Mi hijo necesita autorización médica y el otro progenitor se niega

¿Tienes razón?

No es suficiente que uno de los progenitores se niegue para bloquear una atención médica necesaria. Lo que determina la posibilidad de actuar son tres elementos:

1. La gravedad y la necesidad médica del tratamiento: intervenciones necesarias para preservar la vida o evitar daño severo se priorizan sobre objeciones. El informe del médico tratante es la prueba principal.
2. La atribución de la patria potestad: si la patria potestad es compartida, normalmente se busca consenso; cuando hay desacuerdo y riesgo para la salud, el interés superior del menor prevalece.
3. Si la negativa se basa en causas justificadas legalmente (por ejemplo, creencias religiosas) o si es un rechazo injustificado que pone en peligro la salud. Los tribunales ponderan la proporcionalidad entre creencias del progenitor y el derecho a la salud del menor.

Si el tratamiento es médicamente necesario y la otra parte se niega sin fundamento clínico, usted puede recabar medidas que permitan la atención del menor sin el consentimiento de ese progenitor.

Cómo se soluciona

1. Obtenga un informe médico detallado que describa el diagnóstico, las alternativas terapéuticas, los riesgos de no tratar y la urgencia. Pida al médico que explique por qué la intervención es necesaria y las consecuencias de la demora.
2. Intente documentar la negativa del otro progenitor: mensajes, correos o comprobantes que muestren su oposición. Esto facilita la valoración del juez.
3. Si la atención no puede esperar, los médicos pueden actuar para proteger la vida y la salud del menor pese a la negativa de uno de los progenitores; solicite que la institución deje constancia administrativa del motivo por el que se actuó.
4. Si la intervención requiere autorización judicial o si la institución médica lo solicita, presente una solicitud ante el juzgado familiar para que el juez autorice el procedimiento con base en el interés superior del menor. El juez evaluará el informe médico y las posiciones de cada progenitor.
5. Si existen dudas sobre la idoneidad del tratamiento, pida una segunda opinión médica o pericial que pueda presentarse ante la autoridad judicial.
6. Tras la intervención, si procede, puede solicitar al juez que modifique temporalmente medidas de guarda o patria potestad si la negativa del otro progenitor representa un riesgo continuado.

Qué hace usted y qué hace un abogado:

• Usted: conseguir el informe médico, documentar la negativa y acceder a la institución médica para que deje constancia.
• Con abogado: tramitar la autorización judicial, asesorar sobre la mejor vía procesal y representar en audiencia para proteger los derechos del menor.

Qué puede pasar

1) Se autoriza la intervención sin mayor trámite si el centro médico actúa por obligación de cuidado. Las instituciones sanitarias suelen proceder cuando existe riesgo para la salud.

2) Se alcanza un acuerdo entre progenitores tras la intervención de profesionales de salud y del propio juez. A veces una segunda opinión o la intervención de trabajo social facilita el acuerdo.

3) Se solicita autorización judicial. El juzgado puede autorizar la intervención al valorar el informe médico y el interés superior del menor. Si el juez niega la autorización y el menor resulta perjudicado, la resolución puede ser impugnada, pero la situación se complica y la atención inmediata puede verse afectada.

En cuanto a la reparación: si la negativa injustificada causó daño, puede iniciarse una acción civil por daños y perjuicios, pero su viabilidad depende de la prueba de nexo causal y de la capacidad patrimonial del progenitor renuente.

Errores que arruinan el caso

• No obtener un informe médico claro y firmado por el especialista: la autoridad judicial dará más peso a un informe bien fundamentado.
• No dejar constancia administrativa en la institución de salud cuando se actúa sin consentimiento: eso puede dificultar luego la justificación de la intervención.
• Enfrentarse con el otro progenitor en la institución sanitaria: mantenga comunicación formal y documentada.
• No solicitar segunda opinión cuando la decisión clínica es discutible: un peritaje fortalece la petición judicial.