Si la salud de su hijo está en riesgo y el otro progenitor se niega a autorizar un tratamiento, las autoridades y los juzgados pueden adoptar medidas que protejan el interés superior del menor. Lo que pesa es el carácter de la intervención y la existencia de un riesgo real para la salud. Primer paso: obtener un informe médico claro que explique la urgencia y la necesidad del procedimiento.
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No es suficiente que uno de los progenitores se niegue para bloquear una atención médica necesaria. Lo que determina la posibilidad de actuar son tres elementos:
Si el tratamiento es médicamente necesario y la otra parte se niega sin fundamento clínico, usted puede recabar medidas que permitan la atención del menor sin el consentimiento de ese progenitor.
Qué hace usted y qué hace un abogado:
1) Se autoriza la intervención sin mayor trámite si el centro médico actúa por obligación de cuidado. Las instituciones sanitarias suelen proceder cuando existe riesgo para la salud.
2) Se alcanza un acuerdo entre progenitores tras la intervención de profesionales de salud y del propio juez. A veces una segunda opinión o la intervención de trabajo social facilita el acuerdo.
3) Se solicita autorización judicial. El juzgado puede autorizar la intervención al valorar el informe médico y el interés superior del menor. Si el juez niega la autorización y el menor resulta perjudicado, la resolución puede ser impugnada, pero la situación se complica y la atención inmediata puede verse afectada.
En cuanto a la reparación: si la negativa injustificada causó daño, puede iniciarse una acción civil por daños y perjuicios, pero su viabilidad depende de la prueba de nexo causal y de la capacidad patrimonial del progenitor renuente.
Si la situación es clara y existe riesgo inminente, la institución médica puede actuar con base en el deber de cuidado y usted puede iniciar la gestión administrativa. Necesitará un abogado cuando la otra parte interponga conflicto legal, cuando el juzgado exija autorización judicial o si busca modificar medidas de patria potestad por incapacidad para decidir en salud. Si hay recursos limitados, solicite asistencia jurídica pública; tu caso puede calificar para justicia gratuita si hay riesgo para la salud del menor.
Otros problemas frecuentes en menores
Si existe riesgo inminente para la vida o la salud del menor, los médicos pueden intervenir para salvarlo aun sin la firma del otro progenitor. En intervenciones no urgentes, el hospital suele solicitar autorización judicial o el consentimiento de ambos titulares de la patria potestad.
Mensajes, correos, grabaciones de llamadas (según la normativa aplicable), actas o constancias de la institución médica que reflejen la negativa y testimonios son pruebas útiles. Guarde exportaciones y copias seguras.
Las creencias del progenitor se ponderan frente al interés superior del menor. Si la negativa basada en convicciones pone en riesgo la salud, los tribunales suelen priorizar la atención médica necesaria.
Puede solicitar autorización judicial acompañando el informe médico y la documentación de la situación; el juez valorará si procede la autorización al amparo del interés superior del menor.
Si la negativa injustificada causó un empeoramiento, puede procederse a acciones civiles por daños y en algunos casos a responsabilidades administrativas o penales, dependiendo de la conducta del progenitor y del resultado clínico.
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