Si ya tiene una sentencia a su favor, puede convertirla en cobro forzoso mediante la ejecución. Lo esencial es comprobar que la sentencia sea ejecutable y reunir información para localizar bienes. Primer paso: obtenga copia certificada de la resolución que conste como ejecutoria y reúna datos sobre cuentas, inmuebles, vehículos o ingresos del deudor.
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Una sentencia favorable le permite pedir el cumplimiento forzoso, pero el éxito depende de cuatro elementos:
Con sentencia ejecutable y bienes identificados, la ejecución suele rendir resultados. Si la sentencia es firme pero el deudor no tiene patrimonio aparente, la sentencia sigue siendo un título que permite investigar y presionar para negociar.
Ud. puede iniciar algunos trámites sin abogado, como pedir la certificación de ejecutoria y presentar la solicitud de embargo sobre bienes claramente identificados. Para liquidaciones, peritajes, medidas complejas o impugnaciones, la intervención de abogado es recomendable.
1) Pago tras la ejecución. El simple inicio del expediente de ejecución suele impulsar al deudor a pagar o a negociar para evitar el remate. Un convenio con garantía puede ser la salida práctica.
2) Embargo y venta de bienes. Si hay bienes suficientes, se embargan y se venden para cubrir la deuda, las costas y los gastos. El remate puede generar suficiente líquido para saldar el crédito.
3) Sentencia sin cobro efectivo. Si no aparecen bienes y el deudor está insolvente, la sentencia se queda como título y el cobro depende de que surjan activos o se persiga a terceros. La sentencia, sin embargo, mejora su posición negociadora.
Y si el deudor impugna? El deudor puede presentar excepciones en la ejecución o interponer recursos contra medidas concretas. Prepárese para contestar y aporte pruebas de que los bienes son embargables.
Si la sentencia es clara y el bien está identificado, puede pedir la ejecución usted mismo. Necesitará abogado cuando haya que liquidar la cuantía, pedir embargos complejos (cuentas, nómina), defenderse de impugnaciones del deudor o coordinar remates. Si la otra parte tiene representación o existen avales, la intervención profesional suele ser aconsejable.
Otros problemas frecuentes en cobro de deudas y recuperación de impagados
Sí, si existe obligación solidaria o aval probado, puede ejecutarse contra el avalista. Es importante revisar el contrato y la extensión de la responsabilidad para proceder correctamente.
Gastos habituales incluyen notificaciones, peritajes, tasaciones y costos del remate. Estos gastos pueden incorporarse a la deuda y reclamarse al deudor en la ejecución.
Si la casa está a nombre del deudor, puede embargarse en la medida en que no exista protección legal o terceros con derecho preferente. Si pertenece a terceros, habrá que acreditar la titularidad y el derecho del ejecutante.
Los tiempos varían según la complejidad y la jurisdicción. Pueden resolverse en plazos moderados o prolongarse si hay impugnaciones; por eso es clave valorar alternativas de acuerdo.
Si el remate produce más dinero del necesario para cubrir la deuda, las costas y gastos, el excedente corresponde al deudor y se le devuelve conforme al procedimiento judicial.
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