Actuar contra maltrato en institución de larga estancia por tutela

¿Tienes razón?

Que exista maltrato en una institución de larga estancia puede comprobarse por varias vías y no siempre depende de que el centro reconozca nada. Lo esencial para saber si tiene fundamento reclamar son estas piezas: la titularidad de la tutela o curatela (quién legalmente puede tomar decisiones por la persona), el alcance de las facultades que ese tutor o curador ostenta respecto de la internación y la atención, y la evidencia médica o testimonial del maltrato. Si usted es el tutor o curador, su posición es más fuerte porque la ley le reconoce un deber de vigilancia. Si la tutela la tiene otra persona o la institución actúa por su cuenta, su posición dependerá de si puede probar el maltrato con expedientes, notas de enfermería, fotografías, partes médicos y testimonios de personal o familiares. El régimen de responsabilidad cambia según si el centro es privado, público o pertenece a una ONG; también importa la normativa estatal de prestaciones y supervisión de centros gerontológicos.

Además hay que distinguir tipos de conducta: abandono (falta de higiene, alimentación insuficiente), maltrato físico (contusiones, lesiones incompatibles con la explicación del centro), maltrato psicológico (aislamiento, humillación), y negligencia médica (no atender enfermedades o no proporcionar medicamentos esenciales). Cada tipo exige pruebas distintas: el médico forense o peritaje clínico es decisivo en lesiones físicas; el expediente clínico y la bitácora de enfermería son clave para negligencia; grabaciones y testimonios ayudan en abuso psicológico.

Cómo se soluciona

1) Reúna prueba por su cuenta. Copie el expediente clínico y solicite por escrito la historia médica y el registro de administración de medicamentos. Haga fotografías de lesiones y del entorno, y exporte conversaciones o mensajes con el personal. Anote fechas, nombres y turnos. Si hay testigos familiares u otros residentes, pídales declaración escrita. No destruye nada: conserve todo en dos copias.

2) Solicite intervención administrativa. En muchos estados existen instancias de protección a adultos mayores o de salud que supervisan instituciones. Presente queja acompañando la documentación. Esa vía puede abrir una visita de inspección y ordenar medidas cautelares sobre la atención o condiciones de higiene.

3) Si hay riesgo inminente para la integridad física, solicite al juez de lo familiar medidas de protección o el cambio de residencia del internado. En un procedimiento de tutela o curatela usted puede pedir medidas provisionales que garanticen atención médica, supervisión o suspensión temporal de la residencia en el centro.

4) Cuando la tutela corresponde a otro, promueva ante el juez la revocación o modificación de la medida: explique por qué el tutor no protege al representado. Adjunte peritajes médicos y testimonios. Si hay indicios de delito (lesiones, abandono grave), presente denuncia ante la Fiscalía para que se investigue.

5) Si la institución ofrece un acuerdo, evalúe la propuesta con la evidencia y con la persona afectada si puede participar. A veces un acuerdo con obligación de mejora y supervisión resulta más efectivo que un litigio largo.

En todo momento mantenga copia de lo que entregue y pida constancia de recepción. Si la autoridad administrativa o el juez piden peritaje médico, facilite la evaluación con historial clínico completo.

Qué puede pasar

1) Solución administrativa o por carta. Con frecuencia la denuncia ante la instancia competente provoca inspección, mejoras del centro y cambio de protocolo. Si la institución reconoce fallas y acuerda supervisión, puede bastar para garantizar la atención.

2) Acuerdo entre partes. La familia y el centro pueden pactar la salida del residente a otro lugar, pago de atención médica y medidas de reparación. Un acuerdo bien redactado y firmado vale más que una promesa verbal; incluya plazos, responsables y cómo se comprobará el cumplimiento.

3) Vía judicial y penal. Si no hay solución administrativa ni acuerdo, puede iniciar trámite ante el juez de lo familiar para modificar la tutela o pedir medidas de protección. Si hay lesiones o abandono doloso, puede abrirse carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. En el juicio civil o familiar, el juez puede ordenar cambio de residencia, nombrar un defensor judicial o sustituir al tutor. Si pierde en el juicio civil, quedarían pendientes las obligaciones de cuidado; si gana, la sentencia necesita ejecutarse y la efectividad depende de la capacidad patrimonial de la otra parte o de la institución para cumplir.

Una sentencia favorable no siempre se traduce en atención efectiva si la institución es insolvente; por eso combinar medidas administrativas y judiciales es frecuente.

Errores que arruinan el caso

• Confrontar al personal en caliente y permitir que borren registros o pruebas.
• No solicitar copia del expediente clínico o exportación de mensajes; esos documentos suelen desaparecer si se demora.
• Firmar acuerdos verbales aceptando la versión del centro sin dejar constancia escrita.
• Permitir que la autoridad médica explore sin acompañamiento o sin solicitar copia del dictamen.
• Pensar que una denuncia penal suple la necesidad de peritaje civil: ambos pueden ser necesarios.