Temo que me acusen de sustracción internacional tras la adopción

¿Tienes razón?

La acusación de sustracción internacional se sustenta en tres cuestiones: la existencia de una prohibición o ausencia de autorización para mover al menor fuera del país o de la jurisdicción; la voluntad de la persona de privar al otro titular de derechos de relación o custodia; y la conducta material (salir del territorio o esconder al menor). En Ecuador, las autoridades valoran tanto las resoluciones de adopción firmes como cualquier medida judicial o administrativa que limite desplazamientos o entrega. Si usted tiene una resolución adoptiva válida y la inscripción requerida, su posición es más sólida. Si el traslado se hizo sin notific ar o sin permiso cuando había restricciones, la situación es más compleja.

También es relevante si el otro progenitor o persona con derechos sobre el niño autorizó el desplazamiento. Consentimiento previo, escrito y verificable reduce significativamente el riesgo de acusación. La ausencia de malicia (es decir, intención de impedir el contacto) y la transparencia frente a las autoridades son factores que protegen.

Cómo se soluciona

1. Reúna documentos que acrediten la situación jurídica del menor: resolución de adopción, partidas de nacimiento, autorización de viaje si existe, y cualquier comunicación con la otra parte que indique consentimiento. Digitalice todo.
2. Si va a viajar o trasladarse y hay disputa, solicite autorización judicial o administrativa: pida al juez o al órgano competente que autorice el desplazamiento o deje constancia de las condiciones del viaje. Si no obtiene una orden, documente las razones por las que considera que tiene derecho a viajar.
3. Deje constancia pública del destino y de los contactos: reserve billetes con nombre real, conserve facturas de alojamiento, y envíe copias de itinerario a un tercero fiable o a una autoridad que pueda certificar su salida y regreso.
4. Si ya existe una denuncia, pida asesoría penal y de familia: un abogado preparará la defensa mostrando documentalmente el título de adopción y el consentimiento, o argumentando la ausencia de intención de sustracción.
5. Colabore con las autoridades cuando se lo soliciten, siempre con asesoría: la cooperación puede evitar medidas drásticas como órdenes de retención del menor.

Qué puede hacer usted hoy: exportar toda la comunicación con el otro progenitor o agencia, obtener copia de la resolución adoptiva, y conservar boletos y comprobantes del viaje. Qué hace un abogado: preparar la defensa penal, negociar medidas civiles acordadas y gestionar recursos para levantar cualquier orden de retención.

Qué puede pasar

1) Se arregla con explicación y pruebas. Si usted demuestra que hubo consentimiento o una resolución que le autoriza a viajar, la actuación suele quedar en un trámite administrativo sin consecuencias penales.

2) Acuerdo o medidas transaccionales. En ocasiones puede pactarse un régimen de comunicaciones o el retorno temporal del menor a cambio de retirar la denuncia. Un acuerdo práctico puede evitar un proceso penal y restablecer las visitas.

3) Procedimiento penal por sustracción. Si la Fiscalía encuentra indicios de sustracción y considera probado el ánimo de privar al otro de la relación, puede iniciar investigación penal. En ese caso, la defensa debe centrarse en probar la falta de intención dolosa, el consentimiento o la existencia de una resolución que legitime el desplazamiento. Si pierde el proceso penal, hay riesgo de sanciones penales y medidas civiles; la ejecución de medidas de retorno del menor dependerá de la cooperación internacional y de la situación jurídica del adoptante.

Y si gana, ¿cobro? El resultado positivo es evitar sanciones y mantener la custodia o la residencia del menor. No existe una indemnización automática por acusaciones infundadas, aunque podría reclamarse reparación en su momento.

Errores que arruinan el caso

• Salir del país sin dejar constancia del itinerario o sin documentos que acrediten el destino y la custodia.
• Ocultar información a las autoridades o destruir comunicaciones que prueban consentimiento.
• No solicitar autorización judicial cuando hay medidas procesales que la exigen.
• Aceptar consejos no profesionales para "falsear" autorizaciones; eso agrava la situación penalmente.
• No buscar asesoría penal y de familia al primer indicio de conflicto: la falta de defensa temprana complica la posición.