Cobro forzoso de pensión alimenticia y ejecución de sentencia

¿Tienes razón?

Tener una sentencia o un convenio homologado es la principal ventaja para ejecutar el pago: es el título que permite solicitar embargos y otras medidas. Pero la existencia de la sentencia no garantiza el cobro automático: lo que cuenta es si el juez puede identificar bienes o ingresos de donde extraer el pago. Tres factores determinan el resultado: 1) el contenido del título (si incluye cuantía y periodo de mora); 2) la información que usted aporte sobre empleador, cuentas bancarias y propiedades del deudor; 3) la cooperación de terceros (empleadores, bancos) y la capacidad real de pago del obligado.

Si lo que tiene es solo un acuerdo privado no homologado, su capacidad de ejecución es menor: será necesario solicitar la homologación o iniciar un procedimiento judicial para convertir ese acuerdo en título ejecutivo. En cualquier caso, la prioridad siempre es la protección del menor: el juez puede ordenar medidas cautelares o apremios para asegurar el cumplimiento provisional mientras se resuelve el fondo.

Cómo se soluciona

1) Aporte al juzgado toda la información disponible sobre el deudor. Reúna comprobantes con datos del empleador, número de seguridad social, domicilios, referencias bancarias, placas de vehículo, escrituras. Cuanta más información precisa, más opciones tiene el juez para localizar bienes.

2) Solicite la ejecución de la sentencia. Presenta un escrito de ejecución ante el juzgado que dictó la sentencia o ante el órgano competente, pidiendo que se practiquen medidas como embargos, retención sobre nómina o cuentas, y otras medidas que el juez considere pertinentes.

3) Pida medidas precautorias o cautelares si teme que los bienes se oculten. En algunos casos se pueden pedir anotaciones preventivas sobre bienes o medidas que impidan la disposición de activos mientras se tramita la ejecución.

4) Localice al empleador o pagador de la pensión. Si el deudor trabaja de forma formal, el juzgado puede ordenar la retención de la pensión directamente en la nómina. Proporcione el nombre del empleador y, si no lo conoce, facilite cualquier dato que permita su identificación.

5) Solicite embargo de cuentas y bienes. El juzgado puede ordenar al banco el bloqueo y remoción de fondos para satisfacer la deuda, o instruir el embargo sobre bienes muebles e inmuebles para subastar y cubrir la deuda. Indique al juez las posibles cuentas y bienes.

6) Si el ejecutado alega insolvencia, explore alternativas: convenios de pago supervisados por el juzgado o gestiones para acceso a bienes en terceros. Un abogado puede gestionar diligencias probatorias para demostrar ocultamiento de bienes.

7) Mantenga seguimiento regular. La ejecución requiere diligencia: presente informes de cumplimiento, solicite diligencias y comparezca en audiencias que convoque el juzgado.

Si en algún momento la otra parte ofrece un acuerdo, pídalo por escrito y, si procede, formula la aceptación como convenio que pueda inscribirse o homologarse para facilitar su ejecución futura.

Qué puede pasar

1) Cobro a través de retención de nómina o cuentas. Es la vía más práctica cuando el deudor trabaja formalmente o tiene cuentas activas. Ventaja: pagos periódicos y previsibles. Riesgo: el deudor puede cambiar de empleo o abrir cuentas nuevas, lo que obliga a nuevas diligencias.

2) Convenio judicial o conciliación. Muchas ejecuciones terminan en acuerdos supervisados por el juzgado. Un convenio firmado y homologado evita nuevas actuaciones y da seguridad de cobro si contiene garantías (por ejemplo, embargos sobre bienes hasta completar la deuda).

3) Subasta de bienes y cobro por vía patrimonial. Si hay bienes embargables y su valor cubre la deuda, el juzgado puede ordenar su venta. Riesgo: coste y duración del procedimiento; si el valor no alcanza para cubrir la deuda, quedará saldo pendiente.

Si el deudor es insolvente, incluso con sentencia puede resultar difícil obtener efectivo inmediato. Además, si el proceso se pierde por alguna razón procesal, puede cargar con costas; si gana, la sentencia seguirá siendo válidamente ejecutable.

Errores que arruinan el caso

• No aportar información básica sobre empleador o cuentas: ralentiza la ejecución.
• Confiar en meras declaraciones del deudor sin pruebas documentales.
• Firmar convenios verbales o recibos que admitan el pago como definitivo sin aclarar que son abonos parciales.
• No perseguir medidas precautorias cuando hay riesgo de que se oculten bienes.
• Creer que la sentencia convertida en papel significa cobro inmediato: sin bienes, la sentencia es difícil de ejecutar.