Posible delito concursal: ¿qué riesgos penales existen para los gestores?

¿Tienes razón?

No toda mala gestión es delito. Lo que convierte una conducta administrativa en penal es la existencia de dolo: voluntad de ocultar, defraudar o engañar a acreedores y a la autoridad. Conductas que suelen activar riesgos penales incluyen la ocultación de activos, la falsificación de documentos contables, la simulación de operaciones, la disposición fraudulenta de bienes para perjudicar a los acreedores y la alteración de libros. Tres elementos determinan la exposición penal: la conducta concreta, la intención de perjudicar y la prueba que muestre la maniobra.

Si las acciones que se le atribuyen se justifican como decisiones empresariales riesgosas pero documentadas, la vía penal será más difícil de sostener. En cambio, si existen transferencias a terceros sin causa, arreglos para favorecer a ciertos acreedores, ventas a precio simbólico o borrado de información contable, la Fiscalía o la autoridad competente puede abrir investigación. El inicio de una investigación penal modifica sustancialmente la estrategia: no es un trámite civil y exige defensa especializada.

Cómo se soluciona

1. Conserve toda la documentación (usted): no destruya ni altere libros, correos, contratos ni soportes financieros. La preservación de la prueba es esencial tanto para defensa penal como para civil.

1. No haga declaraciones sin asesoría (usted): ante requerimientos policiales, fiscales o judiciales, evite dar explicaciones informales; solicite la presencia de un abogado para acompañar cualquier declaración.

1. Busque asesoría penal y contable (con abogado): el abogado penalista y el perito contable determinarán si existen indicios reales de delito y prepararán la estrategia de defensa y la reconstrucción contable.

1. Prepare una narrativa documentada (con asesoría): reúna actas, informes de gestión, contratos y correos que muestren la motivación de las decisiones. Si hubo asesoría externa, incluya esos dictámenes.

1. Negocie o aporte pruebas en investigación (con abogado): en la fase de investigación, puede presentar pruebas y argumentos que desmonten la hipótesis de dolo. Un defensor penal gestiona esas aportaciones.

1. Tramitar recursos y acciones defensivas (con abogado): si hay medidas cautelares sobre bienes, un abogado penalista y un civilista trabajarán en recursos y garantías procedentes.

Qué puede pasar

Primera posibilidad: no hay apertura de investigación penal. Tras examen preliminar, la autoridad decide que las conductas no revisten carácter penal y el asunto queda en el ámbito civil o administrativo.

Segunda posibilidad: investigación y negociación. En algunos casos la investigación se abre y, con pruebas que expliquen la conducta, se logra que no prospere una acusación formal o se llegue a acuerdos con efectos limitados.

Tercera posibilidad: acusación penal. Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes puede formular acusación. Una condena penal tiene consecuencias graves: sanciones y afectación de la reputación, además de posibles consecuencias económicas. En procesos penales la carga probatoria es alta y la defensa debe ser técnica.

Y la pregunta crítica: si es absuelto, ¿recupera todo? La absolución penal resta la carga criminal, pero no elimina posibles reclamaciones civiles o administrativas paralelas; cada vía tiene su propia lógica.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o manipular libros y soportes: es la conducta que más fácilmente inspira una investigación penal.
• Firmar documentos falsos o autorizar balances claramente ficticios.
• Hacer transferencias a terceros sin justificación económica o a parientes sin contrato.
• Declaraciones improvisadas ante autoridades sin abogado: pueden usarse en su contra.
• No contratar perito contable cuando las operaciones son complejas: la ausencia de explicación técnica facilita la tesis de dolo.