Me inhabilitó la SFP por supuesta falsedad o incumplimiento

¿Tienes razón?

Que la SFP le inhabilite por supuesta falsedad o incumplimiento no significa automáticamente que la sanción sea procedente. Lo que determina si su caso es defendible es, básicamente: la prueba de la SFP, la cadena de custodia de los documentos, y el respeto al procedimiento y a sus derechos de defensa. Si los documentos que motivan la inhabilitación fueron alterados fuera de su control, si nunca fueron presentados por usted o si la SFP no le informó con claridad de las imputaciones, su posición mejora. Por otro lado, si hay firmas o sellos que se remontan a documentos remitidos por su empresa o personal autorizado y la SFP tiene peritajes que dicen lo contrario, su defensa será más complicada.

También importa si la presunta falta es técnica o de fondo: un incumplimiento contractual por razones comprobables (por ejemplo, fuerza mayor debidamente acreditada) se defiende distinto que la presentación de documentos que la SFP considera apócrifos. Finalmente, conviene distinguir entre responsabilidad de la persona física que firma y de la persona moral: en varios casos la sanción recae sobre la empresa y no sobre el representante, o viceversa, según las pruebas y la normativa aplicable.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia del expediente y las pruebas. Pida todas las actuaciones administrativas, peritajes y documentación en que se funda la inhabilitación. Si no lo hace, no podrá impugnar con detalle.
2. Revise la cadena documental. Compare los originales que usted conserve con lo que obra en expediente. Fotocopias, archivos digitales, correos y acuses son pruebas útiles; preserve y haga copias certificadas cuando sea posible.
3. Prepare una respuesta administrativa fundada. Conteste por escrito los cargos señalando errores de hecho y de procedimiento, aportando documentos, testigos y, si procede, peritaje privado que impugne la tesis de la SFP.
4. Agote los recursos administrativos previstos por la normativa aplicable. En la práctica, existe una secuencia administrativa que debe agotarse antes de pasar a la vía judicial; seguir esa vía le permite fijar mejor su estrategia.
5. Considere la vía judicial. Si la vía administrativa no resuelve o vulnera garantías, existen medios judiciales para controvertir la inhabilitación ante los tribunales competentes. En muchos casos es necesario impugnar los actos de autoridad mediante los recursos y procedimientos previstos por la ley.

Qué puede hacer usted sin abogado: reunir y ordenar toda la documentación, solicitar copias del expediente, y presentar su versión escrita; muchos recursos administrativos pueden presentarse sin abogado, aunque la complejidad legal crece con la gravedad de la sanción.

Qué puede pasar

1. La SFP revoca o modifica la sanción mediante acuerdo administrativo. Es frecuente que, con pruebas y alegatos bien presentados, la autoridad rebaje o deje sin efecto la inhabilitación.
2. Acuerdo conciliado o resoluciones intermedias. Puede llegarse a soluciones que incluyan la corrección de errores formales, la aclaración de documentación o compromisos para subsanar incumplimientos. Un acuerdo suele ser más rápido y evita la litigiosidad prolongada.
3. Juicio administrativo o judicial. Si se llega a juicio y usted pierde, la inhabilitación quedará firme y podría conllevar sanciones económicas o la imposibilidad de celebrar contratos públicos mientras subsista la sanción. Además, las costas procesales pueden correr a cargo del perdedor según la resolución concreta. Si gana, la sentencia puede ordenar la revocación de la inhabilitación y, según el caso, la restitución de derechos; no obstante, una sentencia contra una entidad insolvente o la falta de interés de la autoridad en ejecutar puede complicar la efectividad del fallo.

Y si gana, ¿cobro? La nulidad o revocación administrativa restablece su capacidad para contratar; si reclama daños y pierde la autoridad o no tiene bienes, la ejecución de una sentencia puede resultar difícil. La efectividad depende de la situación patrimonial de la contraparte y de la naturaleza de la resolución.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente a tiempo o dejar que la autoridad actúe sin conocer las pruebas en su contra.
• Destruir o alterar documentos originales que luego necesita para defenderse; incluso cambiar formatos digitales puede generar dudas sobre autenticidad.
• Admitir hechos por escrito sin reserva ni aclaración; una admisión tácita puede ser aprovechada por la autoridad.
• No presentar pruebas técnicas (peritajes) cuando la SFP basa su decisión en la supuesta falsedad de documentos.
• Dejar vencer las vías administrativas obligatorias antes de acudir a la vía judicial.