No me quieren reconocer el ajuste de costos

¿Tienes razón?

Tu derecho al ajuste de precios en contratos públicos se decide por varias cuestiones concretas:

1. Las cláusulas contractuales. Revisa si el contrato contiene una fórmula, índice o procedimiento para ajustes. Si existe, el ajuste se tramita conforme a ese mecanismo; si no, la autoridad puede argumentar que no procede.
2. Causas objetivas del aumento. Debes probar que hubo variación en insumos, mano de obra, tipo de cambio o condiciones de ejecución, según lo que el contrato reconozca. Pruebas típicas son cotizaciones, facturas de compra de materiales y documentación que demuestre variación de condiciones.
3. Notificación y trámite. El contrato suele exigir que notifiques la eventualidad que genera el ajuste y aportes documentación en tiempo. Sin notificación, la dependencia puede negar el ajuste por falta de procedimiento.
4. Evaluación técnica de la dependencia. La unidad técnica puede realizar peritajes o solicitar información adicional; si no demuestras la causalidad técnica, el ajuste será rechazado.

Si el contrato prevé ajuste y aportas datos que vinculen la variación con lo ejecutado, tu posición se fortalece. Si el contrato está silencioso, la solución pasa por negociación o vías judiciales si hay base legal para reclamar reajuste por circunstancias extraordinarias.

Cómo se soluciona

1. Reúne documentación técnica y económica:

• Cotizaciones y facturas de compra de materiales en fechas distintas que muestren la variación de precio.
• Contratos con subcontratistas, recibos de nómina o evidencias de incremento de costos de mano de obra.
• Correspondencia donde se advierte la incidencia de factores externos (clima, suspensión de obras, imposición de medidas sanitarias, etc.).

1. Identifica y aplica la cláusula de ajuste:

• Apunta la cláusula en el contrato que regula el ajuste o la revisión de precios. Si existe una fórmula, prepara el cálculo conforme a la misma y documenta cada cifra.
• Si la cláusula exige índice público, adjunta la fuente y la metodología de cálculo.

1. Notifica formalmente a la autoridad:

• Presenta un escrito explicando la causal del ajuste, con todos los anexos probatorios y el cálculo. Pide por escrito la respuesta de la unidad técnica o de la administración responsable.
• Conserva acuse de recepción y registro electrónico.

1. Busca la conciliación administrativa:

• Plantea una reunión técnica para discutir la metodología y permitir que la autoridad realice sus verificaciones. Un acta de reunión con acuerdos fortalece la posición.

1. Si la administración niega el ajuste, evalúa la vía judicial:

• Un juicio puede cuestionar la negativa en base a la interpretación contractual y a la prueba técnico-económica. La estrategia depende de si se trata de autoridades federales, estatales o municipales.

1. Qué hace el abogado:

• Preparar el cálculo conforme al contrato, coordinar peritajes técnicos, redactar la notificación y litigar si es necesario. También puede negociar acuerdos que precisen forma y calendario de pago.

Qué puede pasar

1. Arreglo en la etapa de reclamación. Muchas veces la autoridad admite al menos una parte del ajuste tras recibir documentación clara y un cálculo razonado. Se formaliza en convenio y se programa el pago.

1. Conciliación o ajuste parcial. La dependencia puede aceptar el principio del ajuste pero cuestionar cifras; entonces se acuerda un monto intermedio. Un acuerdo reduce riesgo y acelera cobro.

1. Juicio. Si discrepan en la interpretación de la cláusula o en la magnitud del ajuste, la disputa puede ir a tribunales. En juicio se valoran contrato, pruebas y peritajes. Si pierdes, podrías cargar con costos procesales según la legislación aplicable; si ganas, la sentencia ordenará reconocimiento, y la ejecución depende de mecanismos presupuestarios.

Y si ganas, ¿cobras? La sentencia otorga un derecho de crédito frente a la autoridad; su cobro puede requerir procedimientos de ejecución específicos contra el ente público.

Errores que arruinan el caso

• No documentar el incremento con facturas y cotizaciones fechadas: sin trazabilidad el ajuste parece especulativo.
• Hacer cálculos sin respaldo técnico o sin aplicar la fórmula contractual: la autoridad los rechazará.
• No notificar la eventualidad cuando el contrato lo exige: eso puede cerrar la puerta al reclamo.
• No coordinar peritaje técnico cuando la dependencia lo solicita: la ausencia de dictamen profesional debilita la prueba.