Inasistencia alimentaria: quiero denunciar y embargar

¿Tienes razón?

Su fortaleza procesal depende de tres elementos. Primero, la existencia de un título ejecutivo: un convenio homologado por un juez, una sentencia o una resolución que fije la pensión son la base para exigir su cumplimiento. Sin un título, la acción cambia: deberá iniciar un juicio que obtenga esa resolución antes de ejecutar. Segundo, las pruebas de incumplimiento: recibos, extractos bancarios, testimonios o comprobantes que demuestren que el obligado no ha pagado. Tercero, la identificación de bienes o ingresos del deudor susceptibles de embargo: salario, cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles. Sin elementos sobre qué embargar, la ejecución puede atascarse.

Si existe un historial de impagos y usted tiene la resolución, su posición es sólida; si solo hay promesas verbales, deberá primero formalizar la obligación. Documente cualquier comunicación en la que el deudor reconozca adeudo o pacte pagos; eso servirá como evidencia.

Cómo se soluciona

1. Reúna documentación. Consiga la sentencia, convenio o resolución que fije la pensión; recabe también constancias de impago: extractos, mensajes en los que se compromete a pagar y comprobantes de pagos parciales o de ausencia de pago.

1. Intente acuerdo extrajudicial. A veces la vía de conciliación o un acuerdo de pago puede regularizar la situación sin litigar. Documente cualquier acuerdo por escrito y, si se puede, homológelo ante autoridad competente.

1. Presentar demanda ejecutiva o de cumplimiento. Si ya existe título ejecutivo y el obligado no cumple, solicite ante el juzgado la ejecución forzosa. El expediente de ejecución permite solicitar medidas como el embargo de cuentas, retención de salarios o embargo de bienes muebles e inmuebles.

1. Solicitar medidas cautelares y embargo. En la ejecución se puede pedir al juez medidas para asegurar el pago: embargos precautorios sobre cuentas bancarias, inmuebles o bienes muebles. El juez valorará la petición y la gravedad del incumplimiento para ordenar las medidas procedentes.

1. Vía penal en casos extremos. En algunos supuestos de incumplimiento reiterado y doloso, la ley establece responsabilidades penales por la no entrega de pensiones. Esa vía requiere probar la contumacia del obligado y suele ir acompañada de medidas para asegurar el cobro.

Qué puede hacer usted solo: reunir la documentación y presentar escritos informales reclamando el pago, o intentar la mediación. Cuándo contratar abogado: si necesita iniciar la ejecución, solicitar embargos complejos o tramitar la vía penal; un abogado prepara la demanda de ejecución y localiza bienes embargables.

Qué puede pasar

1) Se consigue un acuerdo de pago: el deudor regulariza pagos y se firma un convenio, que puede homologarse. Es la solución más práctica y evita ejecución.

2) Embargo y ejecución: si el juez autoriza embargos sobre cuentas, salarios o bienes, se procede al aseguramiento y posterior venta para cubrir la deuda. En la práctica, la eficiencia depende de que existan bienes suficientes; un embargo sobre ingresos suele ser la vía con mayor efectividad cuando el deudor tiene trabajo formal.

3) Vía penal o fracaso: si la ejecución no arroja bienes embargables y no se logra acreditar la contumacia necesaria para delito, puede que la acción penal no prospere y quede una deuda reconocida sin cobro efectivo. Además, si pierde una fase por mala fe, puede ser condenado al pago de costas.

Y si gana, ¿cobro? La resolución que obliga al pago se ejecuta sobre el patrimonio del deudor; sin embargo, si éste es insolvente o oculta bienes, la ejecución puede resultar infructuosa. Localizar ingresos periódicos facilita el cobro por descuento de nómina o retenciones.

Errores que arruinan el caso

• No conservar recibos ni constancias de pagos y cobros: sin ellos será más difícil probar impagos.
• No identificar fuentes de ingreso o bienes del deudor antes de pedir embargos.
• Emprender acciones de presión pública que luego perjudiquen la imagen del menor o la causa judicial.
• Aceptar verbalmente pagos fraccionados sin documento que los garantice.
• No actuar cuando hay señales de ocultamiento de bienes; la demora reduce la eficacia de embargos.