Internamiento psiquiátrico sin consentimiento y sin juez

¿Tienes razón?

No todo internamiento sin firma es ilegal. Lo que determina si es procedente es si hubo una valoración clínica adecuada que concluyera riesgo para la vida o integridad propia o de terceros, si se seguirón los protocolos de ingreso involuntario de la institución y si se respetaron las garantías mínimas: información al familiar, registro del ingreso, y la posibilidad de revisión por autoridad competente. La existencia de un dictamen médico que justifique la medida y la documentación que acredite la tramitación interna otorgan respaldo; la ausencia de expediente, de explicación o de notificación hace la internación altamente cuestionable.

Si el ingreso fue en un hospital público, las reglas suelen ser más claras y existe obligación de registrar y comunicar. En un centro privado puede ocurrir que se haya admitido a la persona por autorización de un familiar o tutor; en ese caso, la institución debe consignar la autorización y las razones. Si nadie autorizó y no hubo fundamento clínico, la internación puede constituir privación de la libertad y requerir actuación de autoridades.

Cómo se soluciona

1. Exija por escrito el motivo del ingreso y la documentación del expediente. Pida copia de la nota de ingreso, el diagnóstico, la valoración de riesgo y cualquier consentimiento que presentaron. Anote nombres del personal que atendió y la hora de ingreso.

1. Solicite acceso al familiar y grabe por escrito la negativa si no lo permiten. Documente las visitas denegadas y las condiciones. Esa constancia es útil para la queja y evidencia de vulneración.

1. Solicite valoración externa o segunda opinión médica. Lleve los documentos que le entreguen a otro médico o perito para una revisión. En muchos casos una segunda evaluación concluye que no existía justificación clínica para el internamiento.

1. Presente queja y solicitud de revisión ante la autoridad sanitaria o el órgano de supervisión correspondiente. En hospitales públicos solicite la intervención de la comisión de ética o la instancia responsable. En privados, pida la intervención de la autoridad sanitaria estatal.

1. Si existe indicio de privación de la libertad arbitraria, acuda a la vía judicial o al Ministerio Público para denunciar la posible comisión de delitos relativos a privación de la libertad o abuso. Un abogado puede presentar el recurso o petición para revisión judicial y medidas cautelares de liberación.

Qué puede hacer usted y qué necesita abogado: puede recabar la documentación, pedir acceso y solicitar valoración externa por su cuenta. Si la institución se niega a entregar información, si existe riesgo inminente o si sospecha de delito, busque un abogado para promover los recursos y coordinar la intervención del Ministerio Público.

Qué puede pasar

1) Se arregla con alta y seguimiento ambulatorio: muchas internaciones que no contaban con fundamento médico se corrigen tras la intervención de otro facultativo o la presión administrativa, y la persona recibe tratamiento ambulatorio.

2) Acuerdo para atención con condiciones: la institución puede aceptar la salida del paciente con un plan de atención domiciliaria y compromisos de seguimiento profesional. Este acuerdo evita un litigio prolongado y puede incluir asistencia comunitaria.

3) Juicio o denuncia: si hay evidencia de internación injustificada o abuso, puede haber denuncia penal por privación de la libertad o sanciones administrativas contra la institución. En proceso judicial se discutirá la legalidad del ingreso y, si la parte afectada pierde, la internación se mantiene; si gana, podrá obtener reparación o la orden de libertad.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable puede ordenar reparación de daños o sanciones administrativas. La posibilidad efectiva de obtener una compensación depende de la existencia de responsabilidades y del patrimonio del responsable.

Errores que arruinan el caso

• No pedir la documentación de ingreso y diagnóstico por escrito.
• Aceptar firmas o documentos sin copia y sin leer el contenido.
• Dejar pasar días sin denunciar la negativa de acceso: cada día que pasa dificulta reconstruir la cadena de hechos.
• Llegar al centro sin acompañamiento legal cuando planea exigir la salida: la institución puede negarse a entregarla sin una orden judicial.