activos disponibles y, en casos de fraude probado, podría buscarse responsabilidad de terceros responsables.
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