Si te han expulsado o amenazado con deportación y temes una devolución en caliente

¿Tienes razón?

La valoración depende de tres ejes. Primero: SU SITUACIÓN MIGRATORIA y las razones aducidas para la expulsión. ¿Se trata de una irregularidad administrativa, un riesgo de orden público o una orden judicial? Segundo: LOS RIESGOS AL RETORNO. Si puede demostrar que al volver corre riesgo real de persecución, tortura, amenazas o vulneración de derechos fundamentales, su reclamación gana fuerza. Tercero: LOS PROCEDIMIENTOS SEGIDOS por las autoridades. Toda expulsión debe respetar garantías y permitir que usted exponga razones humanitarias o de protección internacional. Si las garantías no se respetan o existe amenaza de devolución sumaria, hay base para impugnar.

No toda amenaza de expulsión es ilegal: el Estado tiene potestad para decidir sobre permanencia. Lo que no puede hacer es expulsarlo de modo que lo exponga a riesgo grave o devolverlo inmediatamente a un lugar donde su vida o integridad estén en peligro. También debe respetarse el debido proceso mínimo en decisiones que afectan su libertad o residencia.

Cómo se soluciona

1) Pida que conste por escrito la orden o el acto: solicite copia de cualquier documento que la autoridad diga aplicar. Si la autoridad se niega, haga una grabación o pida testigos que documenten la situación y presente derecho de petición una vez pueda.

2) Reúna prueba del riesgo: documentos que acrediten persecución, amenazas, violencia en su país de origen, partes médicos, denuncias previas, comunicaciones de amenazas, reportes de organismos internacionales, y testimonios. Si es posible, recabe la historia de persecución que explique por qué regresar sería peligroso.

3) Solicite protección y avalúe pedir reconocimiento de condición de refugiado o protección complementaria si su situación lo justifica. Esto se hace ante la entidad migratoria o autoridades competentes; si no sabe cómo, busque asesoría de organizaciones humanitarias o defensoría.

4) Presente TUTELA si existe riesgo inminente de devolución hacia un lugar donde su vida o integridad puedan verse en peligro. La tutela puede paralizar la ejecución del acto migratorio cuando hay amenaza de daño grave e irreparable. Acompañe la tutela con toda prueba disponible.

5) Vía administrativa o judicial: impugne la decisión administrativa de expulsión ante la autoridad competente o presente recurso contencioso si ya existe acto administrativo formal. Un abogado en derecho migratorio puede ayudar a estructurar recursos y a solicitar medidas cautelares.

Acción inmediata: documente todo, solicite copia de lo que le informen y busque acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, organizaciones humanitarias o conferencias episcopales que apoyan migrantes; si teme por su integridad inmediata, solicite tutela.

Qué puede pasar

1) Se resuelve administrativamente a su favor: la autoridad puede suspender la expulsión si usted demuestra riesgo o si hay razones humanitarias que pesen a su favor; en ese caso puede regularizar su situación o recibir medidas de protección.

2) Acuerdo o medidas de protección: puede obtener atención temporal, traslado a un centro de protección o condición de protección humanitaria que evite la expulsión y le permita tramitar reconocimiento de refugiado.

3) Ejecución de la expulsión y recurso judicial: si la expulsión se ejecuta y usted queda en el país de origen o trasladado ilegalmente, las opciones para revertir la situación se reducen; si pierde en sede administrativa, la vía contenciosa es la opción para anular el acto y requerir reparación. Si la autoridad actúa de forma sumaria y sin garantías, podría existir responsabilidad internacional del Estado.

Y si gana, ¿cobro? La prioridad suele ser evitar la expulsión y obtener medidas de protección; la reparación económica depende de la posible responsabilidad administrativa o judicial y de la existencia de daños comprobables.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia de la orden o no dejar constancia escrita de lo informado por la autoridad.
• No documentar el riesgo de regreso o no buscar apoyo de organizaciones especializadas.
• Consentir la salida sin expresar por escrito oposición o sin pedir atención consular o jurídica.
• Borrar mensajes o pruebas que muestran persecución o amenazas.
• No considerar la tutela cuando hay riesgo inminente de devolución a un lugar peligroso.