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Mi expareja no paga la pensión de alimentos

Sí puede reclamar la pensión no pagada: la pensión alimentaria es una obligación legal y existen mecanismos para exigir su cumplimiento. Lo que determina la viabilidad son las pruebas del monto y la obligación, la situación laboral del obligado y si existe mecanismo de pago ordenado por juez. Primer paso: reúna comprobantes de la obligación y de los incumplimientos y pida al juzgado la ejecución o la intervención laboral si procediera.

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Cibeles Abogados, S.C. — Ciudad de México
★ 5,0 (20) Derecho de menores Cibeles Abogados, S.C. es un despacho de abogados de familia con sede en San José Insurgentes, Ciudad de México (José María Velasco 110). Su … Ciudad de México
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lex G&L abogados penalistas y otros — Ciudad de México
★ 5,0 (23) Derecho de menores Lex G&L Abogados es un despacho con sede en la colonia San Nicolás Tolentino (Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México) que combina práctica penal con … Ciudad de México
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Velarde & Caicero Asociados — Xalapa-Enríquez
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DESPACHO JURÍDICO PACHECO MORALES Y ASOCIADOS — Reynosa
★ 5,0 (8) Derecho de menores Despacho Jurídico Pacheco Morales y Asociados, con sede en la colonia Rodríguez de Reynosa (Chihuahua 1355, CP 88630), ofrece atención presencial de lunes a … Reynosa
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Rojas Martínez - Abogados — Tuxtla Gutiérrez
★ 4,5 (2) Derecho de menores Rojas Martínez — despacho representado por el abogado Humberto Alejandro Rojas Martínez — ofrece en Tuxtla Gutiérrez asesoría y representación jurídica en defensa penal, … Tuxtla Gutiérrez
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J&R Despacho Juridico — San Luis Río Colorado
★ 5,0 (1) Derecho de menores J&R Despacho Juridico, con sede en Av. Sonora 2403 en San Luis Río Colorado (Son.), atiende consultas presenciales de lunes a viernes de 09:00 … San Luis Río Colorado
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Adrián Rodríguez Alcocer. — Ciudad de México
★ 5,0 (0) Derecho de menores Adrián Rodríguez Alcocer atiende en Polanco, Ciudad de México, procesos de nulidad matrimonial y servicios vinculados al derecho de la familia: investigación y protección … Ciudad de México
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Guerrero Y Asociados — Mazatlán
★ 5,0 (0) Derecho de menores Guerrero Y Asociados es un despacho con sede en Mazatlán (Aries 323, C.P. 82150) que ofrece asesoría y representación en materia de derecho familiar … Mazatlán
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Abogada Rosario Jiménez Penal y Familiar, Niñez y Adolescencia — Saltillo
★ 4,8 (0) Derecho de menores Rosario Jiménez Sifuentes es una abogada con sede en Zona Centro de Saltillo que ofrece servicios en Derecho Penal, Derecho Familiar y asuntos relativos … Saltillo
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¿Tienes razón?

Para que su reclamación prospere importan tres cosas: que exista una obligación establecida (convenio aprobado por juez o sentencia), que pueda probar los impagos y que exista capacidad de pago del obligado o bienes o ingreso sujetables a medidas de ejecución. Si no hay una sentencia, puede solicitarse el pago mediante demanda de alimentos; si ya existe una sentencia, la vía es la ejecución. También cuenta si hay descuentos vía nómina o acuerdos de mutuo convenio: los descuentos retenidos por un empleador facilitan el cobro.

En la práctica, la diferencia entre cobrar o no a menudo depende de si la persona trabaja en relación de dependencia (hay nómina que se puede embargar) o si tiene ingresos informales, bienes o está en el extranjero. Si está en el extranjero, hay mecanismos de cooperación internacional y embargos de bienes en México, pero requieren trámites adicionales y, a veces, actuación de consulados o autoridades del otro país.

