Los padres biológicos quieren volver a revocar el consentimiento

¿Tienes razón?

La posibilidad de revocar un consentimiento depende de la fase del procedimiento y de la existencia de garantías que acrediten que el consentimiento fue libre e informado. Si la revocación se intenta antes de que la adopción haya sido definitivamente aprobada por la autoridad competente, puede influir en la decisión final; si ocurre después de la resolución firme y de la inscripción, su eficacia práctica queda más limitada y se requiere una impugnación. Además, los motivos que alegan los progenitores biológicos (coacción, fraude, cambio de circunstancias) son relevantes: si acreditan vicio en el consentimiento, pueden solicitar la nulidad del acto.

Otro elemento esencial es la protección del menor: cualquier medida que se adopte debe priorizar su interés superior. Las autoridades o los tribunales valorarán la situación del niño, el arraigo con los adoptantes y el tiempo transcurrido desde la entrega. La presencia de informes sociales y el dictamen de los servicios de protección son decisivos para valorar la procedencia o no de la revocación.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación del expediente: acta de consentimiento, informes sociales, resolución administrativa o judicial y cualquier comunicación con los progenitores biológicos. No firme acuerdos ni entregue el menor sin orden judicial o administrativa.

1. Solicite a la autoridad que tramitó la adopción información sobre el estado del expediente y sobre las garantías que se aportaron en su momento para acreditar la validez del consentimiento. Pida copias de los informes sociales y de las diligencias practicadas.

1. Si los progenitores alegan vicios en el consentimiento, prepárese para aportar pruebas que acrediten que aquel fue libre y que se siguieron los procedimientos exigidos. Reúna testigos, documentos y los informes de los servicios sociales que apoyan la entrega del menor.

1. Si existe riesgo de que los progenitores intenten retirar al niño o de que se inicien medidas urgentes, solicite medidas de protección del menor ante la autoridad competente. Las actuaciones precautorias buscan mantener la situación mientras se resuelve la controversia.

1. Si la revocación desencadena un proceso judicial, prepare la estrategia: defensa de la validez del consentimiento o, si procede, negociación de medidas que garanticen la estabilidad del menor (acuerdos supervisados por servicios sociales, visitas reguladas, etc.).

Qué puede hacer usted solo: conservar documentación, solicitar información al tribunal o autoridad y comunicarse con los servicios sociales. Cuándo buscar abogado: si hay una petición formal de revocación, si se amenaza con retirar al menor o si la autoridad inicia procedimientos que pongan en riesgo la custodia.

Qué puede pasar

1) Se soluciona con mediación o acuerdo administrativo: en ocasiones, tras valorar la situación, las partes alcanzan un acuerdo supervisado por servicios sociales que protege al menor y confirma la adopción bajo condiciones (visitas, seguimiento). Un acuerdo regulado puede ser preferible a un pleito largo.

2) Resolución administrativa o judicial que confirme la adopción: si las autoridades verifican que el consentimiento fue válido y hubo cumplimiento de requisitos, pueden mantener la adopción y rechazar la revocación. Este camino suele centrarse en la documentación y en los informes de protección.

3) Anulación parcial o total de la adopción y proceso judicial: si se acredita vicio serio en el consentimiento, puede llegarse a la nulidad. El resultado práctico afecta al estado civil del menor y puede ordenar su devolución o medidas de custodia alternativas. Si la familia pierde, la ejecución dependerá de la sentencia y de la intervención de los servicios de protección.

Y si gana, ¿cobro? Aquí lo relevante no es un pago: ganar implica mantener la filiación y la custodia; la restitución económica no es la cuestión principal.

Errores que arruinan el caso

• Hablar con los progenitores biológicos sin asesoría y sin testigos o registros escritos.
• No solicitar en tiempo los informes sociales que justifican el acto de entrega y el consentimiento.
• Entregar el menor por acuerdo privado sin una orden de la autoridad competente.
• Firmar documentos que reconozcan defectos del consentimiento sin evaluar las consecuencias legales.
• No buscar medidas cautelares cuando existen indicios de que los progenitores pueden intentar retirar al niño de manera abrupta.