Si te niegan la atención sanitaria o medicamentos necesarios

¿Tienes razón?

Tres cosas deciden si su reclamación es sólida. Primero: la existencia de una necesidad clínica acreditada —una receta, un informe médico externo, o notas de enfermería que indiquen la urgencia—. Si hay un diagnóstico y una indicación por escrito, su derecho a recibir el tratamiento es mucho más claro. Segundo: quién es el responsable de la prestación. En prisión, la atención puede prestarla la IPS contratada por el centro penitenciario o el régimen de salud (EPS) que lo ampare. Saber quién debe suministrarlo es clave. Tercero: su comportamiento procesal anterior: si ya solicitó la medicina por los canales internos (solicitud por escrito, informes clínicos, solicitudes a la IPS) y respondió negativamente o no respondieron, su posición se fortalece; si no pidió nada, tendrá que demostrar la necesidad y dar tiempo a la administración para cumplir.

No siempre que falte un medicamento procede una tutela; hay casos en que la administración argumenta disponibilidad o protocolos terapéuticos. Pero si la falta pone en riesgo un derecho fundamental —salud, vida, integridad— la tutela es la vía más rápida para obtener la prestación cuando los canales ordinarios fallan.

Cómo se soluciona

1) Reúna la prueba médica y administrativa. Copie o fotograbe recetas, registros de atención en el puesto de salud del centro, hojas de evolución, exámenes y cualquier comunicación con la IPS o con el recluso que haya pedido el medicamento. Si la formulación fue externa (médico particular antes del ingreso) intente conseguir el documento original o una denuncia médica.

2) Solicite por escrito dentro del establecimiento. Diríjase a la dirección del centro penitenciario o al coordinador de salud con un escrito (pídale sello de recibido) en el que explique la necesidad, adjunte la prescripción y solicite la entrega del medicamento o la remisión a la IPS correspondiente. Si le niegan el recibo, haga constar el intento ante el jefe de turno o ante la oficina de control interno.

3) Dirija un derecho de petición a la entidad responsable de salud (la IPS o la EPS), solicitando de manera clara la entrega del medicamento y la justificación en caso de negativa. Incluya copia de la prescripción y del recibo de la solicitud interna. El derecho de petición obliga a una respuesta formal.

4) Si no hay respuesta o la respuesta es insatisfactoria, acuda a la Defensoría del Pueblo o a la Personería o a la Casa de Justicia local para pedir acompañamiento y que medien ante la administración penitenciaria. Estas entidades pueden acelerar la gestión sin costo.

5) Cuando la salud esté en riesgo o los pasos anteriores no funcionen, valore interponer una acción de tutela para proteger el derecho a la salud y a la vida. La tutela puede pedirse sin abogado y suele resolverse en términos muy rápidos. Adjunte en la tutela copia de la prescripción, del derecho de petición y de cualquier intento de gestión.

6) Si la tutela se gana, la sentencia ordenará la entrega del medicamento o la realización de la conducta omitida; si la IPS o la administración incumple, se pueden pedir medidas de cumplimiento y sanciones a las autoridades competentes.

Qué puede hacer usted de inmediato: recopilar todo, solicitar por escrito dentro del centro y, si puede, pedir acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o de la Personería.

Cuándo necesita abogado: cuando la patología sea compleja, cuando la EPS o IPS presentan argumentos técnicos y hay que contradecirlos, o cuando la administración incumple una orden judicial. En muchos casos la primera tutela puede presentarla usted solo.

Qué puede pasar

1) Solución administrativa: lo más frecuente es que, tras la solicitud por escrito o la intervención de la Personería, la IPS entregue el medicamento o remita al servicio que corresponda. Esto suele ser la vía más rápida y menos conflictiva.

2) Acuerdo o gestión intermedia: puede quedar pactado un plan de atención (suministro programado, remisión a especialista). Un acuerdo escrito es valioso: documenta la obligación y evita tener que litigar. A veces el acuerdo incluye sustitución por un fármaco equivalente conforme a protocolo.

3) Acción judicial (tutela) o demanda: si persiste la negativa y el derecho está comprometido, la tutela puede ordenar la entrega inmediata. Si la tutela fracasa o la situación requiere daño patrimonial o indemnización, la vía es ordinaria ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo o civil, según corresponda.

Y si gana, ¿cobra? Una tutela que ordene la prestación no le “paga” dinero: obliga a la entrega del servicio. Si hay daño por demora, se puede reclamar una indemnización en otro proceso. Además, si la entidad es insolvente, una sentencia es una obligación contra la entidad pública o la IPS; ejecutar una sentencia frente a una entidad con problemas financieros puede ser más lento.

Errores que arruinan el caso

• No dejar pruebas de los intentos: no solicitar por escrito dentro del centro ni conservar sello de recibido debilita mucho el caso.
• Tirar o perder recetas y registros médicos: sin documento que acredite la necesidad clínica, la reclamación queda en mera palabra.
• Firmar renuncias o recibos sin entenderlos: aceptar que el medicamento “no está incluido” sin pedir por escrito la alternativa es perder un argumento.
• Confiar en promesas verbales del personal de salud: las promesas sin documento no obligan.