Cómo se soluciona

  1. Reúna la prueba de la obligación y los impagos: copia de convenio, sentencia o acta; recibos de pago anteriores; estados de cuenta o transferencias; y cualquier comunicación donde el obligado reconoce deuda. Anote fechas y montos.
  2. Presente solicitud de ejecución de la sentencia o demanda de cumplimiento ante el juzgado que dictó la resolución. Si no existe resolución, presente demanda de alimentos acompañando prueba de necesidad del menor y de la capacidad del obligado.
  3. Solicite medidas de apremio y embargo: el juzgado puede ordenar retenciones de salario, embargo de bienes o apercibimientos. Para esto necesita datos: RFC, empleo conocido, cuentas bancarias o bienes a embargar.
  4. Si el obligado está dado de alta en una empresa, solicite al juzgado el oficio al empleador para retener parte del salario. Si está en el sector público, pida oficio a la instancia correspondiente.
  5. Si el obligado está en el extranjero, informe al juzgado para valorar cooperación internacional o la localización de bienes; aporte datos del lugar de residencia.
  6. Si la falta de pago es recurrente, solicite medidas de ejecución periódica y control judicial para evitar que el deudor se resista con maniobras.

Qué puede hacer usted solo: recopilar la documentación, presentar la queja en el juzgado familiar y solicitar medidas precautorias. Si el expediente ya existe, pedir ejecución es una acción que puede iniciarse con el formulario judicial correspondiente.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo de pago: muchas veces se acuerda un plan de pagos voluntario que se homologa en el juzgado; es rápido y evita costas.

2) Conciliación o convenio judicial: el juzgado puede mediar y fijar un mecanismo de pago (descuento por nómina, depósito en cuenta) que facilita el cumplimiento. Un acuerdo firmado y aprobado tiene fuerza ejecutiva.

3) Juicio de ejecución: si no hay acuerdo, el juzgado puede iniciar embargos, retenciones salariales, e imponer sanciones. Si el deudor demuestra insolvencia real, la ejecución sobre bienes podrá no cubrir todo lo adeudado. Si pierde la ejecución y no paga, pueden aplicarse medidas de apremio previstas en la ley.

Y si gana, ¿cobra? Cobrar una sentencia depende de la existencia de bienes o ingresos del obligado. Una sentencia le da el derecho probado, pero no siempre el pago inmediato: si el deudor es insolvente, la sentencia es un título ejecutivo que le permite buscar bienes para cubrirla, pero la eficacia práctica varía.

Errores que arruinan el caso

  • No aportar prueba de pagos o impagos: sin recibos o transferencias, la cuantificación se complica.
  • No actualizar datos del obligado: sin empleador o domicilio, embargar es más difícil.
  • Firmar un acuerdo verbal sin documentos: luego será difícil exigir cumplimiento.
  • Ignorar ofertas de convenio cuando el deudor ofrece pago realizable: un acuerdo razonable puede ser mejor que una sentencia larga e incierta.
  • No informar al juzgado si cambia la situación del obligado (empleo, residencia): impide medidas efectivas.

¿Necesitas un abogado para esto?

Puede empezar usted reuniendo pruebas y presentando la solicitud de ejecución o la demanda de alimentos. Necesitará un abogado cuando haya que localizar bienes complejos, coordinar embargos a empleadores o iniciar mecanismos en el extranjero. Si le ofrecen un acuerdo de pago, un abogado le ayudará a convertirlo en título ejecutivo. Si no puede pagar, averigüe si califica para defensoría pública o servicios de asistencia en su estado.

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Preguntas frecuentes sobre este caso

Sí, puede reclamar pensiones vencidas si demuestra la obligación y los importes adeudados. El juzgado cuantificará lo que corresponde con base en el título ejecutivo o en la prueba aportada; la efectividad del cobro dependerá de los bienes e ingresos del deudor.

En algunos casos la omisión grave de alimentos puede constituir un delito. La vía penal no sustituye la exigencia civil de pago, pero puede coadyuvar si existe voluntad persistente de incumplir y se reúnen los elementos del tipo penal. Consulte a la fiscalía local.

Sí, si el juzgado lo ordena puede mandarse oficio al empleador para retener una parte del salario. Para ello debe acreditarse el empleo y tramitar la ejecución correspondiente ante el juzgado.

Si no tiene ingresos formales, la ejecución sobre salario no funcionará; el juzgado puede buscar bienes o proponer medidas alternativas, pero la eficacia práctica dependerá de la existencia de activos o ingresos de cualquier tipo.

No conviene: cualquier modificación debe constar en escrito y, preferentemente, en convenio homologado por juez. Los mensajes sirven como indicio, pero no sustituyen una resolución judicial o un convenio formal.

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