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Mi expareja quiere salir del país con nuestro hijo

Su expareja no puede llevarse al hijo del país sin su permiso si usted tiene la patria potestad o custodia compartida. Lo que importa es quién tiene la autoridad parental reconocida y si existe autorización judicial o administrativa para la salida. Primer paso: averigüe si hay pasaporte y permiso firmado; pida por escrito que no se permita la salida y recopile pruebas de la intención de viajar.

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¿Tienes razón?

Que su expareja quiera sacar al hijo fuera del país es una situación grave y la respuesta depende de tres factores: quién ostenta la patria potestad o custodia, si existe autorización expresa del otro progenitor y si el menor tiene pasaporte válido o autorización para salir. La patria potestad y las medidas de custodia determinan la capacidad de tomar decisiones sobre viajes internacionales. Si ambos progenitores la comparten, en esencia ninguno puede llevarse al menor fuera del país sin la autorización del otro; si la patria potestad o la custodia está atribuída a usted exclusivamente por decisión judicial, su consentimiento es necesario.

También cuenta si hay medidas cautelares, obligaciones alimentarias incumplidas o riesgo del menor. La autoridad migratoria y la policía pueden impedir la salida del país si existe una alerta o una orden judicial que lo impida. Si la intención de salida se anuncia pero no hay decisiones firmes, la posibilidad de actuación cambia según lo que demuestren las pruebas (compra de tiquetes, pasaporte, conversaciones). Por eso es clave documentar la intención de viajar.

Cómo se soluciona

  1. Reúna prueba inmediata: mensajes, correos, capturas de pantalla, fotos de tiquetes o reservas, copias del pasaporte del menor, comprobantes de compra y cualquier evidencia de que se planea la salida. EXPORTE los chats y haga copias impresas.
  1. Pida por escrito a la expareja que confirme si hay intención de salida y que entregue información sobre pasaporte y tiquetes. Envíe un derecho de petición o una comunicación con constancia de recibido solicitando que no se saque al menor sin su autorización.
  1. Si la situación lo justifica, solicite medidas judiciales: interlocutorios o medidas cautelares ante un juez de familia para restringir la salida del menor o para regular la custodia y viajes. La solicitud debe apoyarse en la prueba de intención de salida y en el interés superior del niño.
  1. Informe a las autoridades competentes: presente la documentación en la Policía de Infancia y Adolescencia, en Migración Colombia y en la Fiscalía si hay indicios de sustracción o riesgo. Estas entidades pueden activar alertas y coordinar con autoridades migratorias para evitar la salida.
  1. Valore la acción de tutela sólo si hay vulneración inmediata de derechos fundamentales y no hay otro mecanismo eficaz: la tutela protege derechos como la vida, la integridad y la protección del menor, y se tramita ante un juez de tutela.

Mientras tanto, mantenga la calma y no recurra a la autoiniciativa para impedir la salida a la fuerza (como retener documentos) porque eso puede complicar su situación legal.

Qué puede pasar

1) Se arregla con comunicación y acuerdo: lo más habitual es que las partes negocien y acuerden condiciones para el viaje (autorización escrita, fechas, condiciones de regreso). Un acuerdo por escrito y firmado por ambos evita conflictos futuros y suele preferirse.

2) Acuerdo judicial o conciliación: si no hay confianza, un juez o un acto de conciliación pueden fijar condiciones para viajes internacionales (autorización previa, requisitos de información, custodias temporales) y dejar constancia de las reglas.

3) Medida judicial y procedimiento penal o civil: si la expareja intenta sacar al menor sin autorización y hay indicios de sustracción, puede haber una intervención penal o civil que derive en órdenes de retención para el menor, medidas cautelares o incluso investigación por sustracción internacional. Si el juez ordena la retención, la salida se impide y la persona puede enfrentar sanciones.

Y si gana, ¿cobro? Aquí no aplica cobro económico en la mayoría de los casos: la resolución busca proteger la custodia y la relación parental. La ejecución depende de las autoridades y de la cooperación de entidades como Migración Colombia.

Errores que arruinan el caso

  • No exportar y conservar las pruebas de la intención de viaje.
  • Esperar a que efectivo el viaje antes de actuar; documente la intención desde el primer indicio.
  • Reaccionar con violencia o medidas ilegales (retener a la persona o sus documentos).
  • No agotar la vía de conciliación cuando es procedente y saltar a medidas extremas sin preparación.
  • No informar a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía, Migración) cuando hay riesgo de sustracción.

¿Necesitas un abogado para esto?

Si hay indicios de sustracción o la otra parte ya compró tiquetes, necesita asesoría inmediata de un abogado especializado en familia para solicitar medidas judiciales y coordinar con autoridades. Si sólo quiere acordar un permiso de viaje, puede intentar una conciliación o redactar la autorización usted mismo y presentarla firmada ante notaría o juez conciliador.

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Preguntas frecuentes sobre este caso

Un permiso verbal puede funcionar para viajes internos, pero para viajes internacionales las autoridades suelen exigir autorización escrita y, en algunos casos, apostillada o autenticada. Conviene dejarlo por escrito y con identificación de fechas y condiciones.

Migración puede impedir la salida del país si existe una alerta o una orden judicial. Por eso es importante presentar la solicitud y documentación a las autoridades competentes antes del viaje.

Si ya salió, presente la denuncia ante Fiscalía y solicite la cooperación internacional. Contacte a un abogado para evaluar acciones civiles y penales y coordinar con autoridades consulares si el caso implica otro país.

Si un juez le atribuyó patria potestad y lo decretó, esa persona tiene facultades; si no, la salida requiere consentimiento de quien tenga pater patria potestas compartida. Consulte las decisiones judiciales vigentes.

Sí, una autorización pública suele ser aceptada por aerolíneas y autoridades, y da mayor seguridad que un documento privado. En casos de conflicto, el juez valorará su autenticidad y contenido.

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