Tengo dudas sobre la patria potestad y mis derechos

¿Tienes razón?

La patria potestad en Colombia contempla derechos y deberes de ambos progenitores para la representación y cuidado del menor; no se extingue por separación o por vivir en domicilios distintos. Lo que determina si su posición es sólida cuando hay conflicto son estas cuatro cosas:

• Qué aspecto concreto se discute: decisiones médicas, matrículas escolares, cambio de residencia, viajes al exterior. La patria potestad abarca varias facultades; no todas se tratan igual.
• Quién ha venido ejerciendo las decisiones en la práctica: el juez valora la práctica habitual (quién toma citas médicas, quién firma autorizaciones).
• Si existe riesgo para el menor por la decisión que se pretende tomar: si la medida amenaza la salud, la educación o la estabilidad, el juez puede limitar la potestad.
• Si hay mutuo acuerdo o, por el contrario, conflicto: muchas cuestiones se resuelven con acuerdos; las que se discuten por desconocimiento o desconfianza requieren pruebas y, a veces, peritajes.

No confunda patria potestad con custodia. La patria potestad sigue existiendo aunque la guarda física sea de uno solo de los progenitores; el ejercicio compartido o delegado depende del acuerdo o de lo que decida el juez. Si el otro progenitor impide la participación en decisiones esenciales pese a tener patria potestad, usted puede solicitar que se restablezcan sus facultades o que se fije un régimen de actuación conjunta.

Cómo se soluciona

1) Identifique la decisión concreta. Antes de iniciar cualquier trámite, precise: ¿es una autorización médica, el cambio de colegio, llevar al menor fuera del país, o una decisión de tratamiento psicológico? Cada tipo de decisión exige distinta prueba y argumentación.

2) Reúnase con el otro progenitor y proponga un acuerdo por escrito. Muchos conflictos sobre patria potestad se resuelven pactando cómo se tomarán las decisiones (vía comunicación previa, permiso conjunto, votación en asuntos no urgentes). Un acuerdo firmado y, si es posible, homologado en conciliación en derecho aporta seguridad.

3) Si no hay acuerdo, solicite medidas judiciales. Puede pedir al juez que fije un mecanismo de decisión (consenso, mayoría para ciertos asuntos, o atribución de decisiones concretas a uno de los progenitores), o que se programen comparecencias para dirimir asuntos urgentes. Acompañe su petición de pruebas sobre su capacidad y responsabilidad parental.

4) En casos de riesgo para el menor, pida que se limiten facultades. Si hay riesgo probado —por ejemplo, decisiones que pongan en peligro la salud o la seguridad del niño— el juez puede limitar o suspender ciertas facultades de la patria potestad. Aporte informes médicos, psicológicos o sociales que justifiquen la medida.

5) Use la conciliación previa cuando la ley lo exige o cuando sea aconsejable. Para asuntos civiles y de familia, la conciliación en derecho es paso previo obligatorio en muchos casos; permite fijar acuerdos que luego son ejecutables. Si hay violencia o riesgo, informe al conciliador.

Qué puede hacer usted sin abogado: intentar acuerdos por escrito, solicitar conciliación en derecho y presentar derechos de petición en instituciones educativas o de salud si necesita información sobre decisiones adoptadas por el otro progenitor. Para cambios complejos o cuando hay riesgo para el menor, se recomienda abogado para preparar la estrategia probatoria y solicitud judicial.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Lo más práctico: los padres pactan cómo tomar decisiones y se plasman por escrito. Un acuerdo claro puede reducir conflictos y evitar litigios largos; es la solución más frecuente y estable cuando existe confianza mínima entre los progenitores.

2) Acuerdo en conciliación o consentimiento judicial. En conciliación puede fijarse un protocolo de actuación y, si se homologa, adquiere fuerza ejecutiva. Un acuerdo así evita prueba pericial y tiempos de juicio, aunque exige disciplina para cumplirse.

3) Juicio. Si no hay acuerdo, el juez puede atribuir decisiones concretas a uno de los progenitores, ordenar peritajes y, en casos extremos de riesgo, limitar la patria potestad. Si pierde la pretensión, la resolución puede mantenerle con ciertas restricciones y, en ocasiones, el juez puede ordenar gastos por peritajes o costas. Si gana, podrá obtener la facultad solicitada o un mecanismo de decisión conjunto; la efectividad práctica dependerá del cumplimiento del otro progenitor y de la capacidad para ejecutar la decisión judicial.

Y si gano, ¿cobro? Las controversias sobre patria potestad no generan indemnizaciones automáticas: producen decisiones sobre quién decide o cómo se decide. Si demanda prestaciones económicas (manutención), esa es otra vía separada.

Errores que arruinan el caso

• Pedir medidas genéricas sin concretar la decisión que quiere controlar: el juez necesita precisión.
• No aportar pruebas de su ejercicio habitual de las decisiones (correos, autorizaciones, pagos escolares).
• Forzar cambios unilaterales en decisiones ya tomadas por el otro progenitor (por ejemplo, cambiar el colegio sin comunicación), lo que se interpreta como desobediencia o falta de cooperación.
• No usar la conciliación cuando es procedente: en muchos juzgados la falta de conciliación previa obliga a iniciar procesos innecesarios.
• Subestimar la necesidad de informes técnicos cuando el conflicto afecta la salud o la estabilidad emocional del menor.