Defensa de los Derechos de los Pacientes

¿Tienes razón?

Que usted tenga o no razón depende de tres cosas concretas. Primero: qué derecho fue vulnerado. En la práctica los reclamos más frecuentes son por falta de consentimiento informado (le practicaron un procedimiento sin explicarle riesgos y alternativas), por negación o demora en la atención, por falta de acceso a su información clínica, o por vulneración de la confidencialidad. Segundo: la prueba. Conserva historias clínicas, fotografías, comprobantes de ingreso, audios o mensajes y nombres de testigos. Si no existen registros administrativos, su posición es más débil, pero no inexistente: los testimonios, comunicaciones escritas y los pagos pueden servir. Tercero: el responsable. Decidir si reclamar contra un profesional, una clínica privada o una institución pública cambia la vía procesal y la autoridad a la que debe dirigirse. Identificar correctamente al responsable evita perder tiempo y recursos.

Cómo se soluciona

1. Reúna prueba: pida copia de su historia clínica y cualquier documento relacionado. Exporte conversaciones de WhatsApp, guarde recibos de pago y anote nombres y teléfonos de quienes estuvieron presentes. Si tomó fotos o grabó sonidos, haga copias de seguridad en la nube y metadata.

1. Reclame ante la dirección del centro de salud por escrito. Dirija la carta a la autoridad del establecimiento y solicite una respuesta por escrito. Incluya fechas concretas, lo que pasó y lo que solicita (copia de historia clínica, disculpa, rectificación de datos, reparación). Entregue la carta con acuse de recibo o por correo certificado si es posible.

1. Si la respuesta del centro no le satisface, eleve la queja a la autoridad sanitaria competente. Dependiendo del tipo de prestador, la Superintendencia (u organismo regulador pertinente) puede recibir denuncias y abrir investigación administrativa. Aporte la prueba que ya reunió y el historial de comunicaciones.

1. Considere la vía civil o administrativa si busca reparación económica o sanción. Para daños derivados de una vulneración por una institución pública puede ser necesaria una reclamación administrativa previa; contra privados, la vía civil es la que normalmente valora el daño y la responsabilidad. En algunos casos hay espacio para una acción de protección cuando se vulneran derechos constitucionales relacionados con la salud.

1. Si necesita acompañamiento, busque asesoría de un abogado con experiencia en derecho sanitario. Si carece de recursos, consulte la Defensoría Pública: pueden orientar o representar en reclamos y recursos administrativos.

En lo que usted puede hacer sin abogado: pedir la historia clínica, presentar la queja interna en el centro de salud y conservar toda la prueba. Cuando la otra parte tenga representación, le hayan ofrecido un pago o el caso implique un daño importante, es el momento de contratar defensa profesional.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta: con frecuencia el centro corrige errores administrativos, entrega la documentación solicitada o ofrece una disculpa y una rectificación. Esto ocurre cuando la queja está bien documentada y la entidad busca evitar un procedimiento prolongado.

1. Acuerdo o conciliación: puede llegar un acuerdo (reparación, compensación simbólica, cambios en la atención) que pacte ambas partes. Un acuerdo cerrado con claridad puede ser mejor que un largo proceso, porque ofrece resultados rápidos y sin incertidumbre procesal.

1. Juicio o procedimiento administrativo: si no hay acuerdo, la queja puede transformarse en un procedimiento sancionador ante la autoridad sanitaria o en una demanda civil por responsabilidad. En un proceso judicial se valorará la prueba y la pericia médica. Si pierde el caso, normalmente deberá asumir sus costos procesales según lo que determine el tribunal o la normativa aplicable; si gana, la ejecución de la sentencia puede enfrentar la realidad económica del demandado: una sentencia a su favor no garantiza el cobro si el responsable es insolvente.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia o resolución favorable obliga formalmente al demandado, pero el cobro efectivo depende de la situación patrimonial del responsable y de los mecanismos de ejecución disponibles. Por eso se valora la solvencia de la otra parte antes de litigios largos.

Errores que arruinan el caso

• No pedir la historia clínica ni conservar copia. Ese documento es central y su ausencia debilita la prueba.
• Borrar o no exportar comunicaciones (chats, audios) que prueban lo ocurrido.
• Firmar acuerdos o reconocer hechos por escrito sin asesoría; muchas veces esos documentos cierran la puerta a reclamar después.
• No identificar correctamente al responsable (profesional vs. clínica vs. autoridad pública) y presentar la reclamación ante la entidad equivocada.
• Esperar mucho para actuar cuando hay pruebas que se pierden con el tiempo: testimonios cambian y documentos pueden extraviarse.