Me han iniciado un proceso de incapacitación por demencia, ¿qué puedo hacer?

¿Tienes razón?

Un proceso de incapacitación no es desde luego lo mismo que una sentencia inmediata: el juez decide tras valorar pruebas médicas y periciales. Las tres cosas que determinan si la acción procede son:

1. El diagnóstico clínico que figure en peritajes o expedientes médicos. Si las pruebas médicas muestran un deterioro cognitivo que afecta la toma de decisiones, el tribunal lo tendrá en cuenta. Pero un diagnóstico por sí solo no basta: debe vincularse a la capacidad para actos concretos (firmar contratos, administrar bienes, decidir sobre tratamiento médico).

1. La prueba de afectación práctica. El juez busca evidencias de que la persona no solo tiene un diagnóstico, sino que no puede gestionar su vida o su patrimonio: ejemplos son cuentas descuidadas, gastos irracionales, incapacidad para cuidar su salud o evidencia de abusos de terceros.

1. Existencia de medidas menos gravosas. La ley contempla figuras que limitan menos los derechos (curatela parcial, defensor judicial, asistencia puntual). Si existe alternativa que proteja sin quitar la capacidad, el tribunal puede optar por ella.

Si en su caso hay informes médicos contradictorios, buen control social (familia responsable) y la persona conserva autonomía en decisiones clave, tiene argumentos válidos para defenderse.

Cómo se soluciona

1. Obtenga copia del expediente y de la demanda. Toda estrategia parte de leer qué alega la parte contraria. Puede pedirlo en el juzgado familiar que conoce del asunto.

1. Pida valoración médica independiente. Busque un neurólogo, psiquiatra o geriatra que haga una valoración y emita un informe escrito, con exploración y pruebas objetivas. Si tiene estudios previos (resonancias, evaluaciones neuropsicológicas, recetas) reúna todo.

1. Documente la vida cotidiana. Reúna pruebas de que realiza gestiones: extractos bancarios, recibos, pagos recibidos, contratos firmados recientemente, mensajes donde toma decisiones, testigos que expliquen rutinas y capacidad para moverse en la vida diaria.

1. Comparezca a las sesiones y proponga medidas menos restrictivas. Puede ofrecer un curador para ciertos actos, un mandatario para cuentas, o nombrar a una persona de confianza que rinda cuentas ante el juez.

1. Si no puede desplazarse, solicite prueba a domicilio o peritaje en su lugar de residencia. El juez acepta peritajes que valoren el entorno y la red de apoyo.

En todo esto distinga lo que puede hacer usted solo (reunir documentos, pedir copias, proponer personas de confianza) de lo que requiere abogado (formular contestación a la demanda, nombrar peritos judiciales, impugnar pruebas médicas adversas).

Qué puede pasar

1. Arreglo extrajudicial. Muchas familias llegan a un acuerdo antes de la vista: se pacta un régimen de asistencia o curatela parcial y la demanda se retira. Esto evita estigma y puede ser más rápido.

1. Acuerdo en audiencia o conciliación. El juez puede homologar un convenio donde se limitan sólo actos necesarios. Un acuerdo puede implicar control sobre cuentas con rendición de cuentas periódica. Aceptar una solución moderada puede ser práctico si la persona conserva autonomía parcial.

1. Sentencia de incapacitación total o parcial. Si el tribunal concluye que la persona no puede gobernarse, puede declarar incapaz y nombrar tutor o curador. Si pierde, la persona puede ver reducidos sus derechos para actos concretos y someterse a la administración de bienes por otra persona. Si gana, mantiene su capacidad.

Y si gana, ¿cobra? Una sentencia favorable no garantiza que no haya dificultades prácticas: si el problema es que bienes ya fueron sustraídos, necesitará acciones civiles o penales contra terceros. La sentencia protege la capacidad, pero para recuperar patrimonio puede hacer falta un proceso de restitución o reparación.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente y dejar que la otra parte controle la narración. Sin leer la demanda no se sabe qué probar.
• Confiar sólo en un informe informal; los tribunales valoran peritajes con exploración objetiva y pruebas complementarias.
• Permitir que firmas o declaraciones se hagan sin asesoría; una sola declaración autoinculpatoria puede usarse en su contra.
• No proponer medidas menos gravosas: si el juez ve alternativas razonables, suele preferirlas.
• Ignorar testigos relevantes: vecinos, personal médico o personas que gestionen pagos pueden aportar información clave.