Soy víctima de violencia por mi pareja de hecho, ¿qué puedo hacer?

¿Tienes razón?

Que la violencia provenga de una pareja de hecho no cambia la naturaleza del delito ni la protección que la ley ofrece. Lo que determina qué puede hacer son tres factores: la inmediatez del riesgo para su integridad física o psicológica; la prueba que pueda aportar (fotografías de lesiones, partes médicos, testimonios, mensajes amenazantes); y la respuesta institucional disponible (policía, Fiscalía, juzgado de familia, instituciones de atención a víctimas). Si hay riesgo inminente, las autoridades deben adoptar medidas de protección; si hay lesiones, es procedente la denuncia penal y la solicitud de órdenes de alejamiento o protección.

Importante: la tutela es una herramienta válida si considera vulnerados derechos fundamentales, por ejemplo si una entidad pública no le presta protección o si necesita una medida inmediata que no encuentra vía ordinaria. La tutela se tramita directamente ante un juez y puede resolver en plazos cortos cuando están en juego derechos esenciales.

Cómo se soluciona

1. Priorice su seguridad. Si está en riesgo, póngase en un lugar seguro y contacte a personas de confianza o una línea de atención para víctimas. En casos de peligro inminente, llame a la autoridad policial para pedir auxilio.

1. Documente la violencia. Tome fotografías de lesiones, conserve ropa dañada, registre fechas y descripciones de los hechos en un cuaderno o archivo digital. Si recibió atención médica, solicite el parte o el registro clínico; guárdelo: es prueba valiosa. Exportar y guardar mensajes de amenaza o testigos que presenciaron los hechos también es esencial.

1. Denuncie. Acuda a la URI de la Fiscalía o a la estación de policía y presente la denuncia por violencia intrafamiliar o por el delito que corresponda (lesiones, amenazas, violencia psicológica, etc.). Entregue la prueba recopilada. La denuncia activa investigación penal y puede desencadenar medidas cautelares.

1. Solicite medidas de protección. La Fiscalía, el juez o la autoridad competente pueden imponer medidas de protección: órdenes de alejamiento, prohibición de contacto, medidas para garantizar su alojamiento o atención. Si la autoridad no actúa, considere presentar una acción de tutela para exigir protección de derechos fundamentales.

1. Acceso a atención y apoyo institucional. Diríjase a entidades de atención a víctimas, la Defensoría del Pueblo, las Casas de Justicia o programas de la alcaldía o gobernación que ofrecen apoyo psicosocial, acompañamiento y rutas de protección. También puede solicitar asesoría jurídica gratuita si no puede costear abogado.

1. Acompañamiento psicosocial y medidas civiles. Además de la vía penal, puede pedir medidas civiles como la suspensión del régimen de convivencia, órdenes sobre la custodia de hijos, y reparaciones civiles por daños. La conciliación no procede en delitos graves cuando hay riesgo o en materia penal.

Qué puede hacer sola: documentar, denunciar y solicitar medidas de protección. Cuándo necesitar abogado: cuando necesite interponer acciones civiles, tutela, o acompañamiento para la fase penal si hay complejidad probatoria o si la otra parte contrata abogado. La asesoría legal también es importante para garantizar sus derechos laborales y de vivienda si la convivencia se rompe.

Qué puede pasar

1) Resolución extrajudicial o acuerdo de alejamiento: en algunos casos, la intervención policial y la mediación administrativa derivan en medidas que separan temporalmente a las partes y previenen nuevos episodios.

2) Medidas cautelares o protección ordenadas por autoridad: la Fiscalía o el juez pueden ordenar restricciones al agresor y medidas para proteger a la víctima. Estas medidas buscan prevenir la repetición y asegurar la integridad.

3) Juicio penal: si la Fiscalía encuentra mérito, el agresor puede ser procesado y en su caso sancionado penalmente. En paralelo, puede reclamar reparación civil. Si el proceso no prospera, la falta de condena no impide otras vías de protección civil y administrativa.

Y si gana, ¿quién garantiza la protección? Las medidas judiciales y administrativas obligan al agresor, pero su cumplimiento depende de la actuación de las autoridades y de la existencia de recursos para hacerlas efectivas; por eso es clave documentar y mantener comunicación con las instituciones de atención.

Errores que arruinan el caso

• No guardar partes médicos o fotografías de las lesiones.
• No denunciar y confiar sólo en mediaciones informales cuando hay riesgo real.
• Eliminar mensajes de amenaza o no exportarlos adecuadamente.
• Volver a convivir sin garantías ni medidas judiciales que protejan su integridad.
• No buscar apoyo psicosocial y legal que le permita sostener su denuncia y proteger a sus hijos si los hay